Finalmente, sucedió. Luego de anuncios, más anuncios y debates durante meses, el oficialismo presentó el proyecto de “impuesto a las grandes fortunas”, ahora devenido en “Aporte Solidario Extraordinario”.

La información central es la siguiente: busca gravar por única vez con una tasa que va del 2% al 3,5% a los patrimonios de entre 200 millones y 3.000 millones de pesos de personas físicas. Es decir, no afecta empresas. Unas 12 mil personas pagarían el aporte, lo que le permitirá al Estado recaudar unos $300.000 millones que equivalen, más o menos, a unos 4.000 millones de dólares.

En orden de prioridades, el destino de lo recaudado es:

  1. 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a través de Integración Energética Argentina S.A. y en trabajo conjunto con YPF.
  2. 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros.
  3. 20% a subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas.
  4. 20% destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación.
  5. 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

Mucho puede decirse al respecto. En primer lugar, el cambio de nombre de “impuesto” a “aporte extraordinario” no es una cuestión retórica. Es un sinceramiento. Es un aviso a las grandes empresas, a los millonarios del país de que en realidad sus intereses no serán tocados. No se grava un impuesto, sino que es un aporte y es “solidario”. La moderación del proyecto no hace más que exponer nuevamente que el gobierno nacional avanza con pasos de cangrejo: hacía atrás con Vicentín; hacia atrás con las sucesivas “últimas ofertas” a los acreedores de deuda que cada vez se parecían más a lo que estos exigían; hacia atrás con la legalización del aborto. Y así con todo.

Lo que “aportarán” las 12.000 personas más ricas del país son migajas. El proyecto debe aprobarse. Es urgente. Pero no por ello dejamos de señalar que es insuficiente y que necesitamos es una reforma tributaria que dé vuelta completamente la lógica del sistema impositivo actual. Esto implica varias cuestiones:

  1. Tiene que ser permanente, no extraordinario. ¿Por qué la clase trabajadora paga de forma permanente impuesto al salario? Mucho más cuando el mínimo imponible -la cuarta categoría- está cada vez más cerca de un salario roza la línea de pobreza.
  2. La base debe ser ampliada. ¿Por qué pagarían quienes tienen un patrimonio de 200 millones de pesos y no quienes tienen patrimonios de $50 millones, $100 millones, lo cual sigue siendo una fortuna inmensa en comparación con la inmensa mayoría del pueblo? Un breve ejemplo: de acuerdo al informe de Evolución de distribución del ingreso del INDEC para el primer trimestre de 2020, existen 942.000 hogares en el país cuyos ingresos familiares van entre $116.170 a $8.805.000. Si solamente la mitad más rica de esos hogares fue gravada con un impuesto progresivo, la recaudación se multiplicaría varias veces.
  3. Invertir el orden prioridades. El destino de la recaudación tiene que ser, antes que YPF y las empresas, las necesidades de la clase trabajadora. Una urgencia, sin dudas es la salud: los infectadxs y muertxs por coronavirus crece. Hace pocos días rompimos la línea de 10.000 contagios en apenas 24hs. Los hospitales, en varias ciudades del país, ya están entrando en colapso y lxs muertxs los pone, como siempre, el pueblo, lxs más humildes y quienes están en la primera línea de fuego combatiendo el virus.

La radiografía de los ingresos en el país muestra que el 70% de la población percibe el 39,6% de los ingresos totales mientras que el 10% más rico del país percibe el 30,9%. Visto en una línea del tiempo queda en evidencia que la riqueza es que cada vez más desigual, más concentrada. Por lo tanto no basta con la “solidaridad” de los ricos y poderosos, sino que es necesario e imprescindible afectar su ganancia. Algo que, como sabemos de sobra, no lo hará ningún gobierno burgués. Es tarea de la clase trabajadora luchar por ello y conquistarlo.

Mirar el conjunto: van ganando los de siempre

Si alejamos la mirada y vemos escenario completo, la conclusiones de agravan. Observemos los anuncios más importantes de los últimos meses: aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas, acuerdo con acreedores de deuda, Plan Estratégico Minero, memorándum con China para la instalación de granjas industriales de cerdo.

Mientras que con el “aporte” se recaudarán U$S4.000 millones, el Estado argentino pagará U$S6.000 en concepto de pago de deuda externa con plazo en 2024. ¿Cómo se explica que se pague una deuda fraudulenta, usurera, cuyo destino ni siquiera ha sido investigado mientras que muchísima menos riqueza será destinada a urbanizar barrios, pagar salarios, equipar hospitales, arreglar escuelas, etc.? La lógica de la erogación y recaudación del Estado argentino no tiene nada de progresista ni de popular. Ganan los que ganan siempre.

Como si esto fuera poco, las iniciativas de fondo de salida de la crisis representan lo peor de la estructura económica de nuestra país: extracción de hidrocarburos y metales, producción a gran escala de carne de cerdo. Es decir, la mina y el chiquero del mundo.

Como dijimos en una nota anterior (ver aquí): “El plan estratégico del gobierno del Frente de Todos es repetir el círculo de dependencia, saqueo, contaminación y miseria para los pueblos. Pero no se trata solamente de la discusión con un gobierno, con una élite política. Se trata del lugar reservado para Nuestra América en la división internacional del trabajo; el rol de reservorio de recursos -pues para ellos son solo recursos- como petróleo, agua, litio, oro, el granero o chiquero del mundo. Es el eslabón asignado en las cadenas de dominación de un capitalismo que, mientras más se agudiza su propia crisis social, ambiental, económica y política, más aprieta el acelerador de la barbarie”.

Y además, represión

Hace pocos días al gobierno nacional anunció un “aporte” a provincias y municipios de entre 10 y 12.000 millones de pesos que será destinado al reclutamiento de 10.000 nuevos efectivos policiales, compra de 2.000 patrulleros, refacciones y ampliación de unas 300 comisarías, construcción de cárceles y adquisición de todo tipo de insumos y pertrechos, desde armas a cámaras de vigilancia.

Es el denominado “Plan Centinela 2”, que se anuncia mientras una parte importante del nuestro pueblo salió hace pocos días a las calles de diferentes ciudades del país a denunciar el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y exigir aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. Casi un centenar de asesinadxs por la Policía en lo que va desde el anuncio de la cuarentena y un nuevo desaparecido en democracia por el accionar de la Policía Bonaerense. Pero en vez de echar a Berni y hacer que los responsables paguen, se premia a los asesinos del pueblo y se engrosan sus filas.

¿No sería un destino más útil invertir en el colapsado sistema de salud, en el arreglo de escuelas, en el lanzamiento de programa de reparto de dispositivos para garantizar la educación de chicos y chicas de los barrios populares de todo el país? ¿En un plan de viviendas popular? ¿En la transformación de la matriz energética? ¿En el desarrollo de la ciencia y técnica puestas al servicio de las necesidades populares? Y un largo etcétera.

Las tareas importantes, en manos del pueblo

Torcer la balanza a favor de nuestra clase solamente puede ser posible en la calle y producto de la unidad de quienes siempre hemos sostenido las banderas del no pago de deuda,  de la lucha contra la represión, contra el extractivismo, la defensa del salario y de un conjunto de demandas que aspiran a una sociedad verdaderamente justa.

Como siempre en la historia de la puja entre opresores y oprimidxs, las tareas fundamentales están en nuestras manos:

Vamos una verdadera reforma tributaria que afecte a las grandes fortunas. Aprobación del aporte solidario extraordinario.

No al pago de deuda: la deuda es con el pueblo.

Aumento salarial de emergencia. Entrega de tierras ociosas para el cultivo.

Basta de extractivismo: no al Plan minero y al memorándum con China. Por una conversión de la matriz energética. Defensa de los bienes comunes. Por una ley de humedales ya.

Basta de represión. No al Plan Centinela 2. Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Fuera Berni. El Estado es responsable.

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