El gobierno del empresariado personificado por los hermanos Milei viene redoblando su ofensiva contra la clase trabajadora y el pueblo. El triunfo electoral envalentonó a todo el arco derechista y terminó de multiplicar la confusión y la desbandada de la “oposición” peronista. Las dificultades de dar respuestas a la altura del ataque. La rebelión como alternativa.
A horas de asumir los nuevos legisladores, con expectativas de tratamiento exprés en sesiones extraordinarias del Congreso, el conjunto de los sectores del capital se apresta para aprobar una reforma laboral que introduzca cambios estructurales. Con la claridad de que oportunidades como esta no se presentan a menudo, o al menos no por mucho tiempo, el capital se propone avanzar contra de los resabios de legislación laboral que todavía una parte de la clase trabajadora conserva. De los análisis más detallados sobre el proyecto se delinea un ataque frontal contra el derecho a huelga (casi todas las ramas de actividad son incluidas entre las “esenciales”), la organización sindical en los lugares de trabajo (no se preserva el fuero sindical ni la conservación del puesto laboral de quienes cumplan funciones sindicales, se obstaculizan las asambleas en el lugar de trabajo), se reduce y limita la indemnización por despido, tienden a desaparecer el pago de horas extra y la limitación de la jornada laboral y semanal, las vacaciones quedan a criterio del empleador, se elimina el principio de irrenunciabilidad de derechos, las negociaciones por empresa pasan a estar por encima de los convenios por rama, se reducen los aportes patronales a las obras sociales.
Como reconoció sin pudor uno de los redactores de la ley, el abogado empresarial Julián De Diego, estas reformas no generarán puestos de trabajo. Tenemos amplia experiencia en eso. Sturzenegger, por su parte, da por sentado el carácter retroactivo de la ley, es decir, que afectará también a quienes ya están contratados. Por otro lado, contra lo que cínicamente plantean los libertarios (que estas medidas sólo afectarán a quienes tienen “privilegios” y beneficiará a los cerca de 10 millones de trabajadorxs precarizadxs y súper explotadxs), es claro que el golpe significará una vuelta más en la espiral de deterioro estructural que como clase vivimos desde hace por lo menos 50 años.
El Parlamento está servido en bandeja para aprobar el atropello. No sólo la bancada libertaria se ha engrosado con representantes propios, sino que ha sumado más o menos orgánicamente a todo el arco de ex Cambiemos. Por su parte, el peronismo se ve en desbandada y sólo atina a repetir, sin convicción, las consignas que carecen de materialidad, mientras otrxs se encaminan directamente a pasarse de bando. No sólo varios personeros de Milei y Cambiemos vienen de sus filas, baste mencionar a los Menem, Bullrich, Santilli y Ritondo, sino diputados y senadores varios se arriman para allanar el camino de la reforma, como el caso de legisladores que responden a Sáenz (Salta), Jalil (Catamarca) y Jaldo (Tucumán).
La burocrática CGT amaga con alguna medida ante lo que significa una erosión de su propia base de poder y negocios: la reforma laboral desfinancia jubilaciones pero también obras sociales. Sin embargo, ya hemos visto en estos dos años cómo han rehuido cualquier medida que fuera más o menos seria y sostenida en el tiempo. Las CTA por su parte no han tenido tampoco una actitud de oposición por abajo y en las calles. Los llamados a respetar la supuesta “voluntad popular” de las urnas, a apostar al parlamentarismo, a “votar bien” o a que hay que pensar en el 2027 sumaron desmoralización y desánimo en sus filas, ya golpeadas por el desastre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner (parte de la fórmula que el kirchnerismo duro no asume, a pesar de haber aplaudido a la “estratega” de la victoria de 2019).
Desde la izquierda y los organismos de derechos humanos críticos, se cuenta con la coherencia de haber estado en las calles desde el primer día de asunción de Milei. Sin embargo, tampoco se visualiza la capacidad de ofrecer una respuesta al nivel de los ataques que estamos sufriendo. Estar en la calle es sin duda indispensable, pero ante un frente empresario controlando directamente el gobierno, no alcanza. Corremos el riesgo de recurrir a repertorios de movilización y consignas que se van convirtiendo en testimoniales a partir de no impactar en la realidad.
No es sólo una consigna, o sólo una expresión de deseo: la rebelión, la confrontación en las calles y también programáticamente, la radicalidad son hoy el único camino para salir de una defensiva que no logra ni siquiera moderar los ataques del enemigo. En un mundo en que la propiedad y la riqueza se concentran en niveles inauditos, el poder se torna más excluyente. No hay independencia de la política y el estado respecto de esa dimensión material, estructural de las relaciones de fuerza. Identificar que la confrontación es de clase y que la base de su poder está en un orden social que hace de nuestra pobreza la base de su riqueza, es cada vez más urgente si no queremos condenarnos a nosotrxs y a las siguientes generaciones a formas cada vez más extremas de esclavitud.
Venimos golpeadxs como clase y pueblo. Pero nos hemos levantado más de una vez. Tenemos una historia de enfrentar dictaduras y gobiernos supuestamente democráticos que han sido ferozmente represivos. El poder teme lo que somos capaces cuando nos disponemos a luchar en serio. El jueves 18 de diciembre puede ser una oportunidad para plantar bandera. Esperamos lograr la masividad y contundencia que la situación amerita. Pero no será sólo un día. Necesitamos pensar y proyectar un proceso de más largo alcance, sin confianza en el parlamento que incluso cuando se hace eco de algún reclamo no logra que se cumpla. Sin delegar en las centrales sindicales o en el peronismo, pero defendiendo la unidad de acción como principio de lucha.
