Reflexiones sobre el extractivismo en Argentina a nueve años de la derrota del Proyecto San Jorge

Este 25 de agosto de cumplieron nueve años de un triunfo fundamental del pueblo mendocino: la Legislatura de la provincia archivaba el Proyecto San Jorge. No fue una gracia caída del cielo. Numerosas acciones en la calle, presión en dentro del recinto legislativo, organización, coordinación de la luchas en todo el territorio provincial y también junto con otras provincias permitieron dicha victoria. La culminación fue el 18 de agosto, cuando tuvo lugar un enorme corte en el nudo vial de ingreso a la Ciudad que duró prácticamente todo un día. El repudio se hizo cuerpo y volteó un proyecto que amenazaba las comunidades de Uspallata y del llano. La bandera era clara: no a la mina, no seremos zona de sacrificio.

La conquista de la Ley 7722 en 2006, la derrota de San Jorge cinco años más tarde cimentaron una conciencia social de que los bienes comunes nos pertenecen como pueblo y que no pueden ser utilizados como botín de guerra por intereses mezquinos que saquean, contaminan y que solo pueden sembrar miseria en los territorios de los pueblos.

Walter Benjamin sostuvo que articular lo pasado “Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro”. Precisamente, la apropiación de esa memoria histórica tuvo lugar en las masivas movilizaciones de diciembre de 2019 contra la modificación de la Ley 7722. La historia se hizo experiencia colectiva, comunicable. Y sucedió en la calle.

Como pueblo, hemos aprendido a desconfiar de las promesas de la megaminería y del conjunto de actividades que significa el extractivismo en nuestro territorio y en otros. Los desastres provocados por derrames en el dique de cola de Veladero (San Juan) que han envenenado todo el río Jáchal; el crimen ecocida de Brumadinho que dejó un centenar de muertos en enero de 2020, cuya empresa, Vale SA, es la misma que intentó poner en marcha Potasio Río Colorado en Mendoza; la pandemia del cáncer que crece con cada fumigación en la pampa húmeda; el incendio colosal e intencional del Amazonas para tapizar los restos de la masacre con ganadería o monocultivo de soja, son algunos de los tantos ejemplos que han configurado una visión crítica cada vez más extensa sobre crisis socio-ambiental que atravesamos.

Es con todos, pero sobre todo con los mineros

Pero por arriba también aprenden. Empresas y gobiernos comprenden, cada vez más y mejor, que no tienen licencia social y que deben ganarla. Esta es una de la claves del Plan estratégico para el desarrollo minero argentino que el gobierno del Frente de Todos busca poner en marcha como salida de la crisis económica del país.

En efecto, este 3 de agosto, Alberto Hensel, el Secretario Nacional de Minería oficializó la Resolución 47 en la que aprueba un plan minero con objetivos a treinta años. Se pretende “consolidar el rol de la minería en el desarrollo productivo nacional y las condiciones que se requieren para aprovechar en plenitud las oportunidades que esta ofrece” (Res. 47, Anexo I).

Del documento destacamos dos elementos claves: 1) el objetivo de incentivar la inversión extranjera directa, la única que podría representar un volumen significativo de inversión; 2) la iniciativa de realizar un trabajo comunicación que no tiene otro fin que ganar la licencia social que no tienen para avanzar. En tal sentido, la conformación de la Mesa Facilitadora del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino que nuclea a la cámara empresaria del sector, burocracias sindicales cómplices del saqueo, sectores eclesiásticos y el BID pone de manifiesto los intereses en juego.

Si hasta aquí no se comprende la importancia de la cuestión podemos agregar algunos datos más: ya durante su campaña por la presidencia, Alberto Fernández elogió la política sanjuanina en materia minera. El primero de octubre de 2019, en esa provincia, dijo a los empresarios mineros: “Mis principales aliados son los que exportan. Necesito que exporten”.

Hace menos de un mes, a fines de julio, frente al Consejo de la Américas, defendió la exportación de hidrocarburos -Vaca Muerta- y la producción minera como claves para salida de la crisis. No es descabellado desde la lógica capitalista: en Argentina, según datos del propio gobierno nacional, el 75% de recursos mineros y metalíferos está sin explorar (750.000 km2). La punta de lanza del plan es San Juan, pero se trata de un proyecto que abarca toda la cordillera, de Jujuy a Santa Cruz. En el caso de Mendoza, hay casi una veintena proyectos que esperan para avanzan: uranio, oro, entre otros metales serían extraídos de estos emprendimientos.

Los chanchos de Xi Jinping

Extractivismo es no solo el despojo de la cordillera. Es el monocultivo de soja que destruye los campos, altera ecosistemas y pone en peligro la soberanía alimentaria; es también el acuerdo con China para impulsar la exportación, al país asiático, de carne de cerdo. Se prevé producir 882.000 toneladas de carne adicionales por U$S 2.500 millones. La producción argentina de la carne de cerdo ha crecido exponencialmente en un década: actualmente es cercana a las 700.000 toneladas, un 250% superior al volumen producido en 2009.

El acuerdo con China ratifica la matriz histórica argentina, heredada desde tiempos coloniales, en la que se producen commodities para la exportación. Esto no hace más que reforzar lazos de dependencia económica, política y la subordinación a las grandes potencias mundiales.

En el plano socio ambiental, bastará recordar que asistimos a una epidemia mundial cuyos orígenes están estrechamente vinculados a grandes establecimientos de animales hacinados. La historia reciente presenta ejemplos como la gripe aviar o la gripe porcina, vinculadas a granjas industriales de este tipo. En el caso del emprendimiento del gobierno nacional, hablamos granjas de 12.000 animales, una concentración que no existe ni de cerca en ninguna parte del país.

Una salida socialista a la crisis

El plan minero del gobierno, el acuerdo con China para la inversión en granjas porcinas a gran escala y el pago de la deuda a los acreedores internacionales son parte de un mismo combo coherente y planificado. La entrega en dos pasos: hacer las paces con las finanzas internacionales para ganarse la confianza del imperialismo y luego propiciar inversiones en los únicos ámbitos que permitiría el imperialismo, una receta conocida desde tiempos inmemoriales.

En otras palabras, el plan estratégico del gobierno del Frente de Todos es repetir el círculo de dependencia, saqueo, contaminación y miseria para los pueblos. Pero no se trata solamente de la discusión con un gobierno, con una élite política. Se trata del lugar reservado para Nuestra América en la división internacional del trabajo; el rol de reservorio de recursos -pues para ellos son solo recursos- como petróleo, agua, litio, oro, el granero o chiquero del mundo. Es el eslabón asignado en las cadenas de dominación de un capitalismo que, mientras más se agudiza su propia crisis social, ambiental, económica y política, más aprieta el acelerador de la barbarie.

Una vida diferente es posible, es posible la concreción de todos los sueños de justicia que, en las manos de los de siempre, solamente pueden convertirse en pesadillas para lxs oprimidxs. Soberanía alimentaria; la transformación de la matriz energética en un modelo sustentable a través de energías limpias y renovables; una producción planificada desde la clase trabajadora y de acuerdo a las necesidades sociales reales, no para el consumo de prestigio y para la acumulación de capital; el cuidado de los bienes comunes. Esa es la salida.

Desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs sostenemos esta perspectiva y pondremos todos nuestros esfuerzos de organización, lucha y unidad, para conquistarla.

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