La situación habitacional en nuestros barrios y villas de Córdoba es la muestra del abandono y la profundización de la precarización de la vida. Mientras el negocio de las empresas continúa, respaldado por el Gobierno Provincial, barrios de diferentes zonas se hunden en la pobreza. Una pobreza que es estructural pero que aumenta vertiginosamente cuando la pandemia arrasa.
El dengue, otra situación crítica que aumenta a diario, sobre todo en aquellas partes de la Provincia en que no se cuentan con las condiciones básicas de vivienda; los casos ya son 3033 en la Provincia desde el año pasado.
¿Quiénes padecen con mayor crudeza las consecuencias de las crisis? ¿Sobre la espalda de quién se acuesta la crisis actual que vivimos?
La zona sur de nuestra Capital tiene una emergencia ambiental que se mantiene desde hace cuatro años. Por nombrar solo uno a nivel sanitario, ponemos aquí el caso de Barrio Villa El Libertador, barrio tradicional de nuestra Provincia, que cuenta con más de 27 mil habitantes y que tiene, desde 2016, un recurso de amparo presentado por vecines contra la Provincia y el Municipio. Villa Libertador “flota sobre la materia fecal”, literal. Ramón Granero de 61 años fue una de las víctimas de ello. En febrero de 2019 lo mató el Estado: cayó a un pozo negro al ceder el terreno cuando iba a colgar la ropa en el patio de su casa. Así se vive en Villa Libertador: hundimiento de napas y en consecuencia el desplome de los pozos negros, las casas agrietadas y sus calles inundadas. Sus vecines viven entre el barro y la materia fecal.
Hablar de crisis sanitaria y presupuesto es una problemática que aqueja la zona sur, este es uno de los tantos barrios que cristaliza la pésima política sanitaria provincial de los últimos años. Actualmente, quiénes viven allí en el medio de la cuarentena, pelean para mantener aspectos fundamentales de sus vidas. Una de esas luchas es por el funcionamiento del Equipo de Atención Comunitaria. Nora Galán, Flavia Rivero e Isabel Mamani, profesionales que trabajan en el equipo, informaron mediante un comunicado, la orden de traslado al centro de salud Nº 42 que se encuentra a más de 3 km del barrio. Una orden fundada en la necesidad de “limpieza del inmueble actual”. Les vecines resisten el traslado bajo la firme convicción del importantísimo papel que cumple este equipo de salud mental en la población. Un dato no menor a tener en cuenta es que se estima que dicho Equipo llega a alcanzar una cobertura de 100 mil personas.
Otro caso similar, reflejo de esta política de abandono, es lo sucedido en el Hospital Colonia Santa María: https://www.facebook.com/Venceremos.Cba/posts/1519830444861801
Recién luego de varios años de reclamos, lucha y resistencia de les vecines, hace algunos días atrás, el gobierno de Córdoba anunció la aprobación de un préstamo del BID por $353.229.954 para aliviar esta situación. La información oficial, es decir las promesas, prevén un tiempo de 18 meses para la conexión de una red colectora con 49 mil metros de cañería. Les vecines en medio de la pandemia, cada semana realizan la limpieza de pozos negros a la vez que luchan contra el dengue. Algo así como malabares de supervivencia. Dato: El Ministerio de Salud informó que desde julio de 2019, 3033 exámenes de dengue dieron positivo y sigue en aumento.
Fórmula letal: Más alcohol = más contaminación
En San Antonio, otro barrio al Sur de nuestra Capital, sucede un caso paradójico en esta cuarentena. Como contamos en nuestra nota (http://venceremos-arg.org/2019/10/31/fuera-porta-las-luchas-contra-el-extractivismo-y-los-agronegocios/) allí se enclava la Empresa Porta hnos. relacionada al agronegocio.
La familia Porta explota el negocio del biocombustible, el Fernet y el bialcohol en Córdoba. Las vecinas del barrio llevan más de ocho años reclamando la erradicación de la empresa, que ya se ha cobrado vidas y sigue enfermando a la población: Es responsable de afecciones en la piel, distintos tipos de cáncer y otros síntomas que atentan contra la salud de la gente. En este contexto de pandemia y cuarentena, la empresa Porta aumentó no sólo su producción y venta (exportación de alcohol) de forma excesiva, sino también la masa de contaminación en el ambiente del barrio.
Así como mencionamos el caso de Villa Libertador o el de Barrio San Antonio, son ejemplos de políticas de abandono por parte del Estado en distintos sectores vitales de la sociedad cordobesa. Tareas y actividades como la recolección y tratamiento de la basura, la instalación de antenas para celulares, el acceso a la vivienda, el agua y el sistema de cloacas, las fumigaciones de agroquímicos, el cuidado y la reparación de calles, espacios verdes y esparcimientos. El cuidado y mantenimiento de Escuelas y Centros de Salud, el sistema de transporte público. Son políticas que dividen a la ciudad entre barrios pobres y barrios ricos, como denominador común prevalece el negocio entre Estado y empresas mucho antes que el derecho básico a una vida digna.
El agua “potable” es otro de los asuntos que se suma a la agenda despolitizada de Córdoba. La empresa Aguas Cordobesas en manos del grupo Roggio, beneficiada por el Gobierno Provincial desde el primer mandato del exgobernador José Manuel De la Sota, nunca pagó el canon por el uso del agua cruda, que al igual que otros servicios, se ven beneficiadas por aumentos siderales avalados por el Estado. El agua, elemento esencial de la vida, tan básico y del cual se ve privada la mayoría de la población trabajadora, servicios de mala calidad, sostenidos con el bolsillo, muestra una vez más, las políticas que atacan directamente en los barrios más humildes carentes de toda prevención y de cuidado.
Como muestra un botón, hacinamiento y represión
Lamentablemente, la situación represiva en Córdoba se ha visto recrudecida y no es muy disímil de lo que sucede en todo el país. El hostigamiento, la criminalización, la violencia y las detenciones al sector de lxs trabajadorxs que no pueden quedarse en su casa (porque necesitan trabajar para comer o son de barrios populares) se incrementó a partir de la cuarentena.
Esta situación se encrudece con la llegada del ejército, llevando a cabo acciones en los operativos sanitarios, cerrando los barrios donde existe la sospecha de contagios por Covid-19. Son muchas las denuncias que se vienen haciendo por estas detenciones, tanto en la Capital como en diferentes lugares de la Provincia. Se agravan las detenciones por simples hechos que demuestran el avance del abuso policial, “que a los policías no les gustó cómo respondiste”, “que por la vestimenta”, “porque no les alcanza con la muestra del certificado”, y así justificaciones.
Las detenciones se dan en lugares que no cumplen las condiciones básicas de higiene y de prevención para garantizar la salud de las personas. Por ejemplo, casos de hacinamiento con 15 personas detenidas en un espacio muy pequeño, donde además se suman denuncias por abusos y violencia lo que agrava su permanencia allí. Lo mismo sucede con la cárcel de Bouwer en la cual no se tomaron las medidas mínimas de prevención, como no recibir visitas, a quiénes se encuentran viviendo allí no se les brindan los medicamentos y los elementos básicos de higiene, que siempre fueron garantizados por sus familias. Las condiciones dentro de la cárcel son inhumanas como ya se denuncia desde hace mucho tiempo.
A este panorama, que no hace más que demostrarnos en hechos concretos lo que desde el campo de izquierda siempre sostenemos “La policía no nos cuida”, se le suma en la capital la vigilancia a través de cámaras de seguridad que se encuentran en distintos puntos de la ciudad (1100 aparatos) y en móviles policiales. La implementación de estos dispositivos pretende un mayor control de la circulación de personas en la calle y ante algún indicio, se da aviso al móvil policial que se dirige al lugar mientras que las imágenes del operativo quedan en la fiscalía, para luego terminar en citaciones o causas judiciales.
El viernes 24 de abril unos 10 a 15 abogadxs se presentaron en el Palacio de Justicia, para entregar un petitorio a un representante del Colegio de Abogados que estaba en el lugar. Pedían, junto a lxs abogadxs de todo el país, que se habiliten formas remotas, a través del expediente digital que ya existe en todos los distritos, para poder retomar su trabajo aunque sea parcialmente. La policía dispuso un vallado y un operativo intimidante, y detuvo a cuatro de ellxs.
La situación de violencia de género es otro de las problemáticas que tampoco queda fuera de las políticas de desidia de nuestra provincia. El 25 de abril nos enteramos del hallazgo del cuerpo de Cecilia Basaldúa, en la localidad de Capilla del Monte. Crimen que no deja de sumar más dudas que resoluciones sobre la verdad de este femicidio. Así Córdoba sumá cifras a esta curva que no para de aumentar, desde el 1 de enero 117 femicidios se registran en lo que va del año. La situación violencia machista se extiende por todo el país, una pandemia que hace años nos mata.
Estas son algunas de las radiografías de la Provincia de Córdoba. Imágenes que grafican cómo se vive la pandemia en la segunda Provincia del país. Hoy la política de abandono hacia los sectores más golpeados de nuestro pueblo se hace más visible que nunca- acompañada de la represión- dejando traslucir los negocios millonarios de la clase política-empresarial, y la emergencia sanitaria que arrasa con la vida. Desde Venceremos Partido de trabajadorxs, como militantes que luchamos por construir una sociedad igualitaria, debemos estar al frente de la crisis para acompañar la organización y lucha en articulación con el campo de izquierda y los sectores de nuestro pueblo.