Mientras el gobierno nacional disputa su pelea con los acreedores que se han benficiado con el endeudamiento sideral de la Argentina, el Ministerio de Hacienda de Mendoza realiza una coferencia de prensa para declarar la calamidad de las finanzas provinciales. Y tal como la pandemia ya nos tiene acostumbrados/as, la política fiscal no muestra fisuras por orientación política. «Reconocer, reperfilar, pagar» son los mandamientos esenciales que los devotos representantes políticos llevarán hasta las últimas consecuencias.
Mendoza arrastra un déficit fiscal, en los últimos tiempos, desde el gobierno de Celso Jaque. De allí en adelante, creció sin parar a tal punto que, ya en 2015, Francisco «Paco» Pérez demoró el pago de salarios en sus últimos meses de gobierno. Con Alfredo Cornejo, el problema no hizo más que agravarse. La pobreza de los/as trabajadores/as y la deuda, que superó los 1.300 millones de dólares, es lo único que creció durante su gobierno.
Hoy, en medio de las restricciones que impone la cuarentena y el desplome económico mundial, el panorama de las finanzas de todas las provincias es dramático. Varias han anunciado la necesidad de usar cuasimonedas para el pago de salarios, lo cual es casi un hecho en los próximos meses. Hoy, el gobierno de Mendoza, señaló que, aunque el salario de abril está asegurado para los más de 90.000 trabajadores/as estatales, «No hay certeza sobre el pago de sueldos a término». Sobre el aguinaldo, la falta de certezas, se tranforma directamente en angustia.
El anuncio clave de Hacienda, en medio de mucho nerviosismo y tartamudeo, es la decisión de refinanciar dos deudas: una de 25 millones de dólares y 3.000 millones de pesos, que son los vencimientos inmediatos para los próximos meses. Además, se tomó la decisión de emitir letras, es decir, aumentar el endeudamiento para pagar deuda.
Más allá de los números, la definición política, en términos retóricos, fue: «No podemos afectar a un solo sector.» Lo que ya sabemos, «de esta salimos todos juntos», como si fuera posible exigir esfuerzos idénticos a trabajadores/as del Estado que viven con la mitad de la canasta básica familiar que a la familia Pescarmona (IMPSA), que ostenta la mayor la fortuna de la provincia y una de las más grandes del país. Como si fuera posible exigir más esfuerzo a trabajadores/as de la cosecha, abandonados/as en la terminal de ómnibus a la intemperie y sin comida durante días y esperando regresar a sus provincias de procedencia o a precarizados/as de la ciudad que apenas -y a duras penas- logran dar un plato de comida a su familia. Como si las empresas que amasan fortunas con el fracking o los grandes bodegueros que exportan a Europa y Estados Unidos no fueran quienes tienen que pagar esta desmadre por el simple hecho de que son los dueños de todo.
Por el marxismo, sabemos que una crisis es una fractura de la aparente normalidad del capitalismo; una puesta en blanco sobre negro de las entrañas de un régimen que acumula ganancia sobre la ruina de las vidas de millones, sobre la venta en pedazos del cuerpo de los/as trabajadores/as para producir ganancia y sobre la formidable destrucción de los bienes comunes.
La cuarentena aceleró lo que ya estaba en marcha: la inviabilidad de la deuda, la bancarrota de los Estados -sistemática, cíclica y la cual los acreedores son grandes ganadores- y la disputa por la ganancia. Por esto es imprescindible y urgente avanzar en la organización para: la suspensión de todos los pagos de deuda; por impuesto a las grandes fortunas; estatización de la banca; el transporte y las grandes industrias; la prohibición efectiva de los despidos; el control efectivo de los precios de bienes y servicios y un aumento de emergencia de salarios y programas para que ni una familia pase hambre.
Cuando la «cuarentena administrada» se flexibilice aún más los muertos serán los pondrá, como siempre, el pueblo, los/as trabajadores/as jubilados/as, el hambre será del pueblo; el mismo pueblo que con su trabajo volverá a levantar el país de la crisis con su trabajo. Por esto, la disyuntiva es más aguda que nunca: nuestro salario o sus ganancias; nuestras vidas o su ganancia; la comida de los/as más humildes o su ganancia. Eso es todo lo que las fuerzas del pueblo van a dirimir.