La ministra de educación porteña Soledad Acuña anunció, en una entrevista publicada en el diario La Nación, que presentará un nuevo protocolo de actuación ante las tomas de los colegios secundarios. Entre los pasos a seguir por las y los directivos de las instituciones educativas, se encuentra la obligación de citar de manera inmediata  a las familias para que retiren a sus hijos/as del establecimiento, y labrar actas a quienes decidan permanecer en el mismo.

Aunque el Ministerio de Educación aún no sacó una resolución oficial al respecto, las declaraciones de la titular de la cartera educativa pretenden atacar de manera directa la organización estudiantil y allanar el terreno para la reforma educativa que Cambiemos busca instalar en el mediano plazo. Durante el 2017, estas intenciones tuvieron su contundente respuesta por parte de las y los estudiantes, cuando 30 colegios fueron tomados para dejar en claro que la comunidad educativa está dispuesta a defender la educación pública como una trinchera. Parece que a Acuña eso no le gustó demasiado.

Ya en ese contexto de tomas, el Ministerio había intentado amedrentar a las y los estudiantes con la judicialización de algunos/as alumnos/as. Sin embargo, un fallo judicial consideró que como las tomas de colegios no están tipificadas como delito en la Constitución, un Protocolo para prevenirlas viola el derecho de expresión. Precisamente por eso, es necesario que cualquier intención de generar un nuevo Protocolo se adjunte al mismo expediente para ser aprobado. Sabemos, de todas formas, que es probable que esta iniciativa circule informalmente entre directivos y funcionarios que pretendan poner palos en la rueda a la organización juvenil, como ya ha sucedido años anteriores con las órdenes de armar listas negras o los avisos a comisarias para “cuidar” a las y los estudiantes.

Con esta medida pretenden marcar la cancha y criminalizar la lucha estudiantil, desconociendo así el derecho conquistado a organizarnos en Centros de Estudiantes (ley 26.877), organización que a la hora de realizar una toma se debe de hacer cargo, por ejemplo, de firmar las actas en representación de todo el estudiantado de colegio. Trae además un intento de institucionalizar las listas negras bajo el argumento de “hacer responsables a las familias por los daños que puedan producirse”, acumulando datos y elevándolos al Ministerio.

Sabemos que el objetivo no es meramente la criminalización de las y los jóvenes que luchan y se organizan. La lupa de Cambiemos se posa en la juventud porque buscan asegurar futuras camadas de trabajadores/as a la medida de la reforma laboral. Acostumbrarnos a la incertidumbre y a la precarización, a los trabajos mal pagos y a quedarnos callados/as frente a las injusticias. Por otro lado, Cambiemos tampoco desconoce que los y las jóvenes venimos siendo uno de los sectores que combaten el ajuste activamente en las calles, desde los centros de estudiantes, pero también desde los sindicatos y en cada espacio de lucha.

Por todo esto es necesario fortalecer la organización en cada centro de estudiantes e impulsar una coordinación efectiva, para enfrentar el ajuste y la criminalización desde un bloque sólido. Articular la comunicación entre los distintos actores de la comunidad educativa y ser conscientes de las libertades y los derechos que ganamos en las calles, con años de movilización y organización. A las intimidaciones y los intentos de disciplinamiento, tenemos que responderles con más organización. A los intentos de vaciamiento y de privatización, tenemos que oponerles nuestra experiencia de lucha y aprendizaje colectivo.

Frente a la Secundaria del Futuro, discutimos seriamente qué futuro queremos: no es el de los CEOS que se llenan los bolsillos a costa del hambre, ni es el de los despidos y la represión. Con esa claridad tenemos que encontrarnos en amplia unidad en las calles, para defender la educación pública.

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