La aprobación de la “Ley Bases” y “Paquete Fiscal” en el Senado fue agónica. Las medidas sancionadas son un compendio de las aspiraciones del gran empresariado para profundizar el saqueo del país. La votación de esas leyes fue garantizada por un descomunal despliegue represivo y por la inestimable colaboración de diversos bloques políticos patronales. El camino de la resistencia sigue vigente. La necesidad de construir un programa superador a la miseria y dependencia que nos ofrece el capitalismo está a la orden del día.
Yo soy tu amigo fiel
Con 36 votos a favor y 36 en contra, y el desempate vicepresidencial, en un Congreso vallado y custodiado por más de dos mil uniformados que agredieron a la manifestación de protesta, se dio aprobación a los engendros conocidos como “Ley Bases” y “Paquete fiscal”. El texto de más de 230 artículos y su complemento en materia impositiva son un compendio de medidas a pedido del gran empresariado. Al igual que el famoso DNU 70/23, se trata de un mamotreto legislativo de dudosa legalidad y de un apéndice en materia de impuestos que compilan beneficios para los monopolios, como exenciones impositivas, moratorias para quienes evadieron aportes previsionales y eliminación del derecho a jubilarse para quienes no recibieron esos aportes de su empleador; además, una reforma laboral y privatizaciones de empresas públicas, entre otras. Esta resistida ley, la primera del oficialismo en todo su mandato, no hubiera sido posible sin el apoyo de otros bloques que socorrieron al escuálido armado de siete senadores de “La Libertad Avanza”. El principal aportante fue el radicalismo, con 12 voluntades; también el PRO, con sus 6 integrantes. El resto de los votos lo aportaron fuerzas provinciales, algunas ligadas al peronismo y sus desprendimientos, como el caso de los senadores Kueider de Entre Ríos o Crexell de Neuquén. Estos últimos tomaron notoriedad por haberse hecho público el precio de su apoyo: un nombramiento en el directorio de la represa de Salto Grande para la provincia entrerriana y una embajada ante la UNESCO para la mismísima senadora neuquina, respectivamente, fue el monto asignado a sus votos en tan reñida compulsa.
En el sinfín de pasos coreográficos, se destacó el de Martín Lousteau, jefe de un bloque que votó íntegramente de manera opuesta a él, y que pese a su rechazo verbal a la Ley Bases, garantizó su aprobación habilitando el quórum: sin su presencia, la sesión no se hubiera podido desarrollar.
Mientras esa oposición de opereta negociaba supuestamente retocando algunos artículos, afuera del palacio se daba una masiva movilización de repudio a la Ley, de decenas de miles copando la Plaza de los dos Congresos. Todo esto, pese a una convocatoria a medias del sindicalismo burocrático: ni la CGT ni la CTA llamaron a parar, algo que sí hicieron, como excepción, algunos sindicatos de base. La ausencia de muchas columnas obreras cuyas direcciones sindicales se desentendieron de la jornada, la falta de un paro general activo y la prematura desconcentración de otras que sí se manifestaron, también marcaron la tarde. La represión y el hostigamiento policial fueron parte del tono general con el que el oficialismo encaró la jornada, que derivó en una treintena de detenciones. A las provocaciones policiales, y a lo agresivo del proyecto convalidado por el senado, muchxs manifestantes le opusieron resistencia, defendiéndose con lo que tuvieron a mano. Ni la espectacularidad del auto incendiado, ni la rapidez con la cual sectores del progresismo catalogan de “infiltrados” una muchedumbre que se resguarda de los gases o las causas judiciales cubriéndose la cara o devolviendo un proyectil, deben desviar la mirada del verdadero hecho de violencia, que radica en el despojo refrendado espuriamente dentro del Congreso.
El día miércoles 12 asistimos a un nuevo acto en el cual la institucionalidad se autopreserva, esta vez dando sostenimiento de un gobierno impresentable y a una ley descaradamente antipopular. Se trató de un obsceno salvataje de un gobierno y también la preservación de un escenario político. Todos los entretelones de las pretendidamente minuciosas negociaciones para canjear artículos, parecen ser desmentidos por la vocación del gobierno que confirmó que insistirá con la versión original del texto en Diputados. Si el oficialismo logra una mayoría simple allí, podrá imponer la primera versión del texto; esto es, con la privatización de Aerolíneas y el Impuesto a las Ganancias para laburantes de la llamada 4ta categoría, entre otras.
Así como en 2017 los partidos del sistema sostuvieron a mitad de su mandato a Macri ante la bronca popular de las jornadas de diciembre, a seis meses de gobierno, Milei fue apuntalado en medio de una crisis política que lejos está de haberse cerrado.
Un presidente de gira, un gobierno con números que siguen sin cerrar
Como un saltimbanqui, Milei continúa sus frenéticas giras solventadas con fondos públicos para actuar como besamanos de la OTAN, solicitando ingresar al Club de Amigos de Ucrania, o recibiendo distinciones de la ecléctica ultraderecha europea. Pero sus tours reaccionarios no han logrado hasta ahora la contrapartida necesaria para equilibrar las deshilachadas reservas. De momento, ni el presidente ni sus funcionarios han podido destrabar el acceso a nuevos préstamos para obtener los dólares que requiere el delicado estado de cuentas de la Argentina. Pese a un dibujado “superávit” basado en diferir pagos, el oficialismo no logra reunir los fondos necesarios para liberar el cepo cambiario, una promesa de campaña que cada vez se muestra más lejana.
Más allá del rédito político que implica haber obtenido la aprobación de su nefasta “Ley Bases”, cada vez son más las voces que se alzan críticamente contra las inconsistencias del plan económico, incluso provenientes de cuadros de la derecha. A los señalamientos del propio FMI, que habla de “la baja calidad” del ajuste y pone en duda su sostenibilidad, se suman renuncias en el gabinete económico, como la del segundo de Caputo, el viceministro Joaquín Cottani, hombre de Cavallo. Este último viene realizando críticas al plan de ajuste, de igual manera que Carlos Rodríguez, ex asesor de Milei, que no duda en calificarlo como “un fanfarrón que dice pavadas” y que -contrariamente a lo que pregona- está generando emisión monetaria, disimulada en el incremento de los pasivos del Tesoro.
Ante la crisis alimentaria y social que va cobrando un carácter cada vez más explosivo, lo único que tiene para ofrecer el gobierno son mentiras vomitadas por sus lenguaraces mediáticos, persecución judicial y despliegue represivo. La reciente creación de la Unidad de Seguridad Productiva, un cuerpo policial para custodiar bienes y recursos del empresariado ante el conflicto social creciente, responde a esa lógica cada vez más descarada. El gran capital avanza sobre el saqueo de recursos; el empresariado tiene un brazo armado, que es el Estado, que -pese a la prédica de los liberfachos- no desaparece sino que deja de garantizar derechos básicos y es mero garante de los negocios de los monopolios.
Ante la avanzada reaccionaria, el pueblo y la clase trabajadora deben forjar una amplia unidad de acción defensiva y en las calles, pero sin relegar la independencia política en ninguna variante de los partidos patronales ni depositar expectativas en los sinuosos caminos del parlamentarismo. La huelga, el piquete, la acción directa deben ser los métodos que recuperen la memoria de lucha de nuestra clase, con una historia rica en resistencia. El camino de la rebelión cobra cada vez más actualidad, a medida que la crisis se desenvuelve.
El paro general debe ser una perspectiva urgente para enfrentar el saqueo que la Ley Bases promueve. La perspectiva de superación del actual estado de cosas, radica en la construcción de un programa verdaderamente popular, que plantee romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y que sea la clase trabajadora la que tome en sus manos los resortes de la economía.
