La profundidad de la crisis económica es el elemento más relevante de la coyuntura actual. La falsa salida que propone el macrismo, echa más leña al fuego, al profundizar las reformas previsional y laboral. Frente a ello hacen falta la más amplia unidad en la lucha y una respuesta de fondo a favor de los intereses de las grandes mayorías trabajadoras.
El año nuevo trajo un panorama económico desolador. La importante recesión de 2018 (-2,2% según Indec, -2,8% según FMI) se basa en la caída de la industria (-12,6%), de la construcción (-11,4%) y del comercio (-17%), acompañados por la merma de las importaciones (-29,2% interanual), el récord en fuga de capitales (US$ 27.320 millones), y un tremendo endeudamiento externo (US$ 330.000 millones) que alcanza el 80% del PIB.
Aunque con el “enfriamiento” aspiraban a controlar la inflación, ésta fue la más alta desde 1991 (47,6%), arrastrada por la devaluación (114%) y el aumento de los servicios públicos (53,5%), que a su vez afectaron gravemente a los usuarios con subas exorbitantes (entre 2015 y 2018 subió 3.600% la luz, 2.400% el gas, y 1.000% el agua, aumentando la incidencia en el salario, del 6% a 20%).
El impacto social de estas medidas es contundente, como lo registra el aumento de la desocupación y de las líneas de pobreza e indigencia, y la caída del ingreso real de trabajadores/as registrados, en negro, con asistencia social, y jubilados/as (ver nota aparte). Mientras tanto, los bancos ganaron $153.978 millones en los primeros 11 meses de 2018, aumentando sus utilidades en un 99,1%, compartiendo con las privatizadas y el campo el lujo de ser los únicos ganadores. De esta forma la participación del salario en la torta del ingreso total bajó del 50,6% al 45,9%, mientras las ganancias empresariales aumentaron del 40,9% al 45,7%.
Desde el macrismo saben que la economía seguirá a la baja, tal como lo reconocen tanto el gobierno (-0,5%) como el FMI (-1,7%), por lo que han ordenado borrar estos temas de la campaña electoral y centrarse en los debates sobre corrupción y seguridad (ver nota aparte).
Otra vez las reformas
El camino que Cambiemos promueve para enfrentar la situación, lleva -al contrario de lo que dicen- a profundizar el ataque a la clase trabajadora y el pueblo y aumentar la dependencia del país. Siguiendo al pie de la letra y con gusto lo exigido por el FMI, junto al programa de ajuste fiscal, busca establecer profundas reformas en el plano previsional y laboral, para beneficiar al empresariado. En este año electoral tendrán el cuidado de hacerlo sectorizadamente y sin necesidad de una ratificación parlamentaria, para evitar el conflicto social.
A la reforma previsional iniciada en 2017 (cuando se modificó la fórmula de movilidad llevando a una baja en el ingreso real, se inició el proceso para el aumento de la edad jubilatoria y se habilitó al ANSES a vender parte de sus activos, desfinanciando la caja previsional), se pretenden añadir ahora dos nuevos elementos: 1. otro recorte del haber, por la reducción de la “tasa de sustitución” al 35% (una baja del ingreso inicial de jubilados a partir de un nuevo cálculo que pasa de registrar el promedio de los últimos 10 años, al de los último 25 o incluso de todo el período de actividad). 2. reinstalación de la “capitalización individual”, con un nuevo sistema de “AFJP de hecho”, promoviendo que los trabajadores de mayores ingresos puedan derivar sus aportes “voluntariamente” a “seguros de retiro”.
Por su parte la reforma laboral, al no poder aprobarse de forma general por la resistencia popular, se viene aplicando segmentadamente. Ahora apuestan a hacerlo en el rubro textil, deslindando a las patronales la responsabilidad de la indemnización y flexibilizando la jornada laboral (ver nota aparte).
Así, sobre un marco de crisis profunda, el macrismo va por más, atacando de lleno a la clase trabajadora y el pueblo. Es fundamental desarrollar una lucha amplia y contundente, que una en las calles a todos los sectores que se oponen a esta avanzada neoliberal, para pelear por la recomposición salarial, contra los despidos, y por derrotar los nuevos intentos de reforma previsional y laboral.
Para una salida de fondo
Las condiciones de la economía nacional son durísimas. Sobre un marco de desigualdad previo, marcado por la precarización y que llegó a importantes niveles de pobreza al finalizar el período kirchnerista, el gobierno de los CEOs directamente está destruyendo la economía y llevando a la ruina a las grandes mayorías trabajadoras. Para revertir esta situación es preciso tomar medidas profundas, que permitan el desarrollo nacional y beneficien a la clase trabajadora y los sectores más humildes de nuestro pueblo, quienes venimos sosteniendo sobre nuestras espaldas todo el peso de esta política económica de ricos.
La deuda externa que alcanza entre el 80% y 90% del PBI, es el principal obstáculo para cualquier salida. Es la deuda más grande en relación al PBI de toda América Latina, por la que actualmente se pierden 1 millón de pesos por minuto. Según las imposiciones del FMI, nuestro país debería seguir pagando cifras millonarias (US$ 116.300 millones entre 2020 y 2023). Pero se trata de una deuda totalmente amañada, hecha a medida de los negocios de Macri, Caputo y sus socios, y que acumula una historia de estafas en dictadura y en democracia, y de la cual ningún trabajador ni trabajadora de a pie vio un centavo. Frente a esa situación, es urgente la suspensión total del pago de la deuda hasta tanto no se investigue el destino de esos fondos, y los negociados que hay detrás. La situación crítica que atraviesa nuestro pueblo no deja lugar para “reestructuraciones” que impliquen un mantenimiento de estas relaciones de dependencia con el nefasto FMI, sino que obliga a derivar esos recursos al desarrollo nacional y el bienestar de nuestro pueblo.
A su vez es preciso avanzar en el control estatal y público de los principales resortes de la economía nacional. En primer lugar, con el control efectivo del comercio exterior, para poner fin al flujo de capitales hacia el exterior, tener un control sobre las importaciones que están destruyendo la economía nacional, y poder manejar los recursos que provienen de la exportación, particularmente del campo, para que sean utilizados en beneficio de las mayorías populares.
También las empresas de servicios públicos deben estar bajo la órbita del estado, terminando con el fabuloso negocio de las privatizadas, quienes junto a los bancos y el campo se están llevando la riqueza de nuestro país. Se trata de una elemental medida de soberanía nacional, que a su vez permite dar marcha atrás con el ataque brutal del tarifazo, que debe ser anulado, reconvirtiendo a la luz, el gas, el agua y los transportes en verdaderos “servicios públicos” y no en un negocio.
El sistema bancario, hoy totalmente colonizado por compañías privadas y mayormente extranjeras, debe ser reestructurado en su totalidad, a partir de la nacionalización de la banca, para que ésta tenga un sentido público, de promover el desarrollo nacional, y no sea, como hoy, la cueva en la que se recluyen los mayores estafadores. En ese marco, es central defender un sistema previsional público, a contramano de las políticas privatistas que atentan contra las y los jubilados.
A su vez, frente al grave cuadro que muestra la distribución del ingreso, el aumento de la pobreza y la miseria, se necesitan medidas contundentes en favor de los más necesitados: una política progresiva de impuestos, que al tiempo que amplíe los impuestos a la renta financiera y a las ganancias patronales, elimine los impuestos directos e indirectos que deben pagar los sectores más humildes, en primer lugar eliminando el IVA para los artículos de primera necesidad; la defensa del salario, que debe superar la canasta familiar y ser actualizado de acuerdo a la inflación; el combate al trabajo en negro y la desocupación, a partir del blanqueo de las y los trabajadores precarios y cooperativistas y de políticas de empleo para el 10% de la población que ha sido expulsado del trabajo.
Para que un programa de emergencia como este, pueda llevarse a cabo y sostenerse, es fundamental, sobre todo, apostar al protagonismo popular. Promover el control de trabajadores y trabajadoras sobre los organismos y empresas públicas, y defender la activa movilización de la clase trabajadora y el pueblo humilde, que somos el corazón de este país y los únicos y verdaderos interesados en sacarlo adelante.