En horas de la noche de ayer (17 de diciembre) un automóvil atropelló a por lo menos dos manifestantes frente a la sede del sindicato portuario de Valparaíso; las fuerzas de Carabineros que estaban presentes en el lugar cubrieron la huida del vehículo al mismo tiempo que desataban una fuerte represión en contra de las y los manifestantes. Hay por lo menos quince detenidos. La Unión Portuaria de Chile llamó inmediatamente a tomar medidas en solidaridad que se concretó inmediatamente con paralización de actividades en Antofagasta, Caldera, Chañaral, Huasco, Iquique, Coronel, Ventanas, San Antonio, San Vicente, Puerto Montt y Punta Arenas.
La huelga portuaria se inició el 16 de noviembre en reclamo contra la extrema precarización laboral que las grandes empresas que operan en el puerto de Valparaíso, quizás el principal puerto de Chile y uno de los más importantes del todo el Pacífico Sur. En teoría los puertos pertenecen al Estado Chileno, pero la operación de los mismos está concesionada a grandes empresas privadas muchas de ellas transnacionales. Las y los trabajadores portuarios tienen contratos eventuales lo que hace que cada 20 días aproximadamente, les renueven o no el contrato. No tienen ningún tipo de derecho a indemnización ya que a pesar de que muchos han trabajado 20 o 30 años para el mismo empleador el modo de contratación les permite a las empresas desconocer la relación de dependencia. Las mujeres trabajadoras no tienen derecho a la licencia previa y posterior a la maternidad. En la base de todo ello, está la negativa de las empresas con el visto bueno del estado de desconocer el derecho a la organización de los y las laburantes.
A lo largo de esta histórica huelga, la solidaridad fue clave para obligar a que las empresas admitieran el pago de un bono que compense la disminución de los turnos de trabajo, la conformación de una mesa para evaluar las condiciones de trabajo y la no persecución a los y las huelguistas. A pesar de que una de las empresas (TCVAL) aceptó el diálogo y otorgó un bono de 1millón de pesos chilenos, la empresa TPS del grupo ULTRAPORT encabezada por Richard Von Appen realiza ofertas de bono vergonzosas a la vez que se niega a reconocer la organización de los trabajadores.
Estos grandes empresarios son quienes hoy, mantiene una política de intransigencia completa usando los grandes medios para victimizarse y para denunciar cínicamente la “violencia” de los y las laburantes.
La violencia empresaria se expresa en la violación de derechos elementales, sino en la acción coordinada con Carabineros, en la contratación de rompehuelgas, y cuenta con el aval de un estado nacional que se niega a intervenir hasta ahora en lo que considera un “conflicto entre privados” y de los grandes medios de desinformación.