*Por María del Carmen Verdú
“Se puede lograr que las fuerzas de seguridad no estén con los brazos caídos”, declaró en Mar del Plata Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del gobierno que batió todos los récords de los últimos 35 años en materia represiva. Apenas empezado el cuarto y –esperemos- último año de la gestión de Cambiemos, la inminencia de la campaña electoral otorga un lugar aún más preponderante a las iniciativas represivas, enmarcadas en lo que desde muchos sectores se comenzó a definir como “demagogia punitivista”. Es que, a falta de “grandes éxitos” económicos que exhibir, el proselitismo oficial se centra en lo que sí les sobra para mostrarse superiores a cualquiera de sus contendientes: la decisión política y la práctica concreta de la represión sin límites.
Es cierto, y lo señalamos siempre, que no fueron Macri ni Bullrich los inventores de muchas de las iniciativas que hoy están sobre la mesa electoral, como la baja de la edad de imputabilidad penal, que recurrentemente aparece siempre que coinciden las variables año electoral y crisis económica. Ni siquiera son originales en promover algunos de sus instrumentos favoritos, como las picanas a distancia Taser, también propuestas por Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que Aníbal Fernández y varios gobernadores de su misma expresión política proveyeron a fuerzas de seguridad de cuerpos especiales. Lo mismo sucede si tomamos cualquier otro aspecto de las políticas represivas, como la militarización de los barrios, con su principal consecuencia, el gatillo fácil; las detenciones arbitrarias y su resultado de incremento de torturas y muertes en comisarías; la persecución que busca disciplinar el conflicto y la protesta social de la mano de la criminalización, y su saldo de presxs políticxs, etc.
Pero hay diferencias sustanciales entre todo lo anterior –incluida la década kirchnerista- y la forma en que genera y aplica la represión el gobierno de Cambiemos. En primer lugar, como jamás se atrevió a hacerlo ninguno de sus antecesores, el macrismo abandonó todo intento de vestir sus propuestas represivas con un ropaje de alguna mínima “corrección política”, para, en cambio, lanzar sus iniciativas de manera deliberada y brutalmente franca. Lejos de cualquier embellecimiento democrático de su discurso, desde el primer momento, y en forma creciente, lanzaron cada medida sin anestesia, reivindicando explícitamente su defensa de la represión como política estatal y de los represores como su brazo ejecutor.
Tras las declaraciones oficiales de defensa y apoyo a la gendarmería y la prefectura, después de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, el episodio Chocobar es uno de los ejemplos más claros de esa política. Nunca antes un gobierno había abrazado, a través de su presidente, y felicitado, por boca del ministerio de Seguridad, a un fusilador confeso y procesado judicialmente por homicidio. Mucho menos lo habían visitado en su casa para anunciarle, con presencia de cámaras para que todo el mundo lo viera, su reincorporación al servicio activo a pesar de la pendencia del proceso penal. El hecho individual se masificó poco después con el desembarco del Programa Restituir, verdadera herramienta para el desagravio y la reivindicación, con recomposición de haberes caídos y ascensos demorados, de funcionarios de las fuerzas federales suspendidos durante la investigación judicial de conductas criminales.
Lo mismo expresan la cita del primer párrafo, como si alguna vez las fuerzas de seguridad argentina hubieran estado de “brazos caídos”, o la aún más provocadora “Si la policía tiene un arma y no la puede usar, es el peor de los mundos”, frase con la que Bullrich respondió la tibia crítica del papa Bergoglio al protocolo de uso de armas de fuego consagrado en la Resolución 956/18.
La elección del manodurismo extremo y el punitivismo aleccionador como eje central de la campaña electoral del oficialismo se tradujo, también, en la instalación de la propia ministra Bullrich como protagonista política del año que comienza, incluso echando a rodar su nombre como potencial compañera de fórmula de Macri para mejorar sus chances de reelección, todo regado con nuevas medidas como el DNU sobre extinción de dominio y al calor del éxito, en sus propios términos, de la reciente reunión del G20 en nuestro país.
La centralidad otorgada por el macrismo a la política represiva como caballito de campaña ya comenzó a influir en la oposición patronal, que busca sus propios candidatos a la altura de la ministra. Hace semanas que vemos a Sergio Berni, el artífice de la política represiva del último período kirchnerista, recorriendo la provincia de Buenos Aires, donde ya lo miden como posible contendiente a la gobernación, mientras multiplica sus apariciones en medios radiales, televisivos y gráficos, desde donde intenta posicionarse como una opción igual de eficiente que Bullrich, pero algo menos autoritaria, cosa que el coronel sólo puede intentar gracias al carácter extremo de Cambiemos en la materia.
Mientras tanto, arrecian los ataques sistemáticos a lxs trabajadorxs migrantes, a lxs niñxs y jóvenes de nuestros barrios, a quienes se organizan y luchan contra el tarifazo, la inflación, los despidos y el cierre de fábricas, la represión y el gatillo fácil, los femicidios y travesticidios; se vienen nuevas reformas aún más regresivas y autoritarias en la legislación penal y procesal, en el régimen laboral y previsional, y los acuerdos con el FMI hipotecan nuestro futuro a largo plazo. Tenemos presos y presas políticxs por cuya libertad debemos redoblar los esfuerzos, igual que por el cierre de las causas que mantienen a miles de personas bajo la amenaza de una condena penal por movilizarse y manifestarse por sus derechos, y volveremos a llenar las calles este año con la exigencia del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
No será optando entre Bullrich y Berni (o los proyectos de los que estos sean parte) que frenaremos los avances del ajuste y la represión y lograremos acercarnos al triunfo de nuestras reivindicaciones. En un año que estará signado por la conflictividad social mediada con la polarización electoral, debemos fortalecer todas las peleas que libre el pueblo trabajador, uniendo todas nuestras fuerzas para frenar la avanzada represiva y desarrollando una perspectiva clasista, anticapitalista, feminista y socialista, para construir fuerza social organizada con protagonismo popular, orientada a la defensa de nuestros intereses históricos como clase.