El viernes último se concretó la oferta del gobierno nacional hacia los bonistas privados. La misma se da en un marco de extremas dificultades de la economía nacional que se agrava con el parate por el COVID 19 y la caída abrupta de las materias primas, como el petróleo, dejando fuera de juego la apuesta por Vaca Muerta. Esta situación no es exclusiva de la Nación, sino que afecta profundamente a las provincias que en el 2021 deberán afrontar millones de dólares en pago de deuda, con el riesgo inminente de emisión de cuasi monedas para hacer frente al pago de salarios. A pesar de esta situación, se han realizado hasta ahora los pagos de intereses de las obligaciones internacionales existentes al mejor estilo de los pagadores seriales.
La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), según informó el Palacio de Hacienda. El objetivo es captar la adhesión de los tenedores de los bonos en ley extranjera para invitarlos a cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República.
La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62 % (U$S 37.900 millones), en el stock de capital de un 5,4 % (U$S 3.600 millones) y un período de gracia por tres años hasta 2023 (con esto, el gobierno nacional se propone patear hacia adelante la pelota y asegurarse condiciones de gobernabilidad -en este plano- a lo largo de todo su mandato). A partir de 2023 el Estado nacional empezaría a abonar un cupón promedio (tasa de interés) de 0,5 %, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33 %. Los vencimientos de los nuevos títulos serán en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047. Cada bono tendrá sus características especiales en referencia a los cupones de amortización de capital y de intereses.
La propuesta tiene un plazo de 20 días para ser aceptada o rechazada y, más allá de la agitación de los medios de comunicación hegemónicos del gran capital, la oferta está lejos de ser de ruptura o de una «hostilidad» extrema; por el contrario, fue más «generosa» y «técnicamente razonable» de lo que esperaban muchos tenedores de bonos y analistas financieros. De no haber aceptación, Argentina avanzará indefectiblemente hacia la cesación de pagos haciendo real el actual «default virtual», según palabras del propio Alberto Fernández.
Es de destacar que en el documento que presenta Nación para justificar la propuesta, expresa cuántas IFE, respiradores artificiales y otras tantas cosas, se van a realizar con el dinero que no se destine, de momento, al pago de deuda. Pero no hace la misma cuenta con todo lo que se pagó hasta el día de hoy y que le costó a los jubilados una disminución de los salarios.
En el mismo sentido, la propuesta supone la legitimación de la deuda por parte de un gobierno que había reconocido en innumerable oportunidades la ilegitimidad, ilegalidad y el carácter de estafa que tuvo a mayor toma de deuda de la historia de nuestro país. Así y todo, la convalidó con esta propuesta y entró de lleno a la negociación en un momento internacional donde será muy difícil para los especuladores lucrar con los intereses de esos préstamos en el marco de una recesión mundial.
Las tres semanas siguientes serán de intensa negociación entre los buitres y el gobierno nacional, pero la deuda está reconocida y la crisis de deuda será ahora o en 3 años, en el marco de una economía totalmente estancada y sin perspectivas de mejorar.
La oferta de quita de deuda del gobierno nacional desaprovecha un contexto global de crisis, que por su gravedad y profundidad, propicia inmejorables condiciones para poner en pie una propuesta que, en base a la suspensión inmediata de todos los pagos de deuda, avanzara en una estrategia de genuina soberanía nacional frente a la usura de los fondos especulativos y las cadenas de dependencia imperialista que imponen los organismos multilaterales de crédito.
El juzgamiento a los responsables (y beneficiados) de aquel endeudamiento y el desconocimiento de una deuda odiosa, inscriptas junto a políticas estructurales como la nacionalización del comercio exterior y la banca, siguen siendo tareas urgentes para la clase trabajadora y el pueblo.