Ayer, martes 24, falleció un trabajador de la construcción y 13 resultaron heridos en un derrumbe producido en la ampliación del Aeropuerto de Ezeiza. En esta nueva masacre laboral se conjugan los ritmos de explotación apremiantes que imponen las empresas constructoras (en este caso, vinculadas al poder político) y que incluyen la precariedad en el trabajo y las deficiencias en la seguridad; las presiones políticas para inaugurar una obra como acto de campaña; la inacción de una burocracia sindical, como es la UOCRA, cómplice de decenas de muertes laborales. 
El desplome de una inmensa estructura tubular de 16 metros de altura en una obra de ampliación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ocurrida en la tarde de ayer, martes 24, derivó en la muerte de José Bulacio, capataz, y las heridas de otros 13 trabajadores, dos de los cuales se hallan en terapia intensiva. La intensificación en los ritmos de trabajo y las presiones que habitualmente ejercen las empresas en pos de su ganancia, en este caso tenían un plus: la firma a cargo de la obra es TGLT SA, de la cual es socio el empresario y político macrista Nicolás Caputo. Existía una presión explícita sobre los obreros para concluir parte de la obra a contrarreloj e inaugurarla parcialmente como parte de la campaña electoral del oficialismo antes del martes 1, cuando se inicia una “veda” sobre acciones de gobierno que rige en el mes de octubre.
La urgencia patronal por la culminación de la obra hizo que hubiera una aglomeración de trabajadores en poco espacio y que se prescindiera del cumplimiento de las normas de seguridad de trabajo en altura. Existían denuncias tanto del Ministerio de Trabajo Bonaerense como de la UOCRA que señalaban estas irregularidades. Pero fueron sólo una formalidad ante el poder del empresariado de la patria contratista de Aeropuertos Argentina 2000 (Grupo Eurnekian) y de las constructoras, como la mencionada TGLT ligada al amigo presidencial “Niki” Caputo. Cabe señalar el papel de la burocracia sindical de la UOCRA, con un historial nefasto de negociaciones fraudulentas en las cuales se hace la vista gorda ante las infracciones patronales a cambio de sobornos, y dirigida por una verdadera mafia encabezada por Gerardo Martínez, antiguo buchón del Batallón 601. En este caso, los señalamientos de la UOCRA sobre las flagrantes infracciones a las normas de seguridad, no se tradujeron en medidas concretas para evitar la masacre que finalmente ocurrió. La construcción lidera el ránking de muertes laborales, mientras los dirigentes del gremio se enriquecen.
Dejar la vida trabajando
En nuestro país se registran al menos medio millón de accidentes laborales al año, cifra que no recoge muchos de los accidentes entre trabajadores informales. De ellos, casi 70.000 generan incapacidades laborales permanentes (ILP) según Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El informe anual de “Basta de Asesinatos Laborales”, a su vez, registra más de 450 muertes evitables al año en el lugar de trabajo. La muerte del trabajador José Bulacio se suma a la lista de asesinatos laborales como el de David Ramallo (Línea 60), Sandra Calamano y Rubén Rodríguez (Escuela N° 49 de Moreno), a la reciente muerte en las rutas de Chubut de las docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, en el marco de una protesta que lleva dos meses, entre otros.
Como dijera Carlos Marx, el capitalismo y su voracidad reducen al obrero a una pieza viva del taller. Para la clase empresaria, sus ganancias son más importantes que nuestra vida.
La lucha contra la precarización y la explotación laboral son una urgencia; la superación de este sistema de muerte que es el capitalismo, es una tarea histórica para todxs lxs trabajadorxs.
El estado y los empresarios son responsables de esta nueva muerte. Exigimos justicia.