Por María del Carmen Verdú
Hace dos meses, después del abrazo del presidente Mauricio Macri al policía bonaerense Luis Chocobar, que acababa de ser procesado por fusilar a Juan Pablo Kukoc, de 18 años, desarmado y por la espalda, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, enunció su nueva “doctrina” en materia de gatillo fácil. Las muertes de personas por el aparato represivo estatal, que ya venían creciendo exponencialmente desde el desembarco de Cambiemos en el gobierno, tuvieron un nuevo impulso al amparo del anuncio oficial: “Nosotros vamos a defender a los que nos cuidan”.
A fin de 2017, el Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que elabora CORREPI, mostró con simpleza que el gobierno de Mauricio Macri batió todos los récords en la materia: en sus primeros 721 días de gestión se constataron 725 asesinatos de personas desarmadas, con más del 80% del total repartido entre fusilamientos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención. La cerrada defensa oficial a la gendarmería y prefectura, tras los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dio un nuevo impulso a la política de exterminio, ya convertida en “política pública” del gobierno nacional, como dijo Bullrich después del “caso Chocobar”.
En 2018, y sólo a partir de lo que ha trascendido públicamente, ya son 54 los casos comprobados. Veinte de ellos son fusilamientos como el de Facundo Ferreyra, el nene tucumano de 12 años que iba en una moto con otro chico de 14. El certero disparo policial entró por la nuca, y salió por la frente, para herir también por detrás al otro pibe. A partir de ese hecho, que no puede ser calificado más que como fusilamiento, los medios hegemónicos desataron un “debate”, que en realidad fue una hábil maniobra para legitimar el asesinato. Brotaron expertos de todo tipo hablando de pruebas de parafina, dermotests, barridos electrónicos y yerbas por el estilo para convertir la ejecución en un “controvertido” o “polémico” caso.
¿Qué puede haber de controvertido o polémico cuando un proyectil 9mm entra por la nuca de un pibe de 12 años? Pero así tratan de colonizarnos el pensamiento, como si cualquier cosa que hubiera sucedido antes, incluso la eventual manipulación de un arma de fuego, habilitara y justificara el fusilamiento.
Fabián Ezequiel Enrique tenía 16 años y vivía en Quilmes. El 6 de febrero recibió tres disparos por la espalda de parte de un oficial del Grupo de élite Halcón de la policía bonaerense. El policía Braian Darío Montes se fue del lugar y no reportó el hecho ha sta 24 horas después, cuando ya encontrado el cuerpo se presentó con su superior en la comisaría de Quilmes, argumentando que el chico le quiso robar el celular. No lo detuvieron y siguió su vida normal. La fiscal a cargo de la instrucción sólo pidió la detención e indagatoria del policía cuando los padres de Fabián, patrocinados por CORREPI, se presentaron en la causa casi un mes después.
Thomas Ramiro Díaz también tenía 16 años. El 26 de febrero estaba a dos cuadras de su casa, en Monte Grande, con amigos del barrio. Con otros dos pibes intentó robar un auto. El dueño era Matías Arrúa, de la Unidad Operacional de Ezeiza de la PSA, que entró en su casa, tomó el arma reglamentaria de su pareja, también policía, y disparó 8 veces hacia el auto en el que los chicos intentaban huir. Thomas recibió cuatro proyectiles por la espalda. Lo único que se encontró en el auto fue una pistola de juguete. El policía fue indagado por “homicidio con exceso en la legítima defensa” y liberado.
Rodrigo Martínez ya había cumplido 17. El 22 de marzo, en Las Heras, Mendoza, iba en moto con un amigo. Quisieron robarle la riñonera a un hombre que hacía jogging por la banquina de una ruta. Era un policía, que se parapetó y les vació el cargador. Rodrigo recibió 18 disparos.
La lista suma y sigue, con circunstancias tan parecidas que cuando llega un caso nuevo creemos que ya lo conocíamos. Igual que las muertes en lugares de detención, calcadas una sobre otra, que son 26 por lo menos en lo que va del año. La Procuración Penitenciaria de la Nación, insospechada de “antimacrismo” ya que es un organismo oficial, constató 8 muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal en enero de 2018. Dos en CPF I de Ezeiza, una en CPF CABA (ex U. 2 de Villa Devoto), una en CPF II de Marcos Paz, dos en la Unidad Nº 6 de Rawson, una en la Unidad Nº 21, una en la Unidad Nº 12 de Viedma. Se produjeron también muertes en cárceles provinciales, como la de Pedro Atencio en la Rioja, cuyo asesinato a golpes desató la protesta de sus compañeros, duramente reprimida, y en comisarías. Sergio Giglio, de 22 años, fue detenido en Rosario, al costado de la Avenida Circunvalación. Sospechado de haber participado en un robo, lo llevaron al hospital, del que salió caminando y con el alta médica. Pocas horas después, “sufrió una descompensación” en la celda y murió como consecuencia de una hemorragia intracraneal.
Los casos de femicidios protagonizados por miembros de las fuerzas también crecen. En General Rodríguez, Guadalupe Amarilla, de 30 años, fue fusilada por el sargento Arnaldo de Jesús Quintana, de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura del Ejército, que antes de suicidarse disparó varias veces contra la hija de ambos, de 2 años, y la hermana de Guadalupe que intentó proteger a la nena. En Despeñaderos, Córdoba, otro sargento, pero de la policía provincial, José Contreras, estranguló a su compañera y madre de su beba de dos meses y la tiró a la pileta de su casa. Dejó a la bebé sola en la casa y se fue a la sierra, donde se pegó un tiro en su auto. En Rosario, un suboficial del Comando Radioeléctrico, cuyo nombre es cuidadosamente silenciado por los medios locales, que lo llaman “Andrés Nicolás M.”, con arresto domiciliario y pulsera electrónica por amenazas contra su ex pareja, María del Rosario Vera (23), contrató a soldaditos narcos para que la mataran. El cuerpo golpeado, estrangulado y calcinado fue encontrado envuelto en una alfombra, en un contenedor de basura.
Mientras tanto, Gonzalo Nahuel Salas, de 19, lucha por su vida en un hospital de Lomas de Zamora. El domingo 25 intentó eludir un control de gendarmería en la calle porque manejaba una motito sin registro. Los gendarmes lo persiguieron varias cuadras, y, de nuevo, le tiraron por la espalda, lo que Patricia Bullrich ya se ocupó de calificar como “un detalle” después del fusilamiento de Facundo en Tucumán.
Como nunca antes, el gatillo fácil y el conjunto de las herramientas represivas son públicamente impulsadas desde el gobierno, y, como siempre, las fuerzas obedecen y nos matan. Los pocos casos que a modo de ejemplo reseñamos, y el desarrollo de las causas en las que las familias no se resignan y salen a la calle con su reclamo, ponen en evidencia la segunda parte de la historia: Sólo podemos enfrentar a un gobierno que da la orden de matar con la lucha organizada y en unidad.
