La nueva fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) encuentra al epicentro de la pandemia de COVID 19 claramente ubicado en el área metropolitana (CABA y conurbano bonaerense), mientras el resto del país ingresó a una cuarta etapa de reapertura progresiva de actividades que en términos concretos dependerá de las diversas realidades provinciales y municipales.
Además de haber sido “puerta de ingreso” del mayor número inicial de casos “importados” de contagio, en el AMBA se combinan explosivamente densidad poblacional y una cruda desigualdad social que, cada vez más nítidamente, construyen un mapa de contagios con un claro corte de clase.
Hace un mes, en nuestra nota Los más ricos tienen que solventar la cuarentena, adelantábamos este cuadro frente al discurso falsamente “igualista” ante el avance del coronavirus: “que no quepa duda que en Argentina será en las villas y barriadas populares del conurbano bonaerense, CABA y del resto de las grandes ciudades del país, donde el COVID – 19 puede producir los mayores estragos”. El alza de casos de COVID 19 en estos territorios, junto a las explosiones focalizadas del virus en geriátricos y establecimientos de salud, comienzan a construir poco a poco la curva ascendente de contagios de una pandemia que se ensaña con las personas más vulnerables y expuestas (por edad, enfermedades pre existentes y/o condiciones materiales de existencia).
La situación de las villas de CABA adquiere una dimensión especialmente dramática (ver El virus en la 31 es Larreta), en la que sólo el blindaje mediático y político de Horacio Rodríguez Larreta (por parte de propios y quienes se suponen son sus opositores) explica el nulo costo que está pagando el jefe de gobierno porteño por el incumplimiento de sus responsabilidades de gestión.
La dictadura del capital
La pandemia en curso fue engendrada en el marco del sistema capitalista mundial y su desenvolvimiento y efectos están determinados por la lógica irreductible de un sistema social que entroniza las ganancias empresariales en desmedro de la vida humana.
Clara expresión de esa conducta la encontramos en la clase capitalista local que, en todas sus fracciones, afronta esta crisis defendiendo sus intereses con el mismo o mayor ahínco que antes de la pandemia, sin ceder ni un milímetro. Tal es así, que ni siquiera se “conmovieron” (a modo de gesto para la tribuna), con el discurso solidario-filantrópico que en los primeros días de la cuarentena se entremezclaba con las arengas de “causa nacional” contra el “enemigo invisible”.
Lejos de esto, en todo momento la burguesía local tuvo bien claro que no iba a soltar un peso para afrontar los costos de la medida sanitaria y, por el contrario, trabajó desde el minuto uno para descargar sobre la clase trabajadora las consecuencias del colapso económico. El “llegó la hora de ganar menos” con el que Alberto Fernández advirtió coloquialmente a los empresarios de que algo tenían que ceder, no les movió un pelo y la amenaza devino en poco menos que un desliz, casi una imploración.
Así es que ante la sola mención de la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas, los grandes grupos económicos y mediáticos promovieron por lo bajo cacerolazos contra la “casta política” y le dieron manija mediática al fantasma de la “liberación masiva de delincuentes”. La respuesta inmediata del Frente de Todos como coalición gobernante fue silenciar de manera estruendosa cualquier mención a la propuesta que empresarios y banqueros tengan que poner, siquiera, una parte insignificante de sus fabulosas ganancias.
La irrefrenable ola de rebajas salariales, suspensiones y despidos son también una clara demostración de que las patronales están haciendo lo que quieren y que pasan por arriba de los derechos de las y los laburantes, volviendo letra muerta la prohibición de despidos e incluso aplicando rebajas salariales superiores a la vergonzosa reducción del 25% pautada por la UIA y la CGT, para los sectores de actividad suspendidos, con el auspicio del Ministerio de Trabajo.
Del mismo modo, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) constituye un fuerte rescate estatal a las empresas, que no obstante aplican descuentos salvajes a sus trabajadores y trabajadoras pese a que están exceptuadas del sostenimiento de la mayor parte de esos salarios. Hasta se conoció el insólito caso de la cadena de heladerías Cremolati que les descuenta del salario a sus trabajadores y trabajadoras los $10.000 de quienes cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al que ordenó inscribirse a la parte del personal que evidentemente mantenía sin registrar o bajo alguna forma de fraude laboral.
De pagadores seriales a buenos deudores
El otro frente crucial que por estos días demuestra que ni siquiera la pandemia limita la voracidad de la clase capitalista es el capítulo referido a la renegociación de la deuda externa, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa piloteando contra reloj las conversaciones para alcanzar un acuerdo con los tenedores privados de bonos de deuda pública.
Con el objetivo de convertirse en “buen deudor”, tal las palabras del propio ministro, el gobierno nacional busca por todos los medios evitar el default, que se impondrá por la vía de los hechos si antes del 22 de mayo el Estado argentino no alcanza un acuerdo con los fondos de inversión poseedores de los bonos a canjearse.
No hay lugar a medias tintas, la continuidad del pago de una deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta es incompatible con la defensa de los intereses populares, mucho más aún en este contexto de crisis inédita. Las demoledoras consecuencias de la crisis económica y social profundizada por la pandemia de COVID 19 se harán sentir por largos años; legitimar y convalidar esa estafa condenará a nuestro pueblo, por generaciones, a una cadena de dependencia cuyos efectos se harán sentir día a día en las condiciones populares de vida (ver nota sobre el tema).
Un crimen para un país que en el transcurso de la pandemia y posterior a ella vivenciará la dura realidad de ver sumergida en la pobreza estructural a más de la mitad de la población, en un continente que de conjunto muy posiblemente presente indicadores sociales aún más negativos.
Por estas razones, desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs afirmamos una vez más que la deuda es con los pueblos y no con los fondos buitres ni el FMI, y que hay que suspender de manera inmediata todos los pagos de deuda, en el camino del desconocimiento soberano de una deuda fraudulenta y odiosa.
Por una cuarentena sin hambre
Con el correr de los días, puede percibirse en las calles una flexibilización (de hecho) del aislamiento social, como el resultado de una conjunción de factores: la apertura de nuevos sectores de actividad, la fatiga acumulada a raíz del encierro y una crisis social que comienza a manifestarse con crudeza, a consecuencia del desplome de la economía. La asistencia estatal es insuficiente y llega tarde (si llega) y cada vez más miles de laburantes se ven obligados a ingeniarse en la calle alguna changa de emergencia para juntar el peso que les permita llevar un plato de comida a sus hogares.
La situación en las barriadas se vuelve cada vez más crítica y desesperante, con el hambre que ya se hace sentir y el frío que empieza a calar los huesos de las familias que viven hacinadas en casas precarias, sin artefactos seguros de calefacción ni adecuadas vías de ventilación. En algunos casos, además, sin el acceso necesario a agua potable para consumo e higiene.
Los movimientos sociales ya empezaron a visibilizar en la calle esta realidad cada vez más crítica, tomando todos los recaudos necesarios de distanciamiento social, con la consigna “Por una cuarentena sin hambre”, señalando además que la riqueza obscena de unos pocos es la razón de la pobreza de las mayorías populares. Del mismo modo, días antes, la docencia porteña agrupada en Ademys también se manifestó contra la ley de emergencia económica de Larreta que consagra el ajuste y le deja las manos libres al gobierno porteño para el despido de trabajadorxs y la imposición de una mayor precarización y flexibilización. En esa misma línea, es el camino que nos muestran los trabajadores de Bed Time logrando evitar los despidos y el cierre de la planta en zona norte del conurbano, o la resistencia de les trabajadores de Ansabo y los compañeros del Frigorífico Penta en Quilmes, o los trabajadores de FATE (logrando el cobro del 100 % del salario) que a través de ollas populares, toma de fábrica y otras medidas, se plantan frente a la fuga y el desprecio patronal.
Ése es el camino. La construcción colectiva de los reclamos y la defensa irrestricta de los derechos populares, que no podemos dejar que sean arrasados en el marco de la pandemia, utilizando la emergencia sanitaria como pretexto legitimador. A veces, a nuestro pesar, esa defensa planteará como acción ineludible ganar el espacio público y tendremos que hacerlo con tanto autocuidado como firmeza en la decisión.
En momentos en que la pandemia de COVID 19 expone la desigualdad social inherente al capitalismo –en tanto sistema social irreformable-, queda también más claro que el pueblo trabajador debe imponer sin demora su propia agenda de reivindicaciones y urgencias.
Somos nosotros y nosotras, las y los de abajo, les principales interesados en cuidar la salud popular de manera integral, en unidad con los trabajadores y las trabajadoras de la salud que en primera línea le hacen frente a un virus que no discrimina en su capacidad de contagio potencial, pero que en las condiciones concretas del sistema capitalista golpea con más fiereza a les pobres y desposeídos. Son sus ganancias o nuestras vidas.