Los últimos meses que transita el gobierno de Cambiemos no muestran más que la continuidad de lo que han sido sus tres años y medio de mandato: un generalizado empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Según un informe de CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), desde fines de 2015 a marzo de 2019 se produjo en un caída promedio del salario real en torno al 17-23,5% según el tipo de medición que se realice (IPC, IPC Congreso), llegando a ser de casi 40 puntos si se mide por la canasta básica de bienes y servicios, y siendo aún más pronunciada en aquellos sectores que no se encuentran registrados. Mientras, el salario mínimo medido en dólares se redujo a más de la mitad, de U$S 580 a U$S 271.
El aumento de la desocupación ya trepa al 10,1% (INDEC) para el primer trimestre del año, con una tasa de subocupación del 11,8%. Los niveles de precarización laboral han aumentado llegando en 2018, según un estudio de la UCA, al 49,3% de informalidad sobre el empleo total, con un ingreso promedio de $10.283 mensuales para este sector de la clase, es decir casi el mismo monto de la Canasta Básica Alimentaria ($10.197) que mide el nivel de indigencia. La situación es peor aún para las mujeres trabajadoras, con una brecha salarial del 27% y un 21,5% de desocupación para las jóvenes.
En este marco, los despidos y suspensiones en sectores de la industria y los servicios siguen su curso. El impacto de la recesión en las distintas fracciones del capital se manifiesta de diversas formas y en algunos casos sirve como instrumento para llevar a cabo las necesidades de negocio de las patronales. En el sector PYMES, sigue generando todos los días el cierre de plantas o el achique de personal. En las grandes empresas, sirve como excusa para la presentación de “Procedimientos Preventivos de Crisis” o la amenaza de cierre, que son utilizados como elementos extorsivos para reconvertir las plantas y la producción, modificando convenios y condiciones de trabajo o achichando plantilla (como se ha verificado en los casos FEMSA/Coca Cola, FATE y Loma Negra recientemente).
En otros casos (COFCO, PUMA, Carrefour, Ribeiro), a partir de una caída de las ventas o del redireccionamiento de capitales a otras actividades como la importación de manufacturas o el procesamiento de las materias primas en el exterior, se producen cierres o achiques en la producción donde la aprobación de los PPC permiten el abaratamiento en los costos de despidos.
La embestida del gobierno no sólo es económica. En el último tiempo también se ha traducido en una escalada en el plano judicial: con la frustrada injerencia sobre la causa por la reincorporación de las y los trabajadores de Télam; con el inicio de causas judiciales a los choferes de la línea 60 por el conflicto de 2015 y a miembros de de la actual Comisión Directiva del SUTNA; en el encarcelamiento al petrolero Daniel Ruiz, preso por luchar contra la Reforma Previsional; en la latente amenaza de desalojo en el hotel BAUEN, así como en el fallo a favor de Camuzzi para permitirle cortar el suministro de gas a gestiones obreras como Fasinpat (ex Zanon), Stefani y Cerámica Neuquén.
DE CARA A OCTUBRE: LOS DISTINTOS ALINEAMIENTOS
Frente a este contexto económico y social, luego del contundente Paro General del 29 de Mayo, los distintos sectores de las conducciones sindicales se metieron de lleno en la rosca de los armados electorales de cara a octubre, con resultados en general por debajo de sus expectativas.
Esta decisión de depositar en la salida electoral lo fundamental de la resolución de nuestras problemáticas y reivindicaciones, expectativa que de alguna manera también se visualiza en sectores de base de trabajadores/as, trae como consecuencia el relegamiento de la presencia en las calles y la agenda económica-reivindicativa popular. Desde nuestro punto de vista es un grave error que atenta no sólo contra nuestros propios intereses inmediatos sino que incluso fortalece al macrismo, al permitirle vender la idea de “normalización” de la situación económica y social.
En las últimas semanas tanto las dirigencias sindicales de la CGT como la CTA y de un sector de los movimientos sociales se pronunciaron políticamente en torno a los distintos armados de los partidos tradicionales.
Así el “Frente de Todos” que contiene al PJ, al kircherismo y al massismo contará con el apoyo mayoritario de distintos dirigentes de la CGT como Hugo y Pablo Moyano (Camioneros), Pignanelli (SMATA), Palazzo (Bancarios), integrantes del FreSiMoNa; así como también del sector más entreguista durante el período macrista, como lo es el binomio Daer-Acuña (actual conducción cegetista) y de figuras como Caló de la UOM y muy posiblemente todo el sector de los “gordos e independientes”. En el mismo sentido, obviamente, lo hizo la dirigencia nucleada en las CTA, con Yasky, Micheli y Baradel a la cabeza y las organizaciones integrantes del “triunvirato piquetero” que también apoyan la fórmula F-F.
Por su parte, el Frente “Juntos por el Cambio” del macrismo y “Consenso 2030” de Lavagna contarán con menos apoyos sindicales, con dirigentes como Ibarra (taxistas) y Ayala (UATRE) los primeros y Luis Barrionuevo (gastronómicos) los segundos.
De conjunto, la transversal actitud de “no hacer olas” durante estos meses, se traducirá en el plano de la lucha reivindicativa en la inacción por parte las conducciones burocráticas, con el fin de aportar su cuota de “paz social” a un proceso electoral ordenado. Muestra de esto son los recientes acuerdos salariales sin mayores sobresaltos de los gremios de Sanidad, Alimentación y Camioneros. En el caso de este último, pospusieron su pedido inicial del 46% a la negociación de un primer tramo del 23% para discutir el resto en 2020.
En contrapartida a lo expuesto párrafos arriba, cobran relevancia las candidaturas obreras dentro de las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, con el caso de Romina del Pla (SUTEBA La Matanza) como candidata a Vicepresidenta, y Raúl Godoy (Ceramista de Zanon) como primer Diputado Nacional por Neuquén, entre muchos otros y otras postulantes.
MANTENER EN ALTO NUESTRAS REIVINDICACIONES
Tal como lo hemos mencionado en artículos anteriores, en esta etapa de lucha defensiva, donde los conflictos laborales se desarrollan por todo el país, de forma dispersa y fragmentada y por lo general con la ausencia (o entrega) en la mayoría de los casos de los gremios que los nuclean, la necesidad de seguir en las calles se vuelve imperiosa.
No sólo para resistir en las mejores condiciones posibles en cada conflicto, desarrollando instancias de coordinación entre los distintos sectores en lucha, sino también como forma de condicionar las políticas que intente desplegar el gobierno que resulte de las elecciones presidenciales.
Tenemos que aportar al sostenimiento de la movilización de la clase trabajadora para demostrar que nuestro pueblo no va a entregar sus derechos y conquistas fácilmente, tal como lo hemos venido haciendo en los últimos años.
En este sentido, desde distintos gremios y sectores se siguen desplegando luchas para enfrentar el ajuste, como es el caso de los mineros de El Aguilar (Jujuy) que a través de la movilización lograron una victoria en sus reivindicaciones económicas y de seguridad; el conflicto que sostienen las y los trabajadores/es del laboratorio Craveri en Ciudad de Buenos Aires frente a los despidos; la lucha de los trabajadores del Expreso Lomas, que llevan más de 100 días peleando contra el vaciamiento de la empresa y sus puestos de trabajo, de las y los trabajadores de Télam contra el vaciamiento y los despidos. En este marco, la reciente recuperación para sus trabajadores/es de la Textil Sportech (San Martín, pcia. de Bs.As.) resulta un hecho moralizador y de gran importancia para las familias que dependen de esta fuente de trabajo.
De cara a lo que se vendrá, el resultado electoral redefinirá los marcos de alianzas hacia el interior de las centrales sindicales y los futuros niveles de confrontación, dado que los sectores burocráticos actualmente opositores al macrismo pueden devenir en parte del elenco gobernante, lo que los ubicaría en el rol de co-gestores de un posible “pacto social” en el cual, tal como la historia demuestra, siempre somos las y los trabajadores los que terminamos pagando el ajuste.
El escenario post diciembre volverá a poner a la orden del día la cuestión de las “reformas estructurales”, laboral y previsional. En este sentido, el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne manifestó días atrás a inversores privados en Estados Unidos su plan de avanzar con una reforma laboral si el gobierno revalida su mandato; en tanto, uno de los principales asesores económicos del Frente de Todos, Guillermo Nielsen, planteó también la necesidad de avanzar en reformas en el marco de una renegociación con el FMI, con la salvedad de realizarlas “en condiciones de crecimiento”.
A su vez, el modelo de Vaca Muerta y los agronegocios (presente también en la plataforma del Frente de Todos) seguirá siendo parte fundamental de la matriz productiva de nuestro país, en lo que constituye fundamentalmente un indicador de las características que tiende a adoptar la reproducción capitalista en nuestro país, con formas cada vez más “flexibles” (superexplotadoras) en la organización del trabajo.
Dada la situación actual de la economía argentina, marcada por altos niveles de endeudamiento y dependencia política al FMI y al imperialismo, ninguna de las principales fuerzas políticas plantean romper con el Fondo (planteo sólo presente en el programa del FIT-Unidad), por lo que cualquier intento por lograr un crecimiento económico con redistribución del ingreso, que no confronte con estos condicionantes, estará condenado al fracaso.
Debemos ser las y los trabajadores los que tomemos el destino en nuestras manos, desarrollando nuestra propia alternativa de gobierno y levantando un programa político y económico de clase, que permita resolver los enormes padecimientos que sufre nuestro pueblo.
