“Sin lucha social, triunfos por abajo y cambios de las relaciones de fuerza, no habrá mejoras significativas para el grueso de la población”
Desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs entrevistamos al economista Claudio Katz para analizar el cuadro de situación económica y política en nuestro país, el papel del FMI, los condicionantes del peso de la deuda, y las perspectivas del próximo gobierno en relación con las demandas populares.
V- PT: ¿Cuál es la situación socio económica actual?
C. Katz: La inflación que Macri prometió resolver de taquito se ha desbocado. Ya se aproxima al 60% anual y todavía falta el traslado a los precios minoristas de los efectos de la última devaluación. Los capitalistas remarcan a un ritmo desaforado, desconociendo los inconsistentes parches del gobierno. El régimen de “precios esenciales” y la reducción del IVA no han morigerado la carestía. La credibilidad de los funcionarios que se despiden es tan reducida, como la efectividad de sus acciones. Los propios ministros olvidan los decretos que emitieron en la jornada anterior. El congelamiento por tres meses de las naftas sólo duró 33 días y el severo programa de emisión cero ha sido directamente abandonado. El oficialismo ha perdido el manejo de todos los resortes de la economía. La caída del 2,7% del PBI en el 2019 afianzará un ciclo recesivo, que ha desvalorizado las empresas a un nivel comparable con el 2002. La cotización bursátil de las principales firmas se desplomó en un 80 por ciento y están regaladas para los grandes inversores del exterior. Habrá que ver si se consuma otra gran oleada de desnacionalización del aparato productivo. Este gravísimo contexto económico ha provocado una tragedia social mayúscula. Las devaluaciones, los tarifazos y el castigo a los ingresos populares dispararon la pobreza al 35,4% y ese porcentual se aproximará al 40%, antes de fin año. En uno de los principales países exportadores de alimentos hay cinco millones de personas que no acceden a los consumos básicos. Basta recorrer los comedores comunitarios para corroborar esa nueva epidemia de inseguridad alimentaria. La emergencia contra el hambre aprobada en el Congreso sólo redistribuye partidas de un presupuesto sub-ejecutado. En los hechos, incorpora una bajísima suma de dinero que no asegura leche, carne o almuerzos suficientes a millones de indigentes. El drama de este segmento es complementado por la pauperización de los trabajadores ocupados, que perdieron el 30% de su salario desde el 2015. Esta dantesca herencia de Macri puede incluso agravarse, si estallan nuevas convulsiones cambiarias, bancarias o inflacionarias, antes de la asunción del nuevo presidente.
– ¿Cuál es la situación en relación con la deuda externa?
– La herencia más impactante de Macri es el nuevo default de la deuda. El gran fantasma que el gobierno utilizó para denigrar a la oposición y atemorizar a los electores ha sido finalmente corporizado por el propio oficialismo. Por ahora el impago es limitado, pero tiene altas chances de extenderse. La prórroga forzosa de los vencimientos afecta a varios bonos de corto plazo. Son títulos internos que el gobierno no pudo saldar y prometió refinanciar con un plan que continúa elaborando. Hasta ahora ni siquiera se sabe cuáles son los papeles incluidos en esa reestructuración. Macri implementa el default más insólito de los ocho que arrastra la historia nacional. Con el “mejor equipo de los últimos cincuenta años” dejó de pagar una deuda emitida durante su propio mandato. Esa decisión involucra un pasivo en moneda nacional, que en muy pocos países dejan en el aire. Los títulos impagos son habitualmente utilizados por las empresas para financiar su giro cotidiano. Esas firmas reemplazan ahora esos documentos por el encarecido crédito bancario o por el simple corte de la cadena de pagos. Esta adversidad agrava la depreciación de las compañías y el consiguiente desplome de la economía. Pero para encubrir el default, los publicistas oficiales encontraron un nuevo eufemismo: “reperfilamiento de la deuda”. Con esa denominación llegó al Congreso una propuesta de canje de otra porción del pasivo de más largo plazo, emitido bajo jurisdicción argentina. Los tiburones de las finanzas (que siguen manejando el Ministerio de Hacienda) aspiran a repetir el recordado negociado que instrumentó Cavallo (“megacanje”). Pretenden inflar con mayores tasas una deuda que se encamina al default, para lucrar con futuros litigios de cobranza. Algunas versiones señalan a Caputo y a los grandes fondos (Templeton, BlackRock) o bancos (J.P. Morgan) en la trastienda de esta operación. Los medios especializados sólo discrepan en la fecha o el alcance de un default más general. La tasa de riesgo-país confirma esas predicciones, ante la evidente ausencia de los dólares requeridos para saldar los compromisos. Macri batió todos los récords imaginables. Incremento de la deuda a un ritmo de de 4 millones de dólares por hora, 90 millones por día, 3 mil millones por semana y 35 mil millones al año. Le deja a su sucesor vencimientos por 223.000 millones de dólares, equivalentes al 40% del producto, con un 77% de los intereses y el capital en moneda extranjera. Esos pasivos asfixian con la misma intensidad a las provincias, que desde el 2016 multiplicaron su endeudamiento por seis. La carga ya explotó en Chubut, que tiene comprometido el 70 % de su recaudación con los acreedores y paga los sueldos en cuotas. El mismo drama se avecina en otras provincias.
– ¿Qué medidas concretas podrían implementarse para no pagar la deuda externa?
– La deuda con el FMI es una estafa mayúscula. Todo el país asume un compromiso por un dinero que se esfumó en forma vertiginosa. Ni un sólo dólar de los 50.000 millones aportados se tradujo en inversiones. Esos recursos fueron capturados por grupos financieros que consumaron el mayor fraude de la historia reciente. Ellos deben afrontar las consecuencias de esa apropiación. Es la deuda de un puñado de millonarios y no la obligación de todos los argentinos. La fuga de capitales se consumó en esta ocasión a la vista de toda la ciudadanía. Involucra especialmente los 80 mil millones de dólares expatriados en los últimos cuatro años. Como existen datos muy precisos de esas transferencias, una rápida auditoría identificaría a los beneficiarios de esa operación. Antes de discutir cuánto y cómo se paga de la deuda hay que esclarecer quién se apropió de ese dinero. Las experiencias de auditorías de Grecia y Ecuador podrían servir de modelos a la investigación de Argentina. No es necesario remontarse al pasado dictatorial, ni lidiar con la documentación perdida. Hay que poner la lupa en funcionarios como Caputo, que emitieron insólitos bonos a 100 años e hicieron negocios para sus propias consultoras. La inmediata repatriación de todo el patrimonio del alto funcionariado de Cambiemos constituiría un simbólico inicio del nuevo tratamiento de la deuda. También correspondería investigar cómo fue devastado el Fondo de Garantía de las jubilaciones, que Macri recibió con 67.000 millones de dólares y devuelve con menos de 22.000 millones. Hay múltiples instrumentos para concretar una auditoría expeditiva. El blanqueo de capitales ofrece una base de datos para entrecruzar información. Ese operativo transparentó 116.800 millones de dólares de los 300.000 millones afincados en el exterior.
– ¿Cuáles son las perspectivas del próximo gobierno en relación con el pago de la deuda?
– Alberto Fernández soslaya la ilegitimidad de la deuda y sugiere “cerrar la grieta” con un borrón y cuenta nueva. Pero su mensaje de reconstruir el país “entre todos” (y sin que nadie pague) carece de realismo. No hay forma de recomponer la economía, si se consagra la impunidad de los vaciadores del país. La ilusión de reconstruir Argentina con sus destructores será aprovechada por la derecha para rehacer sus filas. Utilizará el desahogo para preparar otro retorno. Alberto espera afrontar un escenario parecido al imperante durante la gestión de Néstor Kirchner. Supone que la reactivación del consumo y la producción sucederán al Pacto Social y estima que los empresarios relegarán su rentabilidad, para facilitar el rebote de la economía. Pero olvida que los capitalistas siempre responden con el bolsillo a esos mensajes del corazón. Desconoce, además, que ese idílico contexto puede quedar diluido, si se repite el turbulento escenario que por ejemplo afrontó Menem al comienzo de su mandato. En esa ocasión una crisis irresuelta tardó dos años en tocar fondo.
– ¿Cómo considerás que serán las políticas del próximo gobierno en relación con las demandas populares?
– En la campaña electoral Alberto transmitió a cada público lo que quería escuchar. Por un lado sugirió mensajes progresistas de mejora salarial, recuperación de los ingresos, penalización de los banqueros, impuestos al patrimonio y planes de tarjeta alimenticia. Al establishment le habla con otro lenguaje de garantía a los negocios. Los trascendidos sobre la explotación de Vaca Muerta con fideicomisos externos son la contracara del modelo boliviano de captura estatal de la renta. Los candidatos a ocupar el Ministerio de Economía son más descarnados. Ponderan el dólar competitivo y demandan posponer la redistribución de los ingresos. Lo más preocupante es la inmediata cogestión de una transición que avale la inflación galopante. Esa carestía podría consumar el “trabajo sucio” que inicio la última mega-devaluación. Presentar esa agresión como un dato ajeno (“gobierna Macri”) es tan engañoso, como exigir que “se cuiden los dólares de las reservas”, omitiendo las consecuencias devaluatorias de ese mensaje.
Alberto promete un alivio que llegaría con las calles vacías, a través de las urnas. Como enfatiza esa conveniencia de la desmovilización popular, convocó al abandono de las manifestaciones sociales y al Pacto Social. Sus voceros afirman que fue un llamado transitorio para engrosar la base electoral. Pero preparan un mensaje parecido para los próximos meses, que objetará los reclamos activos a un gobierno recién llegado. En ese terreno de la movilización se juega la posibilidad de recomponer el ingreso popular. Sin lucha social, triunfos por abajo y cambios de las relaciones de fuerza, no habrá mejoras significativas para el grueso de la población. Conviene recordar que las conquistas logradas durante el Kirchnerismo fueron un eco tardío de la rebelión del 2001. Cualquier pulseada con el FMI, sin el pueblo en la calle será una batalla perdida. La gravitación de la movilización se verificó nítidamente en el último mes. Las marchas y los acampes de los movimientos sociales impusieron la acelerada sanción la ley de emergencia alimentaria, con el evidente propósito de descomprimir la calle. No se obtuvo todo lo pedido (reapertura de los planes a los nuevos desocupados y aumento de la AUH), pero la agenda giró hacia la problemática del hambre. El gran nivel de organización de los movimientos sociales constituye una diferencia con 1989 y el 2001 que atemoriza a las clases dominantes. Esa fortaleza abre caminos para imponer las demandas populares. Lo mismo ocurre con el reforzado movimiento sindical, si emerge del letargo impuesto por la dirigencia. La acción directa define el futuro del país. Es la gran disyuntiva en curso. Ocupar la calle para recuperar conquistas o aceptar la desmovilización y resignar lo perdido.