El avance de la crisis económica comienza a prefigurar un bloque opositor burgués encabezado por Techint y los industriales. El papel de Duhalde y la carta perdida de la AMIA.

El 2019 comenzó con el despliegue de una serie de rearmados que se conjugan y retroalimentan con el desarrollo del ajuste aplicado por Cambiemos y el FMI. Ante un panorama de estabilidad en las variables macroeconómicos, el gobierno empieza a ver crujir sus planes bajo el calor de las internas patronales.

El anuncio del recorte de los subsidios para Vaca Muerta tiene un alcance que supera largamente un contrapunto en relación a una medida económica. Los subsidios a la producción de Vaca Muerta representan un jugoso botín para las principales empresas petroleras de 1.200 millones de dólares. El FMI reclamaba la aplicación de un recorte inmediato. Perdido por perdido, el gobierno optó por aplicar un esquema que afectó mayormente a Tecpetrol, la petrolera de Paolo Rocca, y puso de su lado a YPF, Dow y el resto de las compañías.

La decisión marca una ruptura entre el gobierno y la patronal de Techint, que se habían mostrado fuertemente aliados cuando emergió la causa de los cuadernos. Con Rocca en la vereda de enfrente, la historia que se empieza a contar puede ser muy diferente para Cambiemos.

En este cuadro, la UIA salió públicamente a reclamar la aplicación de un programa de 35 medidas para defender la industria nacional, colocándose claramente en el campo de una candidatura opositora. Justamente, fueron las patronales medias y pequeñas de la industria textil quienes sabotearon un intento de reforma laboral en el sector encabezada por el gobierno y las grandes marcas como Cheeky (propiedad de la familia Awada).

Párrafo aparte merece la denuncia de extorsión del empresario agropecuario Pedro Etchebest que se hizo pública en el medio dirigido por Horacio Vertbisky, en la que se involucra al fiscal Carlos Stornelli, al abogado Marcelo D´Alessio e incluso al juez Claudio Bonadio, todos ligados al gobierno de Cambiemos. En ella, se evidencia el modus operandi de la justicia cuando se trata de los intereses de la burguesía. Constituye, al mismo tiempo, un duro revés para el discurso “anti corrupción” sobre el que el macrismo y sus aliados se han intentado montar al tiempo que le baja el precio de los efectos electorales que pueda tener la causa de los cuadernos.

La crisis de la burguesía industrial con el gobierno de Cambiemos resultado de su plan económico alimenta la candidatura de Roberto Lavagna, histórico representante de este sector. El reciente papel del expresidente Duhalde como articulador en un frente entre Lavagna y CFK puede ser leído en esta clave. Si bien su proyección electoral es limitada, en un cuadro de profundización de la crisis puede operar para canalizar los intereses de la clase capitalista.
Pero también sectores de la misma alianza gobernante se comienzan a preparar para saltar del barco antes de que sea tarde. Las declaraciones del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo así lo manifiestan. Quién hasta meses no ahorraba elogios para Macri, ahora salió en los medios desmarcándose de cara a 2019 y afirmando que preferiría una fórmula radical para las presidenciales.

A la luz de estos reordenamientos, también cobra mayor sentido un hecho que pareció casi una torpeza: la carta del presidente de la AMIA, Agustín Zbar, para retirar a la DAIA de la denuncia contra la exmandataria CFK en la causa por el memorándum con Irán. Si bien se trató de una iniciativa que no contaba con mayores respaldos, como se reveló su rápida retirada, no deja de ser una aproximación a un futuro recambio de gobierno. No son pocos quienes interpretaron la misiva como un pedido para no ligar el destino de la mutual judía a un gobierno de futuro incierto.

Así las cosas, todo indica que la burguesía va configurando su plan B para cuando el ajuste de Cambiemos y el FMI sea ya insostenible.

Lxs trabajadorxs debemos seguir con atención la situación e intervenir con nuestro propio plan, en defensa del trabajo, el salario, la vivienda, salud y la educación.

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