por María del Carmen Verdú
Vivimos un escenario general de profundización inaudita de todas las formas que adoptan las políticas represivas estatales, con un muerto diario por el gatillo fácil y la tortura; con el recrudecimiento hasta el paroxismo de las detenciones arbitrarias en los barrios populares; con el ataque sistemático a todas las acciones defensivas del movimiento obrero, tanto con la coerción directa contra marchas y movilizaciones como con la promoción de causas penales contra trabajadoras y trabajadores organizados. En ese marco, que suma presos y presas políticos, de Milagro Sala a Agustín Santillán, pasando por Santiago Seillant del SEOM Jujuy, la situación de las comunidades mapuches en resistencia ocupa un lugar destacado, y la desaparición de Santiago Maldonado es, sin lugar a dudas, el episodio de mayor gravedad, tanto por lo que implica a su respecto, como por el significado general que tiene una nueva desaparición forzada de persona en democracia.
A menos de una semana de que se cumpliera un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sorprendió a la audiencia del canal TodoNoticias cuando dijo: “se quieren plantear bandos, el bando de los que quieren encontrar a Maldonado, y el bando de los que no queremos encontrar a Maldonado”. Algunos lo llamaron “furcio”, otros hablaron de acto fallido que expresa inconscientemente un discurso querido y unos más hicieron chistes vinculando el derrape al consumo de alcohol.
Lo dicho muestra que Bullrich es una fiel exponente, a su estilo, del pensamiento oficial del gobierno de Cambiemos que, desde el inicio mismo de su gestión, por boca de varios funcionarios y del propio presidente Macri, viene avanzando en la reivindicación lisa y llana del terrorismo de estado y el genocidio. Esa línea, expresada incluso antes de su asunción en la nota editorial del diario La Nación al día siguiente del ballotage, y profundizada con episodios como la negación de los y las 30.000, la presencia destacada de genocidas en desfiles en días patrios, la defensa del fallo de la Corte sobre el 2×1 y el nombramiento de funcionarios como Pablo Noceti, defensor de represores de la dictadura, no sólo responde a la ideología reaccionaria del macrismo. Sirve –y el caso Maldonado lo demuestra- para imponer legitimación a la represión actual.
Así quedó claro apenas dos días después, en la mesa de Mirtha Legrand, cuando Bullrich lanzó: “Mientras en la Argentina se tenga un relato de ángeles y demonios nunca vamos a asumir la verdad. Ni los demonios eran tan demonios ni los ángeles eran tan ángeles”. La posición, a la derecha de la teoría de los dos demonios, encaja como un guante con lo que viene haciendo y diciendo el gobierno nacional desde que la desaparición de Santiago les estalló en la cara, apostando a la estigmatización de la comunidad mapuche -y de quienes apoyamos sus reclamos históricos de reconocimiento como pueblo-nación preexistente- como terroristas con vínculos con las FARC y la guerrilla kurda, más peligrosos que ISIS.
En esa campaña de culpabilización de la víctima, el aparato de los medios hegemónicos probó ser el gran aliado gubernamental, con personajes como Lanata y Longobardi a la cabeza, y toda la estructura de Clarín, Radio Mitre, TN/13, La Nación y otros a su servicio. Tanto repiquetean, ahora con la “ola de atentados” de indudable aroma a servicio, que hasta pasa a segundo plano la que debería ser la principal interpelación: supongamos que todo lo que vienen diciendo fuera cierto, ¿acaso sería menos grave, entonces, la desaparición forzada?
Pero a pesar del embate brutal de la propaganda oficialista, la gravedad de la desaparición de Santiago no pasó inadvertida y mostró que hay una acumulación de experiencia en la conciencia colectiva. La movilización de miles y miles, que se viene expresando en las calles, en los volantes y afiches, en la campaña en las redes sociales, y con una importante repercusión a nivel nacional e internacional, obligó a la más formal de las patas del aparato estatal, la judicial, a admitir que no se trata de un pibe extraviado ni perdido, sino de una desaparición forzosa. Esto incluso en el marco de un resultado electoral favorable al gobierno. Se impone recordar que llevó tres años que la causa por Luciano Arruga dejara de ser una “averiguación de ilícito” y pasara a ser calificada como desaparición forzada, y que, en el caso de Jorge Julio López, hicieron falta 19 meses para que se abandonara la inicial carátula de “búsqueda de paradero”. En el caso de Santiago, logramos el reconocimiento de la situación objetiva en menos de un mes gracias a la lucha popular.
La Pu Lof Cushamen es un pequeño territorio entre la ruta 40 y el río Chubut, a mitad de camino entre El Maitén y Esquel. Apenas unos pocos kilómetros cuadrados rodeados por la inmensidad de las casi 850 mil hectáreas de las tierras de propiedad formal de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., del grupo Benetton, que abarcan parte de las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de las 80.000 hectáreas de su emprendimiento minero en San Juan, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El territorio fue recuperado a principios de 2015 por la comunidad mapuche, que sufrió desde entonces sucesivos ataques represivos dirigidos por autoridades provinciales y federales, que incluyeron el intento de aplicarles las leyes antiterroristas y la persecución sistemática a su referente más conocido, el lonko Facundo Jones Huala, hoy nuevamente detenido en la Unidad Penal 14, a la espera de que se resuelva el pedido de extradición de Chile, que ya había sido rechazado por improcedente hace un año por la justicia argentina.
El 10 de enero de este año, hubo dos embates represivos sobre la Lof Cushamen, con intervención de la policía provincial primero, y la gendarmería después, con el saldo de dos graves heridos de bala de plomo, Emilio Jones y Fausto Huala, y diez presos. Uno de ellos era el joven Ariel Garzi, un joven no mapuche que colabora con la comunidad, y del que por 24 horas no se supo dónde estaba detenido. Es el mismo compañero que la ministra Bullrich expuso públicamente en la audiencia en el senado, a pesar que había declarado en la causa por la desaparición bajo reserva de identidad para alejar la posibilidad de represalias. Ariel se presentó ante el juez Otranto con una información vital que desbarata la tesis sugerida por el gobierno de que Santiago no estaba en la Lof el 1º de agosto, ya que había sido apuñalado por un puestero de una estancia Benetton el 21 de julio. El compañero contó que habló varias veces con Santiago en esos días, específicamente el 27 de julio, cuando le dijo que iba a ir a visitar la Lof para el día de la Pacha Mama, y que apenas supo de su desaparición, el 2 de agosto, llamó a su celular. Alguien atendió y mantuvo la línea ocupada por 22 segundos, sin que se oyera otro sonido que el de botas o borcegos resonando en el piso. A partir de ahí, siempre dio señal de teléfono apagado.
Estos datos, sumados a las declaraciones de quienes vieron a Santiago resistiendo su detención por los gendarmes en la vera del río Chubut, nos dan la certeza absoluta, compartida con sus amigos, compañeros y familiares, de la responsabilidad material directa de Gendarmería y por lo tanto, la responsabilidad igualmente directa de su mando político, el gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad, cuyo jefe de gabinete, Pablo Noceti, estaba a 7 km. del lugar, en la entrada de la estancia Leleque de los Benetton, supervisando el operativo. La renuncia de este funcionario y de la ministra Bullrich de su cargo son una necesidad inmediata al igual que el apartamiento de Gendarmería de la causa y su acceso a organizaciones de DDHH independientes para desbaratar el operativo de encubrimiento.
Como cuando masivamente dimos batalla contra el 2×1 a los genocidas priorizando la unidad de acción en las calles contra la escalada represiva del Estado y el gobierno, la campaña por Santiago Maldonado debe ampliarse y profundizarse, con todas las delimitaciones que sean necesarias y comprendiendo su función práctica inmediata, pero levantando un reclamo que ya es carne en millones a lo largo y ancho del país: ¡Aparición con vida, ya!
En esta pelea se juega, además, una pulseada decisiva para poner un freno al gobierno del ajuste y la represión, y por la defensa de las libertas democráticas. Por la libertad de Agustín Santillán, Sebastián Seillant, Milagro Sala y todos/os los/as presos por luchar; por el fin de las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil; contra la represión y criminalización de la protesta.
