Se ordenó la detención de 49 ex policías del centro clandestino D2. Deberán responder por homicidios y torturas.
En Mendoza se llevan adelante desde 2010 los juicios por crímenes de lesa humanidad. Durante estos años se ha imputado a militares, policías y civiles –incluyendo un juicio contra los jueces y personal del sistema judicial cómplice y criminal– por su participación en el genocidio. Son responsables de privaciones ilegales de libertad, homicidios, tormentos, apropiación de menores, abuso sexual, asociación ilícita, entre otras aberraciones.
Hace unos días, la Cámara Federal de Mendoza dio lugar a un recurso de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la provincia y ordenó la detención de 37 represores, 19 de ellos acusados por primera vez, en el marco de la causa por los crímenes cometidos contra más de 300 víctimas durante la última dictadura en el Departamento de Investigaciones Policiales, conocido como D2, el mayor centro clandestino de detención de la provincia.
La fiscalía precisó que el D2 “poseía los hombres, ya experimentados en esta tarea de secuestrar, torturar, violar, robar y matar; los medios, todo un departamento policial dedicado no sólo a la información sino también a la inteligencia: carpetas enteras con datos, nombres, lugares, ideología, actividades políticas, gremiales, sociales, etcétera».
Además, manifestó que el centro de detención “ya era clandestino en democracia”, dado que comenzó a operar a fines de 1974; y que tenía “ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno, de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, de Tribunales Federales y de la Penitenciaría».
El fiscal federal Dante Vega –quien lidera la investigación– junto a los abogados querellantes, solicitaron la prisión preventiva para evitar que los acusados entorpezcan la pesquisa y porque los hechos por los que se los acusa son particularmente graves. Los propios jueces destacaron en su fundamentación que “Sabido es que, una parte del intento de ocultamiento del gobierno militar, sobre su ilícito accionar fue la destrucción y/o ocultamiento de la documentación oficial, lo cual tiene como consecuencia que aún continúen ocultos por parte de integrantes del aparato represor, datos, hechos y víctimas, que conocen por haber participado en la mayoría de los casos, y haber participado actualmente en la comisión de esos ilícitos”, evidenciando la continuidad en el aparato represivo.
Pero a pesar del avance contra la impunidad que significa esta resolución, como es moneda corriente ya, y a pesar de haber sido condenados o estar siendo juzgados por delitos aberrantes, muchos de los genocidas gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, amparados en razones médicas.
Mientras las cárceles de nuestro país están llenas de pobres con prisión preventiva por períodos larguísimos en condiciones inhumanas, sometidos a un poder estatal que criminaliza a los sectores más vulnerables y a los luchadores y luchadoras populares, se les garantiza impunidad a los genocidas. Durante décadas esto ha sido así.
Un informe de la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad señala que hasta el 15 de marzo de 2019, en la Argentina hay 3.161 personas que alguna vez fueron investigadas por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. De ese total, sólo 675 personas llegaron a ser procesadas. Son 1.439 los imputados por delitos de lesa humanidad. De ese total 977 son los que están detenidos, pero 650 de ellos gozan del beneficio de arresto domiciliario.
Esa impunidad fue garantizada por todos los gobiernos desde 1983 y por todos los partidos tradicionales, que frente a la lucha de las organizaciones revolucionarias garantizaron el poder de las clases dominantes en nuestro país a sangre y fuego.
En este escenario, la lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo todo contra la impunidad, constituye una base fundamental para lograr efectivamente verdad y justicia. Por ello, seguiremos reclamando cárcel común y efectiva a todos los genocidas.
Son 30 mil: fue genocidio
¡Con la fuerza de nuestros/as 30 mil compañeros/as detenidos/as desaparecidos/as, seguimos luchando por el socialismo!