El año que comienza plantea el enorme desafío de que el contexto electoral no sea un obturador en la coordinación del movimiento obrero para salir a luchar por sus condiciones de vida. Un escenario complejo, que debe ser superado en unidad.
El 2018 nos deja un saldo negativo para el conjunto de nuestra clase. Con una inflación acumulada del 47,6%, que implicó una pérdida salarial para las y los trabajadores convencionados en torno al 10-20% según la rama de actividad, siendo mayor la caída en el sector estatal. Solo algunos gremios como bancarios o camioneros lograron empatar o superar (en el caso los aceiteros) el alza del costo de vida. El escenario es aún peor para aquellas/os que están precarizadas/os o con programas de empleo, donde el ingreso mensual es de $6.000. Para las y los jubilados, la pérdida fue de casi 20 puntos, con una suba del 28,8% en sus haberes, quedando en unos míseros $9.300 la mínima. El cuadro de situación se muestra más grave si se tiene en cuenta que los incrementos fueron mayores en los bienes y servicios indispensables para nuestra vida. Según datos del INDEC, en 2018 la canasta básica aumentó en un 52,9% (pasando a $25.493), mientras que la canasta alimentaria lo hizo en un 53,5%, necesitando una familia $10.197 para no caer en la indigencia. Desde 2002 que no se registra una caída tan significativa del salario real.
En cuanto a los niveles de desocupación, terminó con un desempleo del 9% para el tercer trimestre. A noviembre, en 12 meses se perdieron 172 mil puestos de trabajo registrados, siendo el sector más afectado el industrial, con una destrucción de 61 mil puestos. Los pocos nuevos empleos que se han creado durante el macrismo son en su mayoría precarios, bajo la modalidad de monotributo, por contrato o temporarios, proliferando en el último tiempo un tipo de relación laboral entre patronales y trabajadores/as que se disfraza bajo el término de “economía colaborativa”, con el desarrollo de las “apps” de servicios de transporte y delivery como Uber, Cabify, Rappi, Glovo, constituyendo un fraude laboral que desconoce las leyes laborales más elementales.
Un año que arranca con más ajuste y embates
Para este 2019 no se avizora un mejor panorama, sino todo lo contrario. Mientras el gobierno de Cambiemos plantea una techo salarial del 23%, ya se anunciaron nuevos tarifazos. Para el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires un 38,5% en transportes, 33% en peajes y en servicios (55% en Luz, 35% en Gas, 48% en Agua), lo que deja a las claras que, tal como sucedió en 2018 (cuando se estableció un techo del 15%) quedará totalmente desfasado de la inflación. Por otra parte, como ya lo viene manifestando el gobierno y es uno de los requerimientos del FMI, se intentará relanzar nuevamente la reforma laboral por actividad, tal como se presentó en estos días en la rama textil, donde desde el Ministerio de Producción y Trabajo junto con el empresariado plantearon introducir algunos de los artículos del proyecto original truncado con las movilizaciones de diciembre de 2017, como son el “fondo de cese laboral”, un aporte del/la propio/a trabajador/a para que cubra una futura indemnización y el “banco de horas”, un esquema de compensación de horas que permite estirar la jornada hasta 12 horas, sin reconocer las extras, además de modificaciones en el esquema vacacional.
Es en este marco general de ajuste, aumento de la pobreza, caída del salario, despidos y suspensiones, donde en las últimas semanas se han venido desarrollando distintas luchas contra los despidos, cierre o vaciamiento de establecimientos fabriles y los intentos de flexibilización laboral, como son en la actualidad los casos de COFCO -ex Nidera- en Valentín Alsina, donde la multinacional alimenticia china pretende cerrar la planta, encontrándose con la respuesta de los trabajadores aceiteros, el sindicato (SOEIA) y su federación; en SportTech en San Martin, donde frente al vaciamiento se organizan para darle forma a una cooperativa de trabajo; en Pilkington Munro, contra los despidos persecutorios hacia el activismo y la comisión interna saliente; en Interpack en La Matanza, donde los despidos son la punta de lanza para introducir modificaciones en las condiciones de trabajo; en Fundición El Aguilar en Jujuy y en Paqueta Chivilcoy, donde los cierres de planta dejan a cientos de familias en la calle, entre tantos otros casos que se multiplican en todo el país.
La bronca popular contra el saqueo a nuestros bolsillos se ha expresado también en las jornadas contra los tarifazos en distintos puntos del país, ya sea de a través de manifestaciones autoconvocadas como en las marchas de antorchas impulsadas en distintas ciudades (Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata) por los gremios de la CGT nucleados en el Frente Sindical para el Modelo Nacionl y las CTA (de los trabajadores y autónoma). En el caso de Mendoza, la Multisectorial en Lucha, que reúne a distintos gremios estatales entre ellos el SUTE (docentes) y diferentes organizaciones sociales y políticas ha venido participando en las medidas convocadas para enfrentar los cambios en el sistema de transporte y los aumentos en el boleto y empalmará junto a otros sindicatos y centrales de trabajadores/as en una gran marcha el 7 de febrero contra el ajuste y los tarifazos. Por su parte, desde los gremios y representaciones sindicales que conforman el Plenario del Sindicalismo Combativo se ha convocado a una movilización a Plaza de Mayo para el 14 de febrero, que permita visibilizar los distintos conflictos en curso que se vienen desarrollando, exigiendo un paro general a las centrales sindicales, mientras que trabajadoras y trabajadores precarizados nucleados en distintos movimientos sociales (CTEP, CCC, Barrios de Pie, FOL, FPDS) anunciaron una Jornada Nacional de Lucha para el 13, con concentración en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para reclamar por trabajo y un aumento acorde a la inflación, entre otras reivindicaciones del sector.
Necesitamos un verdadero plan de lucha
Después de levantar el paro general proyectado para fin de año a cambio de un bono de miseria, la CGT (comandada hoy por el tándem Daer-Acuña) se muestra en total pasividad a pesar de los ataques que se vienen dando en distintos planos, planteando que “están dadas las condiciones para un paro general” pero sin mencionar ni cuándo ni bajo qué modalidad. Declaraciones que se enmarcan más en una disputa hacia la interna de la central con el moyanismo, sector que se muestra más confrorntativo frente al macrismo pero que se mueve al pulso, al igual que el yaskismo, de la táctica electoral kirchnerista, poniendo como eje ordenador de sus acciones el “derrotarlos en las urnas” en octubre. No obstante, más allá de sus diferencias en el plano sindical, Tanto Héctor Daer como Hugo Moyano comparten la Mesa de Acción Política del PJ, espacio donde se intentará trazar una estrategia conjunta de cara a las presidenciales.
Frente al plan de ajuste del macrismo, el FMI y las patronales, que se profundiza día a día, es necesario seguir movilizados, ganando las calles y en unidad de acción, única forma de lograr victorias concretas. La CGT y las CTA deben abandonar las convocatorias aisladas y sin perspectivas y trazar un verdadero plan de lucha, con paros generales y movilización. La clase trabajadora, las y los que hacemos funcionar al país y generamos las riquezas, tenemos la fuerza para derrotarlos.