Sin sorpresas, la exposición del presidente Alberto Fernández (AF) en la apertura de las sesiones parlamentarias, reafirmó la jerarquía de prioridades que el gobierno del Frente de Todos puso en marcha en sus primeras semanas de gobierno y que ubica en el centro de las preocupaciones la renegociación de la deuda externa, que debe iniciarse en una primera etapa con los acreedores privados durante marzo, bajo el auspicio del FMI.
La lectura del extenso discurso, ejecutada por AF sin estridencias en su tono y sin interrupciones por parte de la bancada opositora, transitó los principales aspectos de la gestión de gobierno y tuvo como eje vertebrador la permanente búsqueda de equilibrios, con el fin de ofrecer señales de moderación y entendimiento hacia todos los factores institucionales de poder, incluidos los de su propia coalición de gobierno en acuerdo con el kirchnerismo.
En los palcos, el elenco estable del pejotismo y la burocracia sindical cegetista escuchó con atención el discurso presidencial, en lo que fue una demostración elocuente que la denominación “todos” del Frente efectivamente no excluye a ninguno de los que fueron encumbrados cómplices del saqueo macrista.
El anuncio del envío en breve de un proyecto de legalización del aborto (que tratamos más abajo) fue el punto más alto de la alocución, en la que no hubo presentación de grandes medidas (sólo la reforma judicial como ofensiva política en un frente de altísima sensibilidad para el oficialismo por las causas de corrupción en trámite en juzgados federales), ni mayores precisiones programáticas en materia de política económica, más allá de la reiteración del concepto de que el cumplimiento del pago de la deuda externa no puede hacerse en detrimento del desarrollo económico y social (sin explicar concretamente cómo puede cumplirse con esa “obligación” con un criterio de genuina equidad social).
En este sentido, no puede perderse de vista que la Casa Rosada viene implementando ya un “ajuste solidario”, con el objetivo de exponer austeridad fiscal, que redistribuye a la baja en materia de jubilaciones y salarios entre de la propia clase trabajadora, sin tocar las fabulosas ganancias de los grandes ganadores de los 4 años de macrismo (bancos, privatizadas, mineras, exportadores agrarios, etc.). Y ésa será la línea de continuidad si no hay una suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa y una investigación a fondo de su carácter ilegítimo y fraudulento, como fundamento del no pago como parte de una política de ruptura con el FMI y sus cadenas de dependencia y atraso.
En similar tónica, otro aspecto significativo del discurso presidencial se produjo al referirse a la necesidad de “salir del extractivismo”, para acto seguido desenvolver todo el programa minero de “explotación sustentable” con la promesa de crear una cadena de producción que genere cientos de miles de puestos de trabajo. Más allá del juego retórico, está más que claro que la política extractivista constituye una apuesta clave del gobierno del Frente de Todos orientada a promover áreas competitivas y redituables desde el punto de vista capitalista, aunque eso signifique la dilapidación de recursos vitales como lo es el agua para nuestros pueblos.
Aborto legal en el Congreso, una conquista de la movilización del movimiento feminista
Sin lugar a dudas el anuncio del envío de un proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso para la legalización del aborto constituye un hecho histórico. Si ese paso es hoy una realidad es como resultado exclusivo de la enorme lucha que desde hace años viene llevando adelante el movimiento de mujeres y colectivos disidentes para imponer el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como una cuestión ineludible de la agenda pública.
Que el mismo sistema de partidos tradicionales que durante años hizo lo imposible para evitar abordar esta demanda hoy deba dar cuenta de este reclamo, no hace otra cosa que reafirmar que la historia fundamental de la lucha por este derecho se viene escribiendo en la calle, en la movilización imparable de millones de mujeres que no van a dejar en manos de nadie la concreción de un derecho que es propio e indelegable.
Está claro que esa movilización callejera ya forjó colectivamente un proyecto que es el de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que el gobierno nacional se encamina a presentar uno propio que incorporará algunas concesiones para hacerlo más digerible para la Iglesia Católica y que luego generarán dificultades prácticas para la concreción efectiva del derecho conquistado.
En pocos días tendremos claro la envergadura de esas modificaciones y se abrirá más que nunca una puja durísima por determinar el contenido final del proyecto, que en esta ocasión cuenta con una fuerza forjada en la movilización de años que ni siquiera el elenco estable de dinosaurios que habita en el Senado podrá detener. El próximo 8 y 9 de marzo será una parada clave en este trayecto decisivo, que también oficiará de medición de fuerzas de masas, donde una marea feminista de mujeres y disidencias conquistaremos las calles nuevamente con nuestras banderas y reivindicaciones que no pueden esperar.
La deuda es con el pueblo, no con el FMI; y aborto legal, seguro y gratuito ya, son las dos consignas que sintetizan los ejes fundamentales de nuestra acción política para la etapa inmediata, que sólo pueden ser concretadas mediante el protagonismo popular y la acción independiente de la clase trabajadora. En las calles, donde los pueblos escribimos la historia.