En un escenario de ajuste y despidos, las conducciones sindicales se alinean con el plan del macrismo de fijar un techo paritario del 15%, mientras disputan el reparto del poder hacia el interior de las centrales. A la par, el gobierno y el empresariado intentan modificar los convenios colectivos e introducir reformas estructurales en nuestras condiciones laborales. Frente a las luchas en curso y por venir, resulta necesario construir la más amplia unidad de acción para enfrentar el plan de ajuste de Cambiemos.
Primera tanda de paritarias: la burocracia hace los deberes
A tono con el techo salarial del 15% que el gobierno nacional trazó para este año, y a pesar de las previsiones que estiman en un 20% o más el alza del costo de vida, el grueso de las negociaciones salariales se ha venido cerrando en torno a la pauta oficial.
En el caso de sindicatos numerosos y de peso como Comercio, la UOCRA, Obras Sanitarias, Luz y Fuerza, la UTA, Petroleros y Panaderos, los acuerdos se cerraron al 15% y en cuotas, en un claro gesto político hacia al oficialismo. Más lamentable aún es el acuerdo del gremio de los encargados de edificios (SUTERH-Fateryh) liderado por el kirchnerista y empresario de medios Víctor Santa María, que cerró por un 12% en dos cuotas. Hasta ahora, los gremios que se elevaron de la pauta fueron aquellos que negociaron hacia fines de 2017 o principio del año, como es el caso de Aeronavegantes que en diciembre cerró en un 17% (que junto a otros conceptos supera el 20%) y la UTEDyC, un 19% en enero.
Mientras tanto, continúan las medidas de fuerza del gremio bancario en rechazo a la oferta del 15% con aumentos escalonados no acumulativos. Algo similar ocurre con las y los docentes frente a la miseria salarial ofrecida. Ejemplo de esto es el escenario en CABA, donde Ademys mantiene abierto el escenario de lucha, mientras UTE-CTERA plantea el rechazo al 15% pero boicotea las medidas de lucha. En provincia, ATE, AJB, CICOP y el Frente de Unidad Docente, con un pliego reivindicativo común centrado en el reclamo de paritarias sin techo, pronuncian una unidad en la coordinación de medidas como el paro y movilización del 5 de abril.
De esta manera, distintas fracciones de la burocracia oscilan entre su ya clásico “acompañamiento al que gobierna” y el temor a los “carpetazos” por los innumerables hechos de corrupción en su haber. Como sea, el gobierno mantiene en línea a un número enorme de sindicatos para imponer su pauta oficial. En la mayoría de los acuerdos firmados a la fecha, tal como fue promovido por el gobierno, aparece una cláusula de revisión que, a diferencia de la “cláusula gatillo”, quedará sujeta a la reapertura de las negociaciones con la patronal, generándose así condiciones favorables para una nueva caída del poder adquisitivo en 2018.
La reforma laboral, en cuotas, por sectores y con pulso mundialista
A partir de las masivas jornadas de lucha del 13,14 y 18 de diciembre, donde la clase trabajadora libró una serie de batallas callejeras en rechazo a la Reforma Previsional y Fiscal, el gobierno nacional debió posponer el tratamiento de la Ley de Reforma Laboral, que pretendía aprobar antes de fin de año. Esta ley, que representa un claro ataque a nuestras condiciones laborales y de vida, es un paso fundamental que el macrismo necesita dar para profundizar su plan económico de transferencia de ingresos de las y los trabajadores hacia el capital y una exigencia del FMI y las corporaciones económicas que operan en el país.
Frustrado un nuevo intento de tratamiento en sesiones extraordinarias en febrero, el gobierno decidió cambiar la estrategia avanzando en la aprobación “en cuotas” de algunos de los artículos de la ley, tal como lo manifestaron el jefe de Gabinete Marcos Peña y el jefe del bloque oficialista en Diputados, Nicolás Massot. El plan trazado por el gobierno constaría de dos momentos. Una primera tanda con los puntos sobre los cuales ya contaría con el apoyo mayoritario de la CGT: el “blanqueo laboral” (una condonación de aportes adeudados y de las responsabilidades penales para los empresarios negreros); un régimen de “prácticas formativas” (pasantías) que no son otra cosa que trabajo precarizado para la juventud y mano de obra barata para las empresas; la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, que eximirá de proveer algunas prestaciones médicas a las obras sociales sindicales; y la extensión de las licencias por paternidad. Luego se daría paso a un segundo momento, donde se intentaría la aprobación de algunas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, como el cálculo de las indemnizaciones (quitando las horas extras, bonificaciones y otras sumas que no componen el salario habitual) y la creación del fondo de cese laboral, que ya se aplica en el gremio de la construcción.
Pero más allá de los debates parlamentarios, la reforma laboral ya viene avanzando y aplicándose desde el año pasado, negociándose sector por sector, a partir de la introducción de modificaciones en los convenios colectivos en algunos gremios de la industria y los servicios, como es el caso de los lecheros, en petroleros, en mecánicos y en ferroviarios. Estas modificaciones, que las patronales y el gobierno presentan de forma auspiciosa en pos de “aumentar la productividad” y bajar los “costos laborales”, lejos están de suponer una mejora en las condiciones laborales de las y los trabajadores y lo único que han conseguido es precarizar y flexibilizar aún más las condiciones de trabajo y aumentar las ganancias empresarias.
Realineamientos en la CGT y las CTA
Luego de la movilización del 21 febrero impulsada por los Moyano, a la que pegaron el faltazo la mayoría de los gremios cegetistas, comenzó un nuevo capítulo de la rosca interna por la renovación de la conducción de la CGT, ante un ya caduco triunvirato. Lejos de tener en el centro de la agenda la lucha contra las políticas de ajuste del macrismo y los miles de despidos que se vienen dando a lo largo y a lo ancho del país, los distintos sectores se encuentran tejiendo alianzas y acuerdos de cara a la repartición de cargos de un futuro Consejo Directivo. Los “gordos” e “independientes”, el sector más numeroso y conciliador con el gobierno, propondrían como Secretario General al hoy triunviro Héctor Daer (sanidad). El MASA (que agrupa a ferroviarios, taxistas, navales y telefónicos, entre otros), que venía situándose por fuera de la disputa interna, abrió una mesa de diálogo con la estratégica CATT (confederación de los gremios del transporte), espacio que de llegar a un entendimiento se convertiría en otro actor de peso. Resta definir el papel que jugará finalmente el moyanismo, que ya anticipó que no participará en ningún armado ni del Consejo Directivo de la nueva CGT. El mismo suspenso le cabe a las 62 organizaciones y al barrionuevismo.
Por su parte, las CTA de los Trabajadores y Autónoma, respectivamente, se aprestan a la renovación de autoridades (ambas con simple inscripción, sin personería gremial) y en lugar de dos elecciones habrá tres. Por un lado, la CTA de Yasky –cohesionada en su kirchnerismo-realizará sus comicios en septiembre; en cambio, la CTA-A se encuentra quebrada por la disputa entre los sectores de Micheli y Cachorro Godoy, quienes ya realizaron sus propios congresos y convocaron a dos elecciones distintas: el raquítico michelismo, apoyándose en el kirchnerismo dentro de ATE (la Verde y Blanca), las realizará en junio; en tanto la fracción que encabeza ATE Nacional las concretará en agosto. Un cuadro de división inmejorable para que meta mano a su gusto el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Las luchas en curso y las tareas de los sectores antiburocráticos y combativos
La masividad en las calles expresada el 21F, en las jornadas de lucha docente del 5 y 6 de marzo y en el Paro Internacional de Mujeres del 8M, muestran la disposición de nuestra clase a salir a enfrentar las políticas de ajuste, despidos y represión del gobierno de los CEO´S. Prueba de esto son las distintas luchas que se vienen desplegando en los primeros meses del año. En el Estado, frente a las políticas de ajuste, precarización, despidos y vaciamiento, en la TV Pública, el Hospital Posadas, INTI, en los Ministerios de Defensa, Hacienda y en las puebladas en Azul por el cierre de Fanazul y en Río Turbio. En docentes continúa la lucha del recientemente recuperado SUTE Mendoza, en contra del aumento salarial por decreto y por más presupuesto para educación. En el sector privado, frente a los 44 despidos en Cargill que son la antesala de las discusiones paritarias que comenzará entre las patronales exportadoras y la combativa Federación Aceitera (ver nota aparte). En el Norte, siguen resistiendo las y los obreros de los ingenios azucareros de San Isidro, El Tabacal, Las Toscas, La Esperanza y Ledesma, donde se cuentan más de mil despidos.
Frente a este escenario, donde las luchas se vienen dando de manera parcial y fragmentada, y ante la inacción y entrega de las burocracias sindicales, desde los sectores combativos y la izquierda debemos apostar a la construcción de espacios de coordinación que permitan unir las luchas y resistir en mejores condiciones los embates de la empresas y el gobierno, mientras se vuelve cada vez más necesario construir la más amplia unidad de acción y de masividad en las calles para librar los nuevos combates que se avecinan. Tal como lo demostraron las jornadas de diciembre, la profundidad y el alcance que tenga el plan de reformas en curso dependerán en gran medida de la capacidad de acumular fuerzas a nuestro favor para oponerle una resistencia contundente y derrotar las políticas antiobreras de Cambiemos.
¡No al techo salarial del 15%!
¡Por un paro general y plan de lucha para derrotar las políticas de ajuste del macrismo!
