El conflicto se inició a fines de septiembre cuando la empresa MONSA del grupo DOTA decidió echar a dos empleados. En respuesta, sus compañeros lanzaron una medida de fuerza que paralizó el servicio por tres días y realizaron movilizaciones a la sede del entonces Ministerio de Trabajo, en Callao y Rivadavia.
Dicha medida de fuerza, finalmente, quedó suspendida luego de la conciliación obligatoria que venció el pasado 5 de octubre. Tras este vencimiento y como la Secretaría de trabajo no convocó a las partes, la patronal persistió en su ofensiva contra los trabajadores e hizo efectivo los despidos por lo que sus compañeros comenzaron un paro total de actividades en los 17 ramales de la Línea.
Pero como manifiestan los trabajadores, el conflicto no se reduce a esos dos compañeros. Desde hace años la empresa viene intentando mellar la organización que los choferes de esta Línea han desarrollado en su cuerpo de delegados y que comienza de a poco a multiplicarse a través de la organización de las asambleas interlíneas.
Y es justamente esta férrea organización la que resiste el intento de la patronal de llevar adelante medidas que vayan en detrimento de los derechos y condiciones de trabajo de los choferes. Como sostuvo Néstor Marcolin, delegado de la línea, la empresa “despidió a los compañeros sin causa y lo único que hace es imponer medidas de flexibilización laboral. El servicio que se está dando es desastroso”. Los delegados de la línea denuncian “despidos arbitrarios, incumplimiento de la frecuencia establecida por la CNRT, mal estado de las unidades y malas condiciones de seguridad e higiene”.
En los últimos días y en el marco de la persecución a los trabajadores, una jueza penal porteña ordenó profundizar una investigación contra un grupo de choferes de la Línea acusados de “defraudación” por haber resuelto no cobrar boleto a los pasajeros durante la protesta contra los despidos hace más de un año. La patronal los denunció por “haber violado los intereses confiados por la empresa MONSA ocasionando un perjuicio económico a la misma y, al mismo tiempo, generar un lucro indebido a terceros”. Si bien después de una investigación que se extendió durante un año, la jueza María Fontbona de Pombo había dispuesto la “falta de mérito de los imputados”, ordenó ahora una medida de prueba que parece decisiva a la hora de avanzar en el expediente: “corresponde profundizar la investigación a fin de colectar elementos de convicción idóneos y suficientes” para “determinar si hubo perjuicio económico”.
Ante todos estos ataques, continuamos y continuaremos apoyando la organización y lucha de los choferes de la Línea 60 y su cuerpo de delegados.
