A partir del 10 de diciembre Alberto Fernández (AF) presidirá un país en crisis económica y social luego de 4 años de devastación neoliberal macrista y con el peso de una impagable deuda externa. El próximo gobierno deberá afrontar un país integrado a un continente en estado de ebullición y con un escenario geopolítico en franca disputa, surcado por rebeliones populares, históricas irrupciones de masas, represiones brutales y la vuelta de los golpes de estado clásicos a Nuestra América.
El escenario se reconfigura rápidamente a nivel continental. Lo que aparecía como la incuestionable y abrumadora hegemonía neoliberal se resquebraja.
En Brasil, el fascismo de Bolsonaro aparece como el contrincante estratégico en la disputa de liderazgo de bloques en la región, que por estos días asimila el desafío que supone la excarcelación de Lula Da Silva, que estará puesta al servicio de la recomposición electoral del alicaído PT. Por su parte, el golpe de Estado fascista y racista en Bolivia y el exilio de Evo Morales en México pone a nuestro hermano país en una situación dictatorial (al tiempo que le resta un aliado al próximo gobierno argentino si se confirma el actual cuadro); mientras que la sostenida insurrección popular en Chile (y también en Ecuador) expresa -desde el punto de vista de los sectores que hoy se agrupan en el “albertismo”-, la confirmación de las consecuencias sociales y de gobernabilidad de la aplicación de recetas neoliberales ultraortodoxas (es decir, se trataría según estas visiones, de un cuestionamiento al “modelo” pero no al sistema capitalista). Asimismo, la muy posible derrota del Frente Amplio uruguayo en segunda vuelta terminaría por completar el tablero subcontinental, signado mayormente por administraciones de derecha pro-estadounidenses.
Como conclusión política de la lectura de este escenario continental en movimiento, AF “saltó el cerco” más inmediato para irse hasta México y junto a López Obrador dar impulso al “Grupo Puebla”, una iniciativa táctica de acumulación de fuerzas de un reagrupamiento de sectores “progresistas” en materia de política internacional, que busca incidir en el mapa político latinoamericano y en la que por el momento confluyen más opositores que gobernantes en sus respectivos países.
De conjunto, puede visualizarse por un lado un bloque de países con gobiernos de derechas abiertamente alineados con la Embajada norteamericana (Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, a los que pueden sumarse Bolivia y Uruguay, de acuerdo a la resolución de la situación política en cada país); y otro agrupamiento muy moderadamente progresista que buscará ejercer de contrapeso, con la pretensión de sostener niveles básicos de autonomía respecto a la injerencia yanqui en la región, con México y Argentina como principales impulsores. Para este sector, la actual Venezuela de Maduro no resulta un aliado “deseable” pero resulta preferible en última instancia antes que el títere de Guaidó, que en caso de tener éxito la permanente intentona desestabilizadora de los yanquis contra el proceso bolivariano, sin duda pasaría a ser un prominente integrante del primer grupo.
Y en la Argentina Macri nos deja al Fondo
La apuesta de AF en el plano latinoamericano tiene un claro sentido geopolítico que, lógicamente, empalma con las necesidades y urgencias domésticas en materia política y económica. En este caso, el futuro presidente tiene muy claro que deberá afrontar un cuadro de fuertes restricciones materiales durante su gestión, que se desprenden del impacto de una abrumadora deuda externa con el FMI, que obligará más temprano que tarde a una renegociación de plazos, cuanto menos, para sortear un inexorable default.
La deuda total del estado nacional ascendía a 350.400 millones de dólares al 30 de junio pasado. Al momento de asumir Macri esa deuda era de 254.000 millones. Durante el gobierno de Cambiemos, el endeudamiento sufrió un cambio cualitativo respecto a la deuda legada del kirchnerismo, a partir del tipo de deuda contraída. El profundo proceso de endeudamiento del macrismo, que representa un incremento de un 38% del total en solo 4 años de gobierno, implicó la creación de bonos de deuda a 100 años de nuestro país y la toma de deuda a corto plazo, lo que implica intereses más altos y con vencimientos próximos, lo que aumenta la presión sobre el exigido ajuste fiscal.
Si en 2015 la deuda representaba el 52,6 % del PBI en 2019 terminará representando el 84 %.
La única deuda que cayó durante el gobierno macrista fue la deuda interna con el estado. El Tesoro tomó fondos del Banco Central, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de una cantidad de reparticiones, con el argumento de que esto limitaba la capacidad de presión de organismos de crédito internacionales como el FMI. Pero esos organismos sufrieron así una quita de recursos que estaban destinados, por ejemplo, a pagar a los jubilados.
El esquema de endeudamiento del macrismo implicó además la apertura del mercado financiero, generando una fuga de capitales que se calcula en 13.827 millones de dólares.
Las declaraciones de AF en relación con la imposibilidad de pagar la deuda realizadas en México asumen la realidad de la economía de nuestro país. Una brutal recesión. En ese contexto, para las renegociaciones con el FMI el próximo gobierno requiere, por un lado, el mayor apoyo posible en el plano regional para encarar el proceso en el que incidirá de manera decisiva el gobierno de Trump, de allí que enviará a uno de sus más cercanos colaboradores -Sergio Massa- en plena campaña electoral a conversar con el Dpto de Estado norteamericano. Al mismo tiempo, la continuidad de la abrumadora carga de la deuda externa y de la injerencia fondomonetarista constituirán una importante presión en pos de promover las medidas tendientes a lograr la austeridad fiscal y las habituales exigencias de “reformas” que son el ABC del paquete de medidas por las que siempre presiona el Fondo (laboral, previsional, etc.).
La encrucijada consiste aquí en que buena parte del caudal de votos que permitió la victoria del Frente de Todos mantiene la expectativa de que el próximo gobierno revierta las políticas de ajuste neoliberal que se vienen implementando. Pero la situación económica está lejos de ser la de 2003, dado que las arcas están vacías.
Apoyándose en el volumen político que le otorga la reunificación del peronismo, el gobierno del Frente de Todos apostará a amortiguar contradicciones a través de un Pacto Social que asegure ganancias empresariales y gobernabilidad, desde la que se propondrá encarar la renegociación con el FMI. A diferencia del contexto internacional favorable con el que asumió Néstor Kirchner, luego del trabajo sucio de la devaluación y pesificación realizado durante el interinato de Eduardo Duhalde (incluyendo una brutal represión al movimiento piquetero más radicalizado), el gobierno de AF no contará con precios internacionales excepcionalmente altos de comoddities como los de aquel momento, a caballo del sostenido crecimiento superlativo de la economía China.
Aquí reside el principal escollo al que deberá hacer frente el próximo gobierno peronista: la imposibilidad material de hacer coincidir, al menos coyunturalmente, la defensa de los intereses y expectativas populares de bienestar económico y social con la continuidad de la injerencia del FMI y la sangría de la deuda externa, en un cuadro económico mundial que aún no supera la situación de crisis capitalista abierta en 2008.
Hacia un gobierno de amplia base social
A tono con su procedencia política, el gobierno peronista del Frente de Todos buscará apoyarse en una base social amplia y extendida, desde la cual pueda llevar adelante un contrapeso de negociación con las fracciones capitalistas más concentradas y volcadas a la maximización financiera sin anclaje sustantivo con el mercado interno, en contraste con los “excesos” del neoliberalismo en materia de inequidad social. Distintos sectores del empresariado capitalista local ya se han realineado y manifestastado sus expectativas al futuro presidente. Desde la Unión Industrial Argentina pudieron presentarle un plan productivo de cara al 2023. También manifestaron su optimismo los miembros de la Confederación Empresaria Argentina (Cgera) que agrupa a las PYMES.
Emulando el viejo Pacto Social y la clásica política de conciliación de clases, se prometen políticas que permitan la recomposición del salario, del consumo, del desarrollo industrial y de supervivencia de las PYMES y la reconstitución de ciertas políticas de seguridad social. Sin embargo, como desarrollamos más arriba, las bases económicas reales para llevar a la práctica estas promesas son más que endebles.
En esta línea de consolidación y ampliación de base social de sustentación, AF viene sellando uno a uno acuerdos sectoriales y de entendimiento político con los distintos actores del movimiento popular que son decisivos en la regulación de la conflictividad social en Argentina (como lo demuestra, por omisión, la calma social que caracteriza las últimas semanas del macrismo en el poder, mientras América Latina arde en rebeliones).
Así, AF se reunió primero con la dirección de la CGT Azopardo, en la que participaron todas las facciones cegetistas, sin excepciones, y también de las CTAs que se aprestan a un proceso de unificación para comprometer su participación en el acuerdo social. A contramano de las necesidades de la clase trabajadora, la burocracia sindical ya comienza a operar en pos de garantizar el orden y la paz social dando continuidad a lo realizado durante el macrismo, planteando que sería posible aceptar un congelamiento salarial (en momentos en que la inflación interanual asciende a un 60%) y que sin duda habrá que comenzar el año con una tregua que no incluya por ejemplo paros nacionales de la docencia.
Luego fue el turno de la reunión con los movimientos sociales alineados con el Frente de Todos (CTEP, CCC, Barrios de Pie y un sector del FPDS), junto con el próximo ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo en la que se garantizaron cargos en la estructura del estado para los dirigentes de estos movimientos a cambio de comprometer no salir a las calles; siendo una de las mayores preocupaciones la capacidad de movilización desplegada en los últimos tiempos por este sector de trabajadores y trabajadoras precarizades. Aquí, el papel del Vaticano en lograr el disciplinamiento y alineamiento no ha sido menor.
En este punto, es de destacar al acción del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) que declinó la invitación a participar de este cónclave y envió una carta señalando que no se subordinará a los intereses de los sectores privilegiados de nuestro país.
Recientemente AF participó en una actividad pública con una fracción del movimiento de mujeres, y adelantó allí su posición de impulsar un proyecto parlamentario de legalización del aborto. Esto fue saludado gratamente por una parte de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
De concretarse la legalización del aborto, el gobierno del Frente de Todos se postulará para catalizar una parte significativa del capital político de la masiva marea verde de mujeres y disidencias, que venimos peleando a brazo partido desde hace años por el aborto legal, seguro y gratuito, en un proceso que puede presentar similitudes con el impacto que en su momento tuvo el viraje de Néstor Kirchner hacia los organismos de derechos humanos y la canalización e institucionalización de parte de sus demandas históricas.
No puede perderse de vista que estos movimientos y giros tácticos empezarán a incidir también al interior de la propia coalición de gobierno, donde la colisión entre el sector liderado por Alberto (PJ tradicional y gobernadores) y el kirchnerismo puro, es una hipótesis que podría comenzar a ganar terreno. La alianza de “todos adentro” acumula no pocas tensiones, y muchas de ellas empalman con sentidas demandas populares que, sabemos, el próximo gobierno no resolverá.
A medida que se acerquen las elecciones legislativas de 2021 y el “albertismo” requiera consagrar y ampliar sus propias posiciones en el armado oficialista estas tensiones probablemente se agudizarán.
En cambio, donde parece que el próximo gobierno no tiene mucho margen para realizar gestos o empujar iniciativas progresivas o de ampliación de derechos es en el plano medioambiental, donde por las restricciones materiales mismas de la coyuntura, el modelo de agronegocios y extractivista se mantendrá más vigente que nunca, con el proyecto de Vaca Muerta como apuesta estratégica de relanzamiento del desarrollo capitalista en Argentina. A su vez, tampoco se ha insinuado siquiera una política que combata el saqueo de los territorios de los pueblos originarios, ni atienda a sus legítimas demandas, ni juzgue y condene a los responsables materiales y políticos de la política represiva impulsada por Patricia Bullrich y Macri durante su gobierno.
Acumular fuerzas en un contexto de inicial aislamiento
Si durante el macrismo gran parte de la discusión que atravesó a las izquierdas fue acerca de los criterios y alcances de la política de unidad de acción frente a las políticas de ajuste del gobierno, en la actual coyuntura el debate que tendremos por delante es cómo llevar adelante nuestras luchas por todas nuestras reivindicaciones y derechos como pueblo trabajador, procurando sortear el aislamiento que se desprenderá del previsible inmovilismo de las conducciones sindicales y sociales que se sumarán al Pacto Social en un contexto donde a su vez el bloque de derecha de la alianza PRO-UCR se mantendrá con una presencia significativa a nivel parlamentario y territorial, ubicada en la oposición. En este sentido, la agitación del retorno de la derecha se nos querrá imponer como límite para el impulso de las luchas.
Debemos apostar a una política propia sostenida en el tiempo, que combata la inacción de las conducciones burocráticas pero sin contentarse con desplegar luchas testimoniales que convocan solo a los convencidos sin posibilidad de incidir en la realidad.
La coordinación de las luchas obreras y populares en curso es un primer paso en esa perspectiva pero está claro que por sí solo no alcanza para gestar una orientación alternativa, que pueda acumular política y socialmente en un sentido anticapitalista y antiimperialista. Deberemos continuar acumular fuerza social en nuestros lugares de trabajo, en los barrios, las universidades, en el movimiento estudiantil y de trabajadores y trabajadoras precarizadas, en el movimiento feminista y de disidencias a partir de las luchas concretas, y dando un debate en torno a cuáles son las causas profundas de nuestros problemas y cuáles nuestras reales posibilidades de emancipación para acumular en un sentido de un proyecto revolucionario. No empezamos de cero, venimos acumulando experiencia de lucha y organización en amplios espacios.
Será necesario mantenernos firmes en la perspectiva de construir una alternativa política anticapitalista desde la izquierda frente a las opciones patronales, como venimos intentando desde nuestra participación en Poder Popular.
Desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs seguiremos apostando a una perspectiva de independencia de clase, mediante un mayor protagonismo popular en conexión con el empuje y las enseñanzas de las rebeliones populares de Nuestra América que – entre otras cosas- han puesto sobre la mesa las limitaciones del progresismo y la necesidad de avanzar en transformaciones profundas anticapitalistas.
Por ello, el enfrentamiento irreductible contra las derechas neoliberales, racistas y pro-imperialistas debe favorecer la emergencia de proyectos políticos que no sólo busquen morigerar los efectos más nocivos de este modelo de ajuste y saqueo, sino que impugnen también, de raíz, las consecuencias económicas, sociales y políticas del sistema capitalista, enemigo de los pueblos y de la humanidad toda.
La deuda es con el pueblo, NO con el FMI
Sigamos en las calles contra el Pacto Social
