Las imágenes de ciudades europeas en cuarentena total y las situaciones dramáticas que se viven en los hospitales colapsados –principalmente de Italia, donde está teniendo lugar una verdadera “masacre de ancianos”- conmueven a la opinión pública internacional y dejan al desnudo hasta qué punto la irracionalidad del sistema capitalista hace estragos en la vida de millones de personas, entre catástrofes sociales, destrucción del medio ambiente y guerras de saqueo.
Por eso no llaman la atención las acusaciones de autoridades chinas hacia el gobierno estadounidense de haber sembrado el virus en la ciudad de Wuhan, cuna de la pandemia, en el marco de las olimpiadas militares realizadas el año pasado en China. Más allá de la improbable confirmación de esta aseveración, la acusación en sí misma –más no sea como posibilidad- inscribe el drama de la pandemia del COVID-19 en la trama de la guerra comercial estadounidense-china, ligándola además a las nuevas formas de guerras bacteriológicas diseñadas en los laboratorios de las potencias militares imperialistas.
Un hecho de enorme gravedad que sin duda ocasionará consecuencias económicas mundiales en términos de retracción económica global, que se combina con la caída de las bolsas de todo el mundo a raíz del desplome del precio del barril de petróleo, a causa del enfrentamiento entre Arabia Saudita y Rusia en el marco de la OPEP, y que nos indica que la crisis del capitalismo a nivel mundial está lejos aún de encontrar un curso de salida que no sea su propia agudización.
El ejemplo más brutal de esta criminal fuga hacia adelante lo encontramos en Inglaterra donde el ultra-liberal Boris Jhonson había dispuesto inicialmente no tomar medidas restrictivas para no impactar en la actividad económica, sobre la base de una brutal «teoría científica» que considera preciso dejar contagiarse libremente a una parte de la población para su autoinmunización de grupo, abriendo las puertas a una suerte de «selección natural» para la supervivencia. La dimensión de la amenaza que supone el COVID-19 obligó hoy mismo al cambio de postura del demente primer ministro británico que se vio forzado a ordenar medidas de distanciamiento social.
La emergencia sanitaria en Argentina: priorizar la salud de nuestro pueblo
Nuestro continente empieza a sufrir las primeras manifestaciones de la propagación de la pandemia en la región, a raíz de la “importación” del virus por parte de personas infectadas fundamentalmente en los países europeos más golpeados y que en pocos días comenzará a dar lugar, de manera inexorable, a los primeros casos “autóctonos” de contagio.
Como se ve, estamos a las puertas de una situación de suma gravedad y complejidad en materia de salud pública, que agrava aún más el cuadro ya existente por los brotes de dengue y sarampión, que en el caso del primero tiene su epicentro en la zona del NEA (con más gravedad en zonas limítrofes con Paraguay), pero que ya registra numerosos casos en CABA, conurbano bonaerense y otras provincias; en tanto que el segundo muestra un rebrote muy preocupante fruto de la destrucción del sistema público de salud, que pone en riesgo el status de Argentina como país «libre de sarampión». Este cuadro crítico deja al desnudo que la crisis social, la pobreza crónica y el ajuste sobre los servicios públicos ejecutado por los distintos gobiernos, constituyen una agresión brutal contra las condiciones de existencia y la vida misma de las mayorías populares de nuestro país.
Como siempre, en el marco de una sociedad atravesada por las desigualdades sociales y de género, con millones de personas sumergidas en condiciones apenas de supervivencia, los trabajadores y trabajadoras y el pueblo pobre somos los más expuestos a sufrir las consecuencias de esta pandemia. Y al interior de ese colectivo, será sobre las mujeres trabajadoras sobre quienes recaiga mayormente las tareas de cuidado de niños, niñas y adultos mayores. Lo mismo sucede en el sistema de salud, por su propia composición, donde la mayoría de las tareas de enfermería (actividad a la que se le niega el carácter profesional) son desarrolladas por mujeres, en condiciones precarias y con escasez de recursos, en una función de enorme riesgo por la exposición a todo tipo de virus y enfermedades.
A la luz de los episodios catastróficos y vertiginosos que tienen lugar en Italia -y con menor intensidad por el momento en España y Francia-, las medidas adoptadas por el gobierno nacional y anunciadas personalmente por el presidente Alberto Fernández, apuntan a moderar todo lo posible la curva ascendente de la primera etapa de contagios, que de acuerdo a su magnitud pondrá a prueba la capacidad del sistema de salud para atender de la afluencia masiva de pacientes contagiados, que requerirán el acceso a camas en establecimientos médicos y, eventualmente, la utilización de respiradores artificiales para los casos más graves.
En este marco de emergencia, desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs afirmamos que todos los recursos del sistema de salud en todos sus estamentos (sistema público, clínicas privadas y sanatorios de obras sociales) deben ser puestos al servicio del control y mitigación de la pandemia -bajo control de las autoridades sanitarias, con participación de profesionales y trabajadores/as especializados de la salud-, ubicando la preservación de la salud de la población por encima de cualquier otra consideración de tipo económica, comercial o corporativa.
A su vez, junto con la imposición de impuestos extraordinarios a grandes capitales, bancos y terratenientes para la atención de la emergencia, el gobierno nacional debe imponer a las empresas privadas el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones patronales para el cuidado de la salud e higiene de los trabajadores y trabajadoras, como así también prohibir taxativamente cualquier tipo de descuento (por cláusulas de presentismo) por el goce de las licencias dispuestas por el Poder Ejecutivo para las poblaciones de riesgo ante el avance del COVID – 19.
Del mismo modo, cuando el avance de la pandemia requiera, eventualmente, medidas más drásticas de control de la circulación de la población y de restricción de movimientos, los trabajadores y trabajadoras de fábricas y grandes empresas de servicios no pueden ser exceptuados de las disposiciones y recaudos elementales, como ya ha ocurrido en Europa por presión de las empresas, para seguir generando ganancias para los empresarios. En las ramas estratégicas para la emergencia (producción de alimentos, industria farmaceútica y otras) se deberá exigir los máximos recaudos de seguridad e higiene y esquemas de asistencia mínima para garantizar las producciones imprescindibles a nivel general.
El movimiento obrero tiene que ponerse de pie en defensa propia, no podemos permitir que la lógica del capital y de los gobiernos a su servicio, sigan arrasando con la vida de los trabajadores y trabajadoras en el altar del lucro patronal. En esta perspectiva, la puesta en funcionamiento de comités de salud laboral en todas las unidades productivas y de servicioes, integrado por trabajadores y trabajadoras de mayor idoneidad, es una política fundamental de autodefensa de nuestras condiciones laborales y de vida.
Más que nunca, queda en evidencia que los recursos generados con el esfuerzo de nuestro pueblo no pueden destinarse al pago de una deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta, sino que deben destinarse íntegramente a la salud, educación, trabajo y vivienda para nuestro pueblo. La suspensión inmediata de los pagos de deuda externa también constituye una medida necesaria y urgente para enfrentar la pandemia, obteniendo del cese de esa sangría recursos materiales necesarios para solventar políticas públicas sanitarias de calidad, que apunten al bienestar integral de la población.
Ante el bombardeo mediático, que junto a la sobreinformación genera dósis creciente de terror e individualismo extremo, debemos oponer la mayor y genuina solidaridad, favorecer una verdadera política de cuidados que visualice al otro y la otra no como una amenaza, sino como un hermano y hermana de clase con quien forjar una salida colectiva que derrote a esta pandemia y demás flagelos de la pobreza y la desigualdad social. Asimismo, cuanto mayor nivel de conciencia popular desarrollemos menos margen dejaremos para que los gobiernos puedan legitimar las políticas represivas, racistas y anti-inmigrantes a las que siempre recurren en coyunturas de emergencia con fines de disciplinamiento social y restricción de libertades democráticas.