Centenares de muertos/as, desaparecidos/as y presos/as políticos/as son el resultado de la represión del gobierno de Ortega. El repudio a esa represión, el acompañamiento a los sectores movilizados en demanda de justicia y la condena al aprovechamiento de la situación que hacen la derecha y el imperialismo, son demandas centrales para todo el campo popular.
Desde mediados de julio, cuando el orteguismo logró levantar las barricadas que se extendían por gran parte del país, Nicaragua atraviesa una nueva fase de la represión gubernamental y paraestatal. Persisten los asesinatos de manifestantes, aunque en una escala menor que lo sucedido entre mayo y julio. Así, el 23 de septiembre, al participar de una movilización por la libertad de presos/as políticos/as, el joven Matt Andrés Romero (16) fue asesinado con un disparo en el pecho. De esta forma sigue creciendo el número de muertos/as: mientras las cifras oficiales hablan de unas 200 muertes desde el inicio de la crisis, los índices de organismos opositores señalan 512 (ANPDH) dando cuenta de que en su enorme mayoría se trata de manifestantes opositores/as.
Otra de las características de la situación es la extrema criminalización de la protesta social. Hoy está en el centro de la escena el procesamiento por “terrorismo” de 12 pobladores/as de Masaya, que fueron identificados/as por la policía por sostener barricadas y tirar piedras y bombas caseras a la alcaldía y el local del partido gubernamental en movilizaciones contra la represión orteguista. Este caso, junto a diversas detenciones de estudiantes (como los 8 procesados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua), concentran las miradas del pueblo nicaragüense y dan cuenta de un problema mucho más profundo: tras cinco meses de protestas, hay centenares de presos/ as políticos/as. El gobierno admite más de 200, mientras la oposición denuncia al menos 450, a lo que se suma la existencia de 1300 desaparecidos/as, muchos de las y los cuales se presume que están detenidos/as sin haber sido blanqueados/as por el gobierno de Ortega. En este marco, además, unas 20 mil personas ya han salido del país.
Esta escalada da muestras que el gobierno de Ortega ha derrapado definitivamente. Se trata de un proyecto que ha cruzado límites inadmisibles para cualquier perspectiva popular.
El conflicto
La llama que dio inicio al conflicto el 15 de abril fue la decisión gubernamental -por medio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)- de recortar en un 5% las pensiones de las y los jubilados y aumentar el aporte de las y los trabajadores para su jubilación, lo que fue acompañado por un aumento de la cuota patronal. Aunque a una escala menor, las medidas empalman con los reclamos de ajuste del FMI. Con esta protesta, protagonizada inicialmente por el movimiento estudiantil, el conflicto social, relativamente atomizado y periférico (como las protestas contra el proyecto del canal interoceánico), llegó al centro político del país y asumió mayor notoriedad.
Fue sin embargo la represión estatal, y en particular las noticias sobre los primeros muertos en el marco de esa represión, lo que transformó a este movimiento de reivindicaciones sectoriales en un movimiento más general de rechazo a la represión. La respuesta gubernamental fue intentar apagar el incendio con nafta: redobló la represión estatal y la acompañó de una movilización paraestatal de sectores afines al gobierno, apoyando a las fuerzas represivas con camionetas 4×4 dirigidas por encapuchados armados.
Enfrentando la represión orteguista, la movilización popular se extendió enormemente, llegando a cortar el grueso de las rutas nacionales, desplegando barricadas y mostrando su repudio con el escrache a edificios públicos y del partido gobernante. Este movimiento heterogéneo no tiene una perspectiva política definida. Las propuestas de una transformación radical que expresan sectores de izquierda son sólo una parte de un conglomerado mucho más amplio. Pero se trata, eso sí, de un movimiento impulsado por demandas legítimas y marcado por un carácter democrático en rechazo a la represión.
El diablo mete la cola
Aprovechando un movimiento de oposición al gobierno, diferentes actores reaccionarios se han integrado. En primer lugar, la crisis de mayo fue el punto de inflexión para que las cámaras empresarias y la Iglesia Católica rompan con el gobierno, con el que hasta el momento venían cogobernando y del que obtuvieron importantes beneficios. Este proceso empalma con la incorporación de una derecha liberal a las protestas contra Ortega, un espacio político que desde hace años es muy secundario en la política nicaragüense (en contraste, por ejemplo, con la militante e influyente derecha venezolana).
En el mismo sentido, EEUU aprovecha y potencia el movimiento de masas, con el fin de desestabilizar y voltear a Ortega, con quien tiene importantes diferencias políticas y geoestratégicas. Uno de los aspectos más sensibles es el impulso de un canal interoceánico financiado por capitales chinos, lo que se da en el marco de una guerra comercial con EEUU. Además Nicaragua mantiene un importante vínculo militar con Rusia y es un socio de Venezuela y Cuba en el ALBA. En este marco, diversas organizaciones no gubernamentales influidas por EEUU vienen desplegándose en Nicaragua y ahora adquieren un protagonismo mayor.
Por estas razones, la denuncia de la represión de Ortega y la defensa del pueblo nicaragüense y su derecho a movilizarse, debe ir de la mano de la denuncia de las operaciones de la derecha y el imperialismo que busca aprovechar el mar revuelto de la crisis para defender sus propios intereses antipopulares. Esta perspectiva de oposición a la derecha y el imperialismo no debe empañar, sin embargo, el hecho evidente, de que el gobierno de Ortega, lejos de expresar intereses populares, se ha volcado de lleno a una represión brutal contra importantes sectores de su pueblo, algo que desde el movimiento popular y la izquierda tenemos la responsabilidad de denunciar.
Sandinismos
La revolución sandinista de 1979 fue uno de los procesos populares de transformación más profunda de Nuestra América. En una lucha a fondo contra la dictadura somocista, movilizando enormes fuerzas de la clase trabajadora, el campesinado, el movimiento estudiantil y los sacerdotes tercermundistas, el sandinismo desplegó una larga lucha revolucionaria que logró la conquista del poder y comenzó un proceso de cambios que, aunque inconcluso, llegó a tomar medidas populares de gran importancia como la eliminación del ejército y su reemplazo por una fuerza revolucionaria, la implementación de la reforma agraria, la nacionalización y socialización de importantes recursos que estaban en manos privadas, el impulso de una enorme campaña de alfabetización, entre otros logros. Esa gesta popular culminó en 1990 cuando, luego de un importante proceso de desgaste (que incluyó la guerra de baja intensidad de una contrainsurgencia financiada por EEUU), la burguesía liberal logró retomar el poder político.
Con posterioridad, una parte de la dirigencia sandinista encabezada por Daniel Ortega fue protagonista de un proceso de adaptación a las reglas impuestas por los sectores dominantes y de descomposición personal y política. Esto se puso en evidencia en 1990, cuando estos dirigentes se repartieron propiedades públicas, en un proceso conocido como la “piñata”, que llevó a muchos de ellos a ser grandes empresarios. Profundizando esa reconversión, Ortega se alió con la Iglesia, los partidos tradicionales y el empresariado para volver al poder en 2006 dando un nuevo sentido al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). A la Iglesia le concedió –entre otras cosas- la prohibición total del aborto. El pacto con el ex presidente liberal Arnoldo Alemán (uno de los jefes de Estado más corruptos del mundo) dio cuenta de su integración con los partidos tradicionales, y luego la desregulación de la economía, la suscripción de tratados de libre comercio y la creación de sociedades público-privadas que garantizaban jugosos negocios concretó su alianza con la burguesía local y extranjera.
Aunque nombres propios y símbolos se mantienen, los proyectos políticos son diametralmente opuestos. El “sandinismo” actual de Ortega que proclama una Nicaragua “cristiana” y “solidaria” mientras cuenta por centenares las y los muertos y presos políticos no tiene ya nada de aquel sandinismo que, recogiendo aportes de las experiencias revolucionarias de nuestro continente (como el México zapatista o la Cuba de Fidel y el Che), se propuso romper con el orden establecido para forjar una sociedad sin explotación ni opresión. Es ésta última la bandera rojinegra que sigue flameando como perspectiva para los pueblos que luchan por su liberación.
