Este lunes 30 de septiembre se publicó el Decreto Presidencial 669/2019. En él, Macri y su gabinete rubrican la baja en las indemnizaciones por accidentes y muerte de trabajadores/as. A menos de una semana del derrumbe en la obra del Aeropuerto de Ezeiza que se cobró la vida del obrero de la construcción José Bulacio, el gobierno de los empresarios le vuelve a regalar millones a las ART y a quitárselos a quienes sufren accidentes laborales invalidantes o letales.
Necesidad (de las ART) y urgencia (del gobierno saliente)
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobierno de Macri avanzó este lunes 30-09 con modificaciones que rebajan las tasas para calcular las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva (ILD) o muerte de trabajadores/as. Además, y de manera inconstitucional, el DNU posee retroactividad y pretende modificar las indemnizaciones sobre los juicios ya abiertos.
En sus considerandos, el decreto sostiene que el actual sistema y tasas en las indemnizaciones “fomentan la litigiosidad” y que “el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las Aseguradoras”.
Una vez más, y próximo a marcharse, el gobierno de los CEOs legisla para los empresarios: en este caso, por decreto, y a favor de los bancos y accionistas de las ART, a los cuales se les cuida obscenamente el bolsillo en perjuicio de los/as trabajadores/as que sufren accidentes invalidantes o la muerte.
Un sistema de negociados heredado del menemismo
Originada en el menemismo, la Ley N° 24.557/1995 (Ley de Riesgos del Trabajo), afecta actualmente a cerca de 9 millones de trabajadores/as registrados/as. Cada empleado/a tributa a las aseguradoras (ART), que por ley deberían implementar acciones tendientes a la capacitación y prevención para combatir enfermedades laborales y accidentes. Nada de eso ocurre: en manos de grandes bancos, las ART son un negocio multimillonario en el cual la especulación bursátil que enriquece a unos pocos jugadores se solventa con el aporte de los/as laburantes. En épocas de elevada inflación, el dinero que se nos descuenta alimenta la timba financiera con tasas siderales, mientras que las demoras en las indemnizaciones se cuentan en años, especialmente cuando media un juicio para acceder a ellas.
La reforma de las ART de 2017 había pautado la implementación obligatoria de Comisiones Médicas designadas por las propias ART, que dictaminarán acerca del tipo de enfermedad o accidente laboral como requisito previo a cualquier intento de juicio. Los dictámenes de éstas pueden apelarse, pero el paso previo por ellas es obligatorio antes de litigar. Así, constituyen un verdadero “filtro” para los damnificados. Desde luego, la reforma de 2017 no disminuyó la cantidad de accidentes ni de muertes, más precisamente asesinatos laborales, que alcanzan cifras cercanas a los 700 al año (casi 2 por día). Sí, cayó abruptamente la “litigiosidad”: en CABA, a un año de la implementación de esta reforma, los juicios se habían reducido casi en un 50%.
Desde Venceremos-Partido de Trabajadorxs, rechazamos este nuevo atropello empresario. Exigimos su inmediata derogación, denunciamos y enfrentamos todos y cada uno de los asesinatos laborales a los que la codicia patronal y el capitalismo nos someten.