Ni el gobierno ni los medios pudieron obviar la eclosión de bronca que se expresó en las calles y rutas de Mendoza la última semana. Han pasado apenas quince días desde la presentación pública del proyecto de ley de educación por parte de la Dirección General de Escuelas. Rápidamente, y producto de un desgaste e impotencia acumulados desde -al menos- la imposición del ítem aula en 2016, las escuelas se organizaron. Hubo compañerxs que salieron a la calle de forma autoconvocada, primero. Unos días después, la fuerza se canalizó en plenarios de SUTE donde participaron delegadxs de cerca de 1.000 escuelas.
Finalmente, este martes 29 y miércoles 30, los caravanazos tomaron una dimensión insospechada. Ambos días, cinco kilómetros de trabajadorxs de la educación, estudiantes, familias; compañerxs de las organizaciones sociales, en las que se nuclean las familias más humildes del sistema educativo. Todxs juntxs en autos, bicicleta, moto, skate o a pie.
El gobierno leyó el repudio generalizado y dio dos pasos atrás: postergó el falso congreso pedagógico convocado para «aportar» a su proyecto y luego, apareció un nuevo borrador con leves modificaciones.
En las calles ya se expresó el rechazo. Dimos un paso importante, ¿y ahora qué? Aquí aproximamos una respuesta.
Aún cuando el gobierno presente un proyecto con modificaciones significativas, llenas de buenas intenciones, los problemas actuales y urgentes del sistema educativo siguen sin resolver. La desigualdad educativa crece de forma galopante y provoca una gran deserción en los sectores más humildes y vulnerados. Faltan recursos tecnológicos y conectividad para trabajadorxs y familias que sean garantizados por el Estado. Hay una sobrecarga de tareas enorme sobre las espaldas docentes -mucho más en un sector donde el 80% son mujeres-, salarios congelados, aguinaldo adeudado. Es decir, una larga lista de problemas irresueltos para los que la ley tampoco sirve.
Al contrario. Hay que decir que, si el gobierno nos encierra en su agenda de fantasía, terminaremos el 2020 en las mismas condiciones deplorables para estudiantes y trabajadorxs. Y quizá con una ley llena de palabras hermosas que sabemos que no cumplirán, como nunca cumplieron con el objetivo del 35% del presupuesto provincial destinado a educación que figura en la ley vigente.
El objetivo es obligar a que el gobierno se siente a discutir de igual a igual y que dé soluciones a lo que pasa ahora. Y ese ámbito es la paritaria; porque precisamente es donde trabajadorxs y patronal discutimos -formalmente- en idénticas condiciones. Obviamente, la definición de la puja está en la relación de fuerzas real, de lo que logremos sostener masivamente y en la calle. En la paritaria tenemos que plantear todas las exigencias: los recursos que el Estado debe poner para garantizar el derecho a la educación hoy y ahora, todo lo que necesitamos trabajadorxs y estudiantes.
Hemos dados pasos fundamentales. Venimos de plenarios con gran participación. Venimos de acciones autoconvocadas y de dos días de caravanazos multitudinarios en toda la provincia. Ya empezamos a organizar la bronca, a transformarla en acción. Hay que dar un paso más, ganar a la comunidad y construir un gran paro provincial en el que confluyamos los todos los sectores en lucha: educación, salud, precarizadxs. Es hora de que el gobierno sienta el golpe de la clase trabajadora mendocina.