La “doctrina Chocobar” sigue matando

Por María del Carmen Verdú

Hace dos meses, después del abra­zo del presidente Mauricio Macri al policía bonaerense Luis Cho­cobar, que acababa de ser procesado por fusilar a Juan Pablo Kukoc, de 18 años, desarmado y por la espalda, la minis­tra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, enunció su nueva “doctrina” en materia de gatillo fácil. Las muer­tes de personas por el aparato represivo estatal, que ya venían creciendo expo­nencialmente desde el desembarco de Cambiemos en el gobierno, tuvieron un nuevo impulso al amparo del anuncio oficial: “Nosotros vamos a defender a los que nos cuidan”.

A fin de 2017, el Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato re­presivo estatal que elabora CORREPI, mostró con simpleza que el gobierno de Mauricio Macri batió todos los récords en la materia: en sus primeros 721 días de gestión se constataron 725 asesina­tos de personas desarmadas, con más del 80% del total repartido entre fusi­lamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención. La cerrada defen­sa oficial a la gendarmería y prefectura, tras los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dio un nuevo impulso a la política de exterminio, ya convertida en “política pública” del gobierno na­cional, como dijo Bullrich después del “caso Chocobar”.

En 2018, y sólo a partir de lo que ha trascendido públicamente, ya son 54 los casos comprobados. Veinte de ellos son fusilamientos como el de Facundo Ferreyra, el nene tucumano de 12 años que iba en una moto con otro chico de 14. El certero disparo policial entró por la nuca, y salió por la frente, para he­rir también por detrás al otro pibe. A partir de ese hecho, que no puede ser calificado más que como fusilamiento, los medios hegemónicos desataron un “debate”, que en realidad fue una hábil maniobra para legitimar el asesinato. Brotaron expertos de todo tipo hablando de pruebas de parafina, dermotests, ba­rridos electrónicos y yerbas por el estilo para convertir la ejecución en un “con­trovertido” o “polémico” caso.

¿Qué puede haber de controvertido o polémico cuando un proyectil 9mm en­tra por la nuca de un pibe de 12 años? Pero así tratan de colonizarnos el pen­samiento, como si cualquier cosa que hubiera sucedido antes, incluso la even­tual manipulación de un arma de fuego, habilitara y justificara el fusilamiento.

Fabián Ezequiel Enrique tenía 16 años y vivía en Quilmes. El 6 de febre­ro recibió tres disparos por la espalda de parte de un oficial del Grupo de éli­te Halcón de la policía bonaerense. El policía Braian Darío Montes se fue del lugar y no reportó el hecho ha sta 24 ho­ras después, cuando ya encontrado el cuerpo se presentó con su superior en la comisaría de Quilmes, argumentando que el chico le quiso robar el celular. No lo detuvieron y siguió su vida normal. La fiscal a cargo de la instrucción sólo pidió la detención e indagatoria del po­licía cuando los padres de Fabián, patro­cinados por CORREPI, se presentaron en la causa casi un mes después.

Thomas Ramiro Díaz también tenía 16 años. El 26 de febrero estaba a dos cuadras de su casa, en Monte Grande, con amigos del barrio. Con otros dos pibes intentó robar un auto. El dueño era Matías Arrúa, de la Unidad Opera­cional de Ezeiza de la PSA, que entró en su casa, tomó el arma reglamentaria de su pareja, también policía, y disparó 8 veces hacia el auto en el que los chicos intentaban huir. Thomas recibió cuatro proyectiles por la espalda. Lo único que se encontró en el auto fue una pistola de juguete. El policía fue indagado por “homicidio con exceso en la legítima defensa” y liberado.

Rodrigo Martínez ya había cumplido 17. El 22 de marzo, en Las Heras, Mendo­za, iba en moto con un amigo. Quisieron robarle la riñonera a un hombre que hacía jogging por la banquina de una ruta. Era un policía, que se parapetó y les vació el cargador. Rodrigo recibió 18 disparos.

La lista suma y sigue, con circuns­tancias tan parecidas que cuando llega un caso nuevo creemos que ya lo cono­cíamos. Igual que las muertes en luga­res de detención, calcadas una sobre otra, que son 26 por lo menos en lo que va del año. La Procuración Penitenciaria de la Nación, insospechada de “antima­crismo” ya que es un organismo oficial, constató 8 muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal en enero de 2018. Dos en CPF I de Ezeiza, una en CPF CABA (ex U. 2 de Villa Devoto), una en CPF II de Marcos Paz, dos en la Uni­dad Nº 6 de Rawson, una en la Unidad Nº 21, una en la Unidad Nº 12 de Viedma. Se produjeron también muertes en cárce­les provinciales, como la de Pedro Aten­cio en la Rioja, cuyo asesinato a golpes desató la protesta de sus compañeros, duramente reprimida, y en comisarías. Sergio Giglio, de 22 años, fue detenido en Rosario, al costado de la Avenida Cir­cunvalación. Sospechado de haber par­ticipado en un robo, lo llevaron al hos­pital, del que salió caminando y con el alta médica. Pocas horas después, “su­frió una descompensación” en la celda y murió como consecuencia de una he­morragia intracraneal.

Los casos de femicidios protago­nizados por miembros de las fuerzas también crecen. En General Rodríguez, Guadalupe Amarilla, de 30 años, fue fu­silada por el sargento Arnaldo de Jesús Quintana, de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura del Ejército, que an­tes de suicidarse disparó varias veces contra la hija de ambos, de 2 años, y la hermana de Guadalupe que intentó proteger a la nena. En Despeñaderos, Córdoba, otro sargento, pero de la poli­cía provincial, José Contreras, estrangu­ló a su compañera y madre de su beba de dos meses y la tiró a la pileta de su casa. Dejó a la bebé sola en la casa y se fue a la sierra, donde se pegó un tiro en su auto. En Rosario, un suboficial del Comando Radioeléctrico, cuyo nombre es cuidadosamente silenciado por los medios locales, que lo llaman “Andrés Nicolás M.”, con arresto domiciliario y pulsera electrónica por amenazas con­tra su ex pareja, María del Rosario Vera (23), contrató a soldaditos narcos para que la mataran. El cuerpo golpeado, es­trangulado y calcinado fue encontrado envuelto en una alfombra, en un conte­nedor de basura.

Mientras tanto, Gonzalo Nahuel Sa­las, de 19, lucha por su vida en un hos­pital de Lomas de Zamora. El domingo 25 intentó eludir un control de gendar­mería en la calle porque manejaba una motito sin registro. Los gendarmes lo persiguieron varias cuadras, y, de nue­vo, le tiraron por la espalda, lo que Pa­tricia Bullrich ya se ocupó de calificar como “un detalle” después del fusila­miento de Facundo en Tucumán.

Como nunca antes, el gatillo fácil y el conjunto de las herramientas re­presivas son públicamente impulsadas desde el gobierno, y, como siempre, las fuerzas obedecen y nos matan. Los pocos casos que a modo de ejemplo re­señamos, y el desarrollo de las causas en las que las familias no se resignan y salen a la calle con su reclamo, ponen en evidencia la segunda parte de la his­toria: Sólo podemos enfrentar a un go­bierno que da la orden de matar con la lucha organizada y en unidad.