Más de 50 años de idas y vueltas tiene el proyecto hidroeléctrico que se afincará sobre la cuenca del Río Grande en Malargüe. A comienzos de este mes -viernes 3 de julio- finalmente se abrió el único sobre licitatorio presentado por una UTE (Unión Transitoria de Empresas) que comanda una empresa china. ¿Qué hay detrás del “caballito de batalla” del oficialismo mendocino?
La obra, acordada en 2006 bajo los gobiernos de Julio Cobos y Néstor Kirchner como resarcimiento a Mendoza por la Promoción Industrial, volvió a la vida en el año 2016 tras un Laudo Presidencial favorable, gesto de apoyo político del gobierno de Macri a Alfredo Cornejo. Contará con un presupuesto de U$S 1.200 millones convirtiéndose en la obra más cara de la historia de la provincia. Durará 5 años, constará de 5 centrales y se espera que produzca 210 MW (4 veces más de lo que produce Potrerillos). El discurso oficial promete energía eléctrica a 130 mil usuarixs. Desde AMPAP, se señala que esa energía irá al sistema interconectado nacional, no a la provincia. Además, que en la actualidad existen dos proyectos de emprendimientos mineros (Potasio Río Colorado – Malargüe y Agua Rica – Catamarca) que no cuentan con dictamen de factibilidad técnica por la gran cantidad de energía que demandan (213MW entre las dos, casi lo mismo que producirá Portezuelo, lo que colocaría a Mendoza como la principal aportante en la línea minera Comahue-Cuyo). Es decir, es energía para las mineras, no para el pueblo.
La suerte de Juntos por el Cambio está echada en PDV. Es que en Mendoza, vanagloriada por tener las “cuentas ordenadas”, la deuda provincial asciende a más de U$S1.192 millones. A esto se suman las consecuencias de la pandemia: la caída de ingreso de impuestos propios, pérdidas del turismo en temporada invernal y la baja de regalías por la caída del precio del petróleo.
Por esto es que el oficialismo mendocino y parte de la oposición se juegan al todo por el todo en este proyecto, en una épica anti-gobierno nacional y contra todos los detractores sentados a la mesa del COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) integrado por Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Allí triunfó la moción del gobernador pampeano Sergio Ziliotto por 4 votos contra 1, de realizarse un nuevo Estudio de Impacto Ambiental en toda la cuenca del Río Colorado que, de aprobarse, pararía la obra por lo menos por 2 o 3 años más. Ante esto el Ejecutivo provincial apeló al Laudo Presidencial (una especie de arbitraje a cargo del presidente).
Tras los dichos del presidente acerca de la incertidumbre que le generaba financiar un proyecto que no querían 4 gobernadores, el porvenir no es esperanzador para la coalición de gobierno que aguarda expectante dos momentos clave: el 28 de julio, cuando se espera el cuarto desembolso por parte de Nación (U$S 18.500 millones) y el fallo del ejecutivo nacional que puede darse entre el 25 de setiembre y el 26 de octubre.
Los ganadores del siglo: un pliego a medida de los amigos
SYNOHYDRO es la empresa estatal china que lidera la “UTE Mala Hué” que ganó la licitación, y que tendrá el 40% de participación del consorcio. Tiene un antecedente poco feliz en Ecuador en el marco del megaproyecto “Coca Codo Sinclair”: a dos años de terminado se constataron 8 mil fisuras en la represa, se encuentra produciendo menos de las mitad de megavatios prometidos, hubo accidentes que se cobraron 12 trabajadorxs muertxs y más de una docena de heridxs, denuncias de lxs operarixs por malos tratos y violaciones a los derechos laborales. Además hoy la empresa se encuentra en litigio con dicho país por pago de sobornos- salpicando al mismo Lenin Moreno- y porque terminó costando casi el doble de lo pautado.
Junto con “China Gezhouba Group Corp.” son las compañías extranjeras que estarán a cargo de Portezuelo.
Las empresas locales son viejas conocidas:
IMPSA – Familia Pescarmona: la preferida del gobierno. Ya ha realizado obras como Potrerillos-Cacheuta, Poterillos-Álvarez Condarco, Nihuil 1, refinería Luján de Cuyo, entre muchas otras.
La empresa, que está actualmente en venta y reestructurándose, es propiedad en un 35% de Enrique Pescarmona. El empresario estuvo bajo la figura de arrepentido en la famosa “Causa de los cuadernos”, confesando haber pagado coimas millonarias con el objeto de que le liberen pagos adeudados en obra pública en Venezuela, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. En 2017, durante la gestión de Cornejo, donó una impresionante mansión de 700m2 en La Puntilla para que sea la residencia oficial de los gobernadores.
CEOSA – Porreta: está en los rubros de electromecánica, vial, hidráulica, gas, civil, ferroviaria, telecomunicaciones y saneamiento. Ha realizado obras como el Metrotranvía, proyectos ProCrear, tendido de fibra óptica, Estadio Cerrado Parque Gral. San Martín, etc.
Obras Andinas SA – Familia Álvarez: rubros civiles, eléctricas y multimedios. Han realizado obras como Penal Almafuerte II, Línea Eléctrica Comahue-Cuyo, Acueducto Bowen-Canalejas, etc. Además, Omar Álvarez es socio de Vila-Manzano e YPF en la explotación de petróleo.
El año pasado Alfredo Cornejo varias veces rebajó por decreto las regalías del petróleo beneficiando a estas 3 empresas.
Hay varios datos que demuestran el favoritismo del oficialismo mendocino en la adjudicación de la obra. Uno es el requisito excluyente de que los interesados hubiesen realizado 3 obras similares (represas) en el lapso de 15 años. La única que satisfacía la condición era SYNOHYDRO. ¿Quién intervino en la confección de los pliegos? El Subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú Fader que es ex CEO de Pescarmona y por este motivo tiene una denuncia por tráfico de influencias.
Además, al hecho de que no se puede conocer el precio real por la falta de competencia (hay una sola oferente) hay que sumar las denuncias de empresas de que el gobierno, bajo un pretexto de seriedad, se mostró intransigente al pedido de escalonar la apertura de sobres y permitir completar las exigencias del pliego según un cronograma.
El antecedente y la persecución
Por si fuera poco, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo quitó el financiamiento prometido a la obra Acueducto Monte Comán-La Horqueta en San Rafael. El motivo fueron las irregularidades en el proceso licitatorio a cargo de la Dirección Gral. de Irrigación. Los funcionarios pre-adjudicaron el proyecto a la UTE que había quedado en 5to lugar, con un sobreprecio de $50 millones comparada con la oferta más barata ¿Los beneficiados? CEOSA-Obras Andinas.
La respuesta política a la mayoría de estas denuncias formuladas por el senador por Protectora, Marcelo Romano, fue el pedido de desafuero por parte del bloque de Cambia Mendoza, aprobado en senadores por 22 votos contra 16.
Es una cabal demostración de disciplinamiento que pretenden dar Cornejo y Suárez a quien pretenda visibilizar el entramado de negocios de sus socios, que han amasado fortunas a costa del estado con la connivencia, ni siquiera solapada, de los funcionarios/empresarios públicos.
También se explica la condescendencia y el blindaje mediático (con notas de opinión, encuestas, académicxs a favor) de que goza la coalición gobernante en esta, la quinta provincia más endeudada del país, que hoy dice no tener para pagar los aguinaldos ni para reparar escuelas o para pagar salarios dignos a trabajadorxs del Estado.
Hay que escuchar el reclamo pampeano, más allá del gobierno de turno, y mirar atrás el caso testigo del río Atuel, apropiado por Mendoza en el lapso de 1917 y la década del ’40, culminando con la construcción del dique El Nihuil y condenando al oeste pampeano (300mil hectáreas) a convertirse en un desierto, destruyendo y reorientando la economía de pueblos enteros y sus condiciones de vida en lo que lxs pampeanxs conocen como “el robo del río”. Dentro de las fronteras provinciales, es lo mismo que sucedió con Potrerillos y sus terribles consecuencias para Huanacache.
Portezuelo se lleva adelante sin consulta alguna a las poblaciones afectadas. ONGs, organizaciones sociales y comunidades mapuches y ranqueles de la vecina provincia (principales afectadxs por el despojo) y de Malargüe han denunciado el proyecto. Igual que las Asambleas por el Agua Pura (Ampap) en Mendoza.
Desde Venceremos-Partido de Trabajadorxs sostenemos la necesidad de rediscutir la matriz energética del país. Es necesario que se pongan en práctica alternativas limpias y que estén basadas en el cuidado de los bienes comunes y las comunidades que habitan los territorios. Y, además, al servicio de las necesidades populares, no de la acumulación de capital.