Como todos los años, los/as familiares de las víctimas de la masacre realizaron un acto en la estación a las 8:32, hora del accidente que le costó la vida a 51 trabajadores/as, una de ellas embarazada, motivo por el que los/as familiares piden subir el número a 52 víctimas para esta tragedia que evidenció las políticas de vaciamiento del sistema público de transporte por parte de todos los gobiernos y en particular del kirchnerismo, que gobernaba entonces.
Lejos de constituir un accidente inevitable o una catástrofe natural, la masacre de Once puso sobre la mesa cómo para empresarios y gobiernos las vidas de las y los laburantes que todos los días trabajan y viajan en tren no tienen ningún valor cuando de negociados y presupuestos se trata.
En el sentido acto, las familias volvieron a exigir la ratificación de las 21 condenas a los ex-funcionarios y empresarios y demandaron «que aguarden su condena en la cárcel como corresponde», dado que las penas no están firmes aún, y aguardan la resolución de la Cámara de Casación. Las/os familiares insistieron en responsabilizar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido que no fue condenado por esta causa, pero fue acusado de “administración fraudulenta y estrago culposo agravado”. Además, denunciaron que «incumplió a conciencia sus responsabilidades con el control que debía hacer del servicio ferroviario».
El 29 de diciembre de 2015 se dictó la condena a 21 de los 28 acusados/as. Sergio Cirigliano el ex responsable de Trenes de Buenos Aires (TBA), a cargo de la concesión del Sarmiento en ese momento, fue condenado a 9 años de prisión. El funcionario Juan Pablo Schiavi (Secretario de Transporte entre 2009 y 2012) a 8 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Ricardo Raúl Jaime (secretario de Transporte entre 2003 y 2009) acusado de malversación y desvío de fondos públicos en decenas de causas paralelas, a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua. Luego es larga la lista de empresarios que ocupaban cargos directivos: Marcelo Alberto Calderón (8 años), Carlo Michele Ferrari (a 6 años), Sergio Daniel Tempone (7 años), Jorge Álvarez (a 8 años), Guillermo Antonio D’Abenigno (a 5 años), Jorge Alberto de los Reyes (a 6 años), Alejandro Rubén Lopardo (a 4 años), Carlos Esteban Pont Vergés (a 6 años), Víctor Eduardo Astrella (a 5 años), Oscar Alberto Gariboglio (a 4 años), Francisco Adalberto Parfumi (a 5 años), Pedro Roque Rainieri (a 4 años), Roque Ángel Cirigliano (a 5 años), José Doce Portas (a 4 años), Laura Aída Ballestero (a 5 años), Antonio Marcelo Ricardo Suárez (a 5 años), Daniel Guido Lodola (a 3 años). Y por último, el maquinista Marcos Antonio Córdoba, quien fue condenado 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación por 7 años de cualquier trabajo ferroviario.
Pero en este caso, no podemos desconocer las condiciones laborales de explotación, insalubridad y abandono que funcionarios/as públicos/as y empresarios someten a nuestra clase. Muestra de ello es la estadística que indica que cada 20 hs. se produce una muerte por accidente laboral, cifra solo teniendo en cuenta los/as trabajadores/as registrados en blanco. En áreas como el transporte (línea 60, subte, ferrocarriles), Edesur, la industria minera, neumático, metalúrgicas, construcción, son una constante. Un informe del Ministerio de Trabajo de 2016 notifica más de 600 mil «accidentes» laborales, en los que hubo 560 mil obreros/as que tuvieron días de baja por haber sido víctima de estos.
Retomamos las palabras de Nora Cortiñas durante el acto “Seguimos exigiendo toda la verdad, toda la justicia por este drama terrible, por esta masacre que quisieron disfrazar (y que ocurrió) por dejadez e indiferencia de los gobiernos”.
¡Justicia por las 52 víctimas de la Tragedia de Once!
Ex-funcionarios y empresarios condenados ¡A la cárcel!
