Esta madrugada en el Hospital Eva Perón en el norte de la provincia de Tucumán le practicaron una cesárea a Lucía, la nena de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela. A pesar de que ella pidió en cámara gesell que le “sacaran eso que le había metido el viejo”, no se respetó el protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE), ni la voluntad ni el cuerpo de Lucía. No esta demás remarcar, que la ILE es un derecho avalado desde 1921 para diversas situaciones en la legislación nacional y por el fallo FAL.
La niña había ingresado al sistema de salud con un embarazo de 16 semanas. La interrupción LEGAL del embarazo se hubiera podido practicar en 48 horas, sin riesgo para la salud de ella. Pero, no se le hizo caso y se dejó avanzar la gestación hasta la semana 23. En el transcurso de ese mes, Lucía tuvo lesiones autoinflingidas y ataques de angustia.
Anoche, el Gobierno de Tucumán emitió un contradictorio comunicado indicando que se iba a respetar el protocolo de ILE, pero, para que “se continúen los procedimientos de en procura de salvar las dos vida”.
El avanzado embarazo y la preclancia (o sea, aumento súbito de la presión de la nena, que puede llevarla a un paro), obligaron a los profesionales, la Dra Cecilia Ousset y su marido, a una práctica “por vía superior”. Es decir, una cesárea.
Ambos médicos ginecólogos, trabajadores de clínicas privadas, se acercaron a asistir en el procedimiento, debido a que la directora del hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, se había negado brindar los profesionales para realizar la ILE. La responsabilidad del Gobierno de Juan Manzur, ex Ministro de Salud del kirchnerismo es evidente: retuvo tanto tiempo a Lucía que era imposible practicar una interrupción voluntaria sin riesgos y sin el trauma de una cesárea.
Cuando llegaron al quirófano todos los profesionales se declararon en objeción de conciencia, incluido el anestesista. Debido a ésto y para terminar de una vez con el martirio de Lucía, la doctora Ávila y su esposo tuvieron que asistirla totalmente solos.
Lucía no tuvo jamás asistencia psicológica hasta hace 2 días, cuando las abogadas de Andhes y Cladem lograron llegar a ella, sólo gracias a la presión de las organizaciones feministas de la provincia. Pidió OCHO VECES que se interrumpiera el embarazo, pero las autoridades del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) no sólo no hicieron caso, sino que, según cuentan las abogadas de Andhes, se dedicaron a romantizar el embarazo, a tocarle la panza para intentar influenciarla y la dejaron en custodia de tres oficiales masculinos.
Lucía viene de una familia donde ya había casos de abuso. De hecho, se encontraba bajo custodia de su abuela, luego de que la pareja de su madre abusara de sus dos hermanas.
Por su parte, el Arzobispo de Tucumán, Carlos Sanchez, pidió a través de un audio de whatsapp para viralizar “custodiar” al feto que llevaba en el vientre Lucía. La vida de esta última, queda relegada tanto para el Estado como para las iglesias, quienes en estrecha alianza no sólo imponen el mandato de ser madre sino que propician métodos propios de una tortura a una niña, violando al mismo tiempo, todo tipo de convención sobre los derechos de la niñez.
Por ella y por todas las niñas cuyos cuerpos, como dijo Mariana Carabajal en Página 12, están siendo tomados como territorio para la cruzada de los antiderechos, tenemos que salir a repudiar a este Estado machista y patriarcal, a los responsables políticos de la violencia contra las mujeres y niñas, y las Iglesias que le han declarado la guerra a nuestros cuerpos.
¡Renuncia ya de todos los funcionarios implicados!
¡Niñas no Madres!