Tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía, el pueblo vuelve a salir a las calles. La violencia estatal y para estatal de un régimen hecho a imagen y semejanza de una clase dominante y un imperialismo yanqui genocidas.
“ACAB”
El 9 de septiembre, en las calles de Bogotá la Policía asesinó salvajemente mediante la tortura a Javier Ordóñez. Patadas, inmovilización, descargas eléctricas de pistola taser. Abogado de 47 años, padre dos hijos, Javier fue asesinado. La reacción popular no se hizo esperar. Multitudes salieron a repudiar la brutalidad sistémica de las fuerzas represivas. Como siempre, la respuesta del régimen fue mayor represión.
Por lo menos, 12 personas más fueron asesinadas. Y es importante no banalizar el número, no deshumanizar en una cifra a hombres y mujeres jóvenes asesinados con disparos en el tórax, disparos en el abdomen, tiros al pecho, tiro de gracia, abandono en la calle. Según lo relevado por Cuestión Pública (https://cuestionpublica.com/al-menos-13-asesinados-en-medio-de-abuso-policial/) fueron asesinados: Angie Paola Vaquero de 19 años, Freddy Alexander Mahecha de 20, Andrés Felipe Rodríguez de 23, Cristhián Camilo Hernández Yara de 26, Julián Mauricio González Fory de 27, Germán Smith Puentes de 25, Julieth Ramírez Mesa de 28, Hayder Alexánder Fonseca Castillo de 17, Marcela Zuñiga de 26, Cristhián Andrés Hurtado Menece de 27, Gabriel Estrada Espinoza de 28, Lorwuan Estiwen Mendoza Aya de 30. Además, cientos de heridxs – medio centenar con heridas de arma de fuego policial- y detenidxs.
Los asesinos a sueldo no dejan atrocidad por cometer. No es, por tanto, una conspiración internacional como pretende por estas horas la prensa colombiana; es una conclusión común de les explotades y oprimides, es una síntesis de lo que todos los pueblos sabemos: “All Cops Are Bastards” (ACAB).
La tortura y los asesinatos policiales no son errores ni excesos, no son casos aislados. Son parte del funcionamiento habitual de estas fuerzas represivas. Los videos que filman el asesinato a sangre fría de Javier Ordóñez son muy similares a los que registraron el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Y para quienes vivimos por estos sures nos recuerdan las imágenes de Alfredo Franchiotti arrastrando a Darío en la estación Avellaneda. Pero esas escenas, en las ciudades, en plena calle, son la punta del iceberg de un sistema mucho mayor. Las torturas, violaciones y asesinatos en comisarías, lugares de detención y cárceles se realizan al resguardo de quienes con algún teléfono podrían dar testimonio del crimen.
La guerra contra el pueblo: el estado es responsable
En Colombia, país que no ha tenido ninguna dictadura oficialmente reconocida, la violencia de la clase dominante y su estado, la violencia del imperialismo yanqui, se despliega contra cualquier atisbo de protesta popular desde hace, por lo menos, 60 años. Policía, ejército, paracos forman una legión de lucha contrainsurgente al servicio de terratenientes, narcos, empresarios mineros, fugadores de divisa, políticos patronales. Todo ese entramado demanda de la impunidad como argamasa.
Una guerra sangrienta, un verdadero genocidio. Por supuesto, la represión tiene su forma extrema en las ejecuciones, pero no se reduce a ellas. Los falsos positivos judiciales, los encarcelamientos, la persecución judicial y mediática son parte de todo un entramado consustancial al estado. Como el año pasado con el asesinato de Dylan Cruz a manos de la siniestra Esmad, el asesinato de Javier Ordóñez fue la gota que rebalsó el vaso. La visibilidad de este crimen urbano saca a la luz muchos otros crímenes cometidos en el país profundo en el que la posibilidad de viralizar las imágenes de denuncia es casi nula.
De acuerdo al último informe de principios de septiembre de Indepaz, a lo largo de 2020 se han producido 55 masacres en Colombia (http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/09/Masacres-en-Colombia-2020-INDEPAZ-8-sept-2020-pdf.pdf). En ellas, fueron asesinadas 218 personas. Un informe presentado por el partido FARC, desde la firma de los Acuerdos de La Habana en noviembre de 2016 al 28 de julio de 2020, 971 líderes y lideresas sociales fueron asesinades. Sólo durante la primeros siete meses de 2020 el número de referentes sociales asesinados ascendió a 166. Desde fines de 2016 a julio de este año, 222 ex combatientes de las FARC fueron asesinades.
Durante la cuarentena establecida contra la pandemia del COVID 19, fueron asesinadas 39 personas que participaron en protestas.
Eppursemuove
Y sin embargo, el pueblo colombiano logra rearmarse, salir a las calles y elevar la voz. La lucha de miles y de decenas de miles contra la impunidad, la lucha de estudiantes, de campesinos y campesinas, de comunidades indígenas, de las comunidades afro, de pobladores de barriadas, de laburantes, del pueblo pobre, dice presente una vez más. Volvemos a ver lo que las cuarentenas obligatorias pusieron en suspenso.
Frente a la brutalidad policial, militar y paramilitar, contracara necesaria de la brutalidad de las clases dominantes, el pueblo tiene derecho de pelear y de defenderse. La represión ya está acompañada por la persecución y estigmatización que despliegan los servicios de inteligencia junto a fiscales y jueces y que cuentan con los medios de desinformación para propalar sus ataques. El matarife Uribe desde su prisión preventiva hace llamados al orden. Su delfín Duque repudia a quienes protestan. Claudia López, la alcaldesa “verde” de Bogotá se preocupa por los daños, sostiene que destruir la ciudad no transformará a la policía…
Desde abajo, con enormes costos y esfuerzos, un lento proceso de reconstrucción del movimiento popular cobra cuerpo. Ante un cercano aniversario, la posibilidad de un paro cívico como el de 1977 emerge como algo más que una utopía. Son días decisivos. Quienes peleamos por una segunda y definitiva independencia en todos los rincones de Nuestra América, sabemos que la lucha es una sola, y que la batalla en Colombia contra el régimen terrorista más consolidado de la región es crucial para todes nosotres.