Dos caras de la misma moneda: investigar la deuda y poner impuesto a las grandes fortunas

Este momento decisivo de renegociación de la deuda coincide con el inminente pico de contagios de coronavirus en nuestro país. También, con la profundización de la crisis económica y social. A contramano de las necesidades sanitarias, el empresariado alimenta movimientos anti cuarentena, realiza despidos, suspende con rebajas salariales y quiere aprovecharse de cada peso que le puede arrancar al estado: quieren volver a lucrar a como de lugar. El gobierno mantiene la cuarentena, en oposición a esa demanda empresarial, pero al mismo se dispone a otorgarle concesiones por otras vías.

Rescatando al capital

Una gran cantidad de empresas hicieron uso de la “Asistencia al Trabajo y la Producción” (ATP) por medio del cual la ANSES toma a su cargo el pago de una porción importante de los salarios. Aún las firmas más grandes optaron por pedir al estado este rescate, sin ningún escrúpulo de incluir en las nónimas incluso a sus millonarios gerentes.

Esa voracidad recién empezó a ser atemperada cuando el Gobierno dispuso que quienes hicieran uso del ATP no tendrían habilitados algunos canales de compra de dólares, ni tampoco permitida la distribución de utilidades. Recién ahí las empresas dieron marcha atrás con el aprovechamiento del beneficio.

El rescate a los salarios de les trabajadores no debería ser gratis. La participación estatal en el capital de las empresas se está dando en países como Estados Unidos con la compra de acciones de parte de la Reserva Federal o de la empresa Lufthansa por parte del estado alemán. Medidas similares podrían tomarse ante las empresas que despidan.

¿Y si el que la fuga, la paga?

La deuda que se está renegociando es ilegal, ilegitima y odiosa. Los Fondos de Inversión respondieron a la oferta oficial con contrapropuestas que pretendían llevar de $0.38 a $0.65 el valor presente de cada dólar de los bonos. Más bien, deberían estar temerosos a que la crisis de deuda argentina desemboque en un efecto dominó de cesaciones de pago a nivel mundial que les lleve la quiebra. No hay razones para ceder.

Más bien, el Gobierno debería avanzar en una investigación a fondo. Analizar la fuga de capitales de los últimos años, en especial al segmento más concentrado: los mayores 10.000 compradores de divisas fugaron casi 55.000 millones del 2015 a 2019, el 42,4% del total. Esta investigación debería poner en pausa la actual renegociación y el vínculo con el FMI, quien financió la fuga durante el período 2018-2019.

Además de ser utilizada para habilitar la fuga de divisas, la deuda se tomó al tiempo que se bajaban impuestos (de 26,2% a 23,6% del PBI) agravando el déficit fiscal. No fue para aliviar la carga sobre los sectores populares que pagan el 21% de IVA. El gobierno anterior bajó el impuesto a las ganancias, las retenciones a las exportaciones (que permiten captar parte de la renta agraria y minera), las contribuciones patronales (que financian parcialmente la seguridad social y el PAMI) y el impuesto a los bienes personales (un mínimo porcentaje a la riqueza). La implementación de un gravamen de emergencia a las grandes fortunas y ganancias tiene así una conexión directa con la investigación de la deuda y la salida de la crisis.

No hay razones para ceder

Es urgente que el estado disponga de grandes masas de recursos sociales para garantizar la atenciòn sanitaria, frenar y revertir el empobrecimiento masivo, y reimpulsar la economía. Esos recursos existen y están en manos de los empresarios (así funciona este sistema social). Ante la mezquindad empresarial, de esas grandes familias (Rocca, Bulgheroni, Pérez Companc, Blaquier, Roemmers, etc) que llevan décadas o siglos lucrando en nuestro país, no habría que descartar la intervención directa en las empresas para garantizar disponer de su producción y organizarla de manera que responda a las necesidad sociales. Una fuerte presión social y estatal sobre estas empresas es fundamental para que no naufraguen los esfuerzos de los sectores populares en cuarentena ni se dilapiden los recursos del estado.

Suspensión de pagos e investigación de la deuda externa!
Impuesto de emergencia a las grandes fortunas y ganancias
Investigación exhaustiva de la fuga de capitales y la evasión de impuestos

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