El golpe de estado consumado el 10 de noviembre de 2019 perpetró diversos ataques contra los hermanos y hermanas bolivianas. Masacres como las de Sekata y Sacaba en las que desde helicópteros las Fuerzas Armadas ametrallaron a la población civil. Humillaciones racistas, clasistas y patriarcales, ataques a las mujeres de pollera, quema de la whipala. Torturas. Golpes. Detenciones y persecución a cientos y miles de activistas y militantes del movimiento popular.
La capacidad del pueblo de reconstruirse y de movilizar fue la que consiguió arrinconar a una dictadura asesina, corrupta, vende patria e ineficiente para enfrentar los problemas más elementales. El contundente triunfo del MAS y la recuperación de la democracia puso fin a un año de persecución y de ofensiva contra derechos conquistados.
El camino de lucha contra la impunidad, por la memoria, la verdad y la justicia exige como primer punto el poner fin a las violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en tanto no cesen los apresamientos y las órdenes de detención. Con esa misma celeridad, los responsables de los asesinatos, las torturas y los desfalcos deben ser enjuiciados. Las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de la Policía deben ser removidas y deben dar cuenta de los crímenes cometidos. Los grupos fascistas de empresarios e hijos de empresarios que atentaron contra la vida e integridad de hermanos y hermanas del pueblo deben ser castigados sin dilación. La verdad de los hechos que la dictadura cubrió con la mentira, con la clandestinidad y con el empleo de fuerzas “civiles” debe ser esclarecida. Las víctimas merecen reparación y ésta comienza dándole voz y valor a los testimonios.
La recuperación de los derechos democráticos, de los derechos del pueblo a organizarse, la liberación inmediata de todxs lxs presxs políticos y el levantamiento de las órdenes de aprehensión que pesa sobre luchadores y luchadoras es una tarea urgente e impostergable.Esto es lo que vienen reclamando militantes, referentes y diputadxs en Bolivia.
Un caso emblemático de prisionero político de la dictadura es la de nuestro compatriota Facundo Molares. Con un grave estado de salud, el foto periodista está en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro donde no se garantiza una adecuada atención médica. Su derecho a la justicia continúa siendo negado, la permanente suspensión de audiencias son una muestra de ello.
Nos sumamos a la exigencia de la inmediata liberación de lxs prexs políticxs, del levantamiento de todas las órdenes de detención y captura que pesan contra luchadorxs y militantes. Nos sumamos y llamamos a acompañar la Jornada de Lucha en Argentina por la Libertad de Facundo Molares el próximo martes 24 de noviembre.
