La implementación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) del gobierno nacional constituye una fabulosa transferencia de recursos desde las arcas estatales al empresariado local y extranjero que opera en el país, que llegó al absurdo de pagar parte de los salarios de CEO´s de primer nivel, como fue el caso de Carlos Eduardo Bacher, ejecutivo de Techint, responsable del despido de 1450 trabajadores.
Sin criterios de selección por tamaño, rubro de actividad ni topes salariales, la asistencia alcanzó a empresas y conglomerados de la talla de Techint, LAN, Blaquier (Ledesma), Arcos Dorados (Mc Donalds), Clarín, Volkswagen, Mercedes Benz, entre muchas otras, financiando incluso los fabulosos salarios de su primera línea de ejecutivxs. Inexplicable subsidio para muchísimas empresas que no sólo tienen “espalda” para afrontar esta crisis sino que en algunos casos vienen obteniendo mayores ganancias porque resultaron beneficiadas en el marco del parate generado por la cuarentena. En el colmo de la inequidad, la asistencia excluyó a las cooperativas de trabajadores y trabajadoras que aún no reciben respuestas de parte de los funcionarios. En este sentido, y como ejemplo figurativo, el Hotel Bauen recuperado por sus trabajadorxs, que además ofreció sus habitaciones para recibir a personas contagiadas, quedó por fuera de la ayuda estatal. Mismos destino sufrieron otras empresas recuperadas simbólicas de las luchas del 2001, como Zanón, entre otras, mostrando el contraste alevoso de a quién se privilegia con la ayuda.
El escándalo de haber subsidiado a Paolo Rocca, Blaquier y Magnetto, entre otros, fue de tal envergadura que las autoridades de la AFIP publicaron días atrás una Resolución para que las grandes empresas puedan devolver el beneficio percibido (lo que seguramente será simbólico en los casos de los ejecutivos subsidiados pero no alterará lo fundamental del carácter del programa).
El ATP es administrado desde la base de datos de la AFIP, bajo el criterio político prioritario del ministro de Producción, Matías Kulfas, secundado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que ofició a su pesar de paupérrimo defensor de la medida ante los medios de comunicación e hizo un enorme papelón en una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich.
En un plano técnico, el gobierno defiende la medida señalando que el 94 % de las empresas asistidas cuenta con menos de 25 empleadxs y que las empresas de más de 800 trabajadores y/o trabajadoras apenas llega al 0,1 % de las firmas subsidiadas (lo cual es absolutamente previsible dada la lógica de reproducción y concentración capitalista). Sin embargo, el sesgo de la ayuda queda al desnudo cuando se analiza la asistencia desde el punto de vista de la erogación de recursos transferidos para el pago de salarios: allí ese 0,1% de grandes empresas representa el 15,9% de los recursos transferidos y si se suma la masa salarial correspondiente a las firmas de 100 a 800 trabajadorxs el número asciende al 42,7% del monto total puesto por el Estado para este programa, que para junio se estima alcanzará a 300.000 empresas y 2.700.000 trabajadorxs.
Aun así, las patronales subsidiadas siguen descargando sobre las trabajadoras y trabajadores el costo fundamental de la crisis económica profundizada al extremo por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia. Son numerosos los ejemplos de empresas cuyos trabajadorxs cobraron sólo la parte del salario pagada por el Estado o que apenas adicionaron una suma ínfima al subsidio estatal; aplicando en los hechos rebajas salariales ilegales, ya sea por ser superiores de hecho a las pautadas en el vergonzoso acuerdo UIA-CGT-Trabajo o por aplicarse en sectores de actividad que no suspendieron sus actividades por la pandemia sino que siguen produciendo con normalidad.
Desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs venimos planteando de manera sistemática que el esfuerzo de la cuarentena resulta cada vez más desigual en sus consecuencias económicas y sociales, a tono con una sociedad en la que unos pocos amasan ganancias fabulosas y disfrutan de una obscena riqueza, que es la razón de ser de la pobreza creciente de las mayorías populares.
El programa de Asistencia al Trabajo y la Producción hace de esa desigualdad una política pública que ni siquiera disimula un poco de su sesgo pro-patronal: el Estado subsidia a millonarios que hambrean a trabajadores y trabajadoras.