Migrar no es delito

A vencer diciembre//América Latina

La caravana migrante hondureña, a la que se fueron sumando oleadas de migrantes de El Salvador y Guatemala, constituye un movimiento migratorio colectivo de una región que ha sido sistemáticamente saqueada y expoliada por las grandes corporaciones multinacionales con el apoyo de la violencia militar y paramilitar organizada y financiada por el imperialismo norteamericano en sendos golpes militares y dictaduras. Un repaso de las causas profundas de la pobreza y la violencia actual en Centroamérica que se pretenden ocultar.

La caravana migrante hondureña, a la que se fueron sumando oleadas de migrantes de El Salvador y Guatemala, constituye un movimiento migratorio colectivo de una región que ha sido sistemáticamente saqueada y expoliada por las grandes corporaciones multinacionales con el apoyo de la violencia militar y paramilitar organizada y financiada por el imperialismo norteamericano en sendos golpes militares y dictaduras. Un repaso de las causas profundas de la pobreza y la violencia actual en Centroamérica que se pretenden ocultar.

Las imágenes estrujan el corazón. Miles de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas caminan en carava­na dispuestos a aguantar lo que sea con la esperanza de escapar del hambre, de la violencia, de la miseria generalizada, del no futuro. Mamás y papás con sus bebes a cuestas enfrentando los escudos policiales y huyendo de los gases lacri­mógenos que defienden con ferocidad la exclusividad de pertenecer al otro lado del mundo, a ese otro lado que es un poco menos miserable, o eso se espera.

En el llamado Triángulo Norte de Cen­troamérica, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador, la combinación de pobreza y violencia extrema (estatal, paraestatal y delictiva) que caracteri­za desde hace décadas a la vida en esos países, especialmente en Honduras, es decisiva para entender por qué tantas personas parecen dispuestas a todo con tal de huir. Por ello, una simple convoca­toria por redes sociales para emprender una travesía desde Honduras hacia Es­tados Unidos fue capaz de reunir a miles en pocos días. A mediados de noviembre el número de integrantes de la primera caravana ascendía a 7.233. La posibilidad de viajar en masa y sortear colectivamen­te los peligros del camino (que incluyen el secuestro y el asesinato) animaron a miles a unirse. Se calcula que alrededor de 9 mil migrantes centroamericanos ingresaron a México desde mediados de octubre en cuatro contingentes, de los que más de 6 mil están ya en la ciudad fronteriza de Tijuana a la espera de que las autoridades norteamericanas permi­tan su paso para solicitar el asilo político. Trump, lejos de ello, autorizó a las fuerzas armadas de frontera a usar armas leta­les para contener su ingreso a territorio de EEUU y ordenó el envío de 5.239 efecti­vos a la frontera, preparando otros 10.000 para acudir en caso de que se produzcan “desbordes”.

Éxodo hondureño

Las migraciones desde estos tres paí­ses no son un fenómeno nuevo. Tampo­co lo son las políticas xenófobas y expul­sivas de EEUU que se han agudizado con el gobierno de Trump. Entre el 1° de octu­bre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, la Pa­trulla Fronteriza de EEUU detuvo a 33.123 familias hondureñas. Muy cerca del ré­cord registrado en el mismo período de 2014, cuando las detenciones ascendie­ron a 34.495, en el marco de una de las peores crisis migratorias en la historia del país. Además, entre enero y septiem­bre, 57.000 personas fueron deportadas a Honduras desde México y Estados Uni­dos. ACNUR, la Agencia de Naciones Uni­das para los refugiados, señaló que en el último año aumentaron en un 1.000% las solicitudes de refugio de centroame­ricanos en México.

Muchos hondureños han dejado el país, especialmente desde los años 70. Los datos de la Encuesta de Hogares de 2016 indican que 278.000 grupos familia­res, 14% del total de una población de 9 millones, tienen al menos un pariente vi­viendo en Estados Unidos. En número de personas, se estima informalmente que hay al menos un millón, lo cual represen­ta más del 10% de la población actual del país. Históricamente la migración desde Honduras hacia Estados Unidos respon­día sobre todo a razones económicas. Los salarios que se pueden obtener en el país del norte permiten mantenerse y enviar remesas a los familiares que permanecen en Honduras. Pero nunca había ocurrido un éxodo tan masivo.

Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de América Latina, cerca de 6 de cada 10 hogares de las zonas rura­les vive en la pobreza extrema. Es el país con más pobres de América Latina. El 60,9% de la población vive en la pobreza, según datos de la Cepal. Bastante cerca, con 59,3%, está su vecino, Guatemala. La pobreza extrema, que refiere a dificulta­des severas para alimentarse, afecta al 38,4% de los hondureños. Es mucho más que cualquier otro país de la región. Ade­más reúne -según organismos como la ONU- casi todas las causas que dan origen a lo que se considera una “emigración compulsiva”: desempleo, bajos salarios, falta de beneficios sociales en salud y educación, pobreza, políticas económicas neoliberales, inestabilidad política e in­gobernabilidad, reelección ilegal, golpes de estado y dictaduras, altos índices de corrupción e impunidad, violencia, repre­sión y falta de libertad de expresión.

Las personas más pobres son obvia­mente las más expuestas a la violencia. Las mujeres y los menores de edad son aún más vulnerables. Además, las pobla­ciones afrodescendientes y LGBTIQ están en situación particular de vulnerabili­dad y sufren cotidianamente la violen­cia paramilitar o de pandillas. En 2011, Honduras llegó a ser el país con la ma­yor tasa de asesinatos del mundo: 86,5 cada 100.000 habitantes -siendo altísi­ma la cantidad de asesinatos políticos, incluyendo los asesinatos dentro de la comunidad LGBTIQ. En 2017 se registra­ron 3.866 homicidios, que representan una tasa de 43,6 cada 100.000, según da­tos del Monitor de Homicidios del Insti­tuto Igarapé. Ese año, del primer puesto a nivel global cayó al cuarto, detrás de El Salvador (60,1).

Honduras es considerado el lugar más peligroso en el mundo para los ac­tivistas ambientales. 8 de cada 10 homi­cidios quedan impunes y tiene la mayor cifra per cápita de asesinatos de activis­tas. 123 activistas hondureños/as han sido asesinados en los últimos 7 años, ci­fra que registra sólo los casos conocidos1. El caso más conocido internacionalmen­te es el de Berta Cáceres, cuyo asesinato impune es un eslabón más en una cade­na de crímenes que llevan años y cuyas principales víctimas son los indígenas lencas, miembros del Copinh que se opo­nen al saqueo de sus recursos naturales y en particular a la construcción de la represa en Río Blanco, impulsado por la empresa DESA.

Historia del despojo

La violencia y la brutal represión ha­cia los sectores populares ha caracteriza­do la historia de Centro América prácti­camente desde hace 500 años. Luego del genocidio de la Conquista y colonización europea, los tiempos de Independencia no significaron grandes mejoras para los centroamericanos. Las disputas entre el imperialismo británico y el norteameri­cano -y entre los empresarios liberales y los grandes terratenientes conservado­res promovieron la disolución de la Re­pública Federal de Centro América, dando lugar a la fragmentación del territorio y a la creación de las repúblicas indepen­dientes de Honduras, Guatemala, El Sal­vador y Nicaragua. La constante injeren­cia del imperialismo norteamericano y las corporaciones – como la United Fruit Company que convirtió a estos países en verdaderos enclaves bananeros- expolia­ron y saquearon a estos pueblos y territo­rios durante más de dos siglos.

EEUU no solo intervino directamente con sus fuerzas armadas en estos paí­ses, sino que financió y promovió golpes de Estado y guerras que sirvieran para garantizar sus intereses y controlar un territorio estratégico. Así, usó a Hondu­ras como base de operaciones en su lu­cha anticomunista: desde allí organizó y financió el golpe de Estado al gobierno de Arbenz en Guatemala en 1953 cuando este intentó llevar adelante una refor­ma que tocaba los intereses de la United Fruit y buscaba terminar con formas de servidumbre laboral. La caída del gobier­no de Arbenz determinó el exilio de mi­les de guatemaltecos, el despido masivo de trabajadores, la detención de dirigen­tes y estudiantes y la instauración de una dictadura que prohibió las organiza­ciones sindicales y campesinas y realizó violentos desalojos en las zonas rurales para desarticular el movimiento agrario. Del mismo modo, frente a las luchas del campesinado indígena y al desarrollo de movimientos revolucionarios y gue­rrilleros a partir de 1960, los gobiernos militares de las décadas del ´70 y el ´80 –apoyados por los EEUU y su doctrina de Seguridad Nacional– llevaron ade­lante una feroz represión que implicó el desalojo de la población maya de sus territorios ancestrales con una política de “limpieza étnica” que culminó en un etnocido con 150 mil muertos y miles de desaparecidos.Desde Honduras se organizaron tam­bién las tropas y los bombardeos de la contra revolución en Nicaragua.

En El Salvador, los EEUU apoyaron el golpe de Estado que en 1979 desencadenó una guerra civil que duró toda la década de 1980. Los paramilitares, escuadrones de la muerte y tropas especiales de la Bri­gada Atlacatl, fueron financiados y en­trenados directamente por especialistas en contrainsurgencia yanqui y equipa­das por el ejército norteamericano. Ade­más de asesinatos selectivos realizaron matanzas masivas, sobre todo de pobla­ción campesina. Con Reagan en la presi­dencia, se incrementó la ayuda militar yanqui a El Salvador, con bombardeos sistemáticos a las zonas rurales contro­ladas por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Esto generó el éxodo de miles de familias a Honduras y otros países y se generalizó la represión de los paramilitares contra campesinos desar­mados. Se calcula que entre 1980 y 1988 hubo unos 70 mil muertos. La dirigen­cia política de ultraderecha que gober­nó durante toda la década del 90 contó con la firme ayuda militar y financiera de EEUU, aplicando políticas neoliberales que empobrecieron aún más a la pobla­ción, dolarizaron la economía y privati­zaron sus recursos2.

Hoy

Cuando [entre muchas comillas] ter­minaron los conflictos, el pase a la lega­lidad de los grupos paramilitares, en con­junto con las deportaciones de miembros de pandillas desde Estados Unidos en el caso de Honduras, incrementaron la vio­lencia sin una respuesta desde el Estado y las instituciones “democráticas”.

El golpe de Estado que en 2009 sacó del gobierno a Manuel Zelaya en Hondu­ras, volvió a tirar por tierra la expectati­va de que se realizaran ciertas reformas que mejoraban las condiciones de vida y trabajo del pueblo, recuperando algu­nos derechos básicos. El movimiento de resistencia a ese golpe de Estado implicó cientos de muertos y exiliados políticos. Lo mismo ocurrió frente a las elecciones fraudulentas recientes que permitieron la reelección de Juan Orlando Hernández, responsable político de los asesinatos de Berta Cáceres y otros ambientalistas y dirigentes políticos y sociales. Las fuer­tes protestas culminaron con decenas de muertos y heridos

Hoy, Honduras es ruta del narcotrá­fico, porque queda entre los principales productores en América del Sur y los con­sumidores en América del Norte.

Lo cierto es que todos estos fenóme­nos, algunos más estructurales, otros más coyunturales, son indisociables de la crisis migratoria que están atravesan­do estos países hermanos. Esto es lo que evidenció el presidente electo de México Manuel López Obrador al proponer a los EEUU considerar que el desplazamiento forzado y otras formas de violencia de­ben ser abordados desde un enfoque de derechos humanos y reconocer que esta condición puede otorgar la situación de refugiado. Este enfoque apunta directa­mente a que las causas de la migración responden a la pobreza, la exclusión so­cial y la violencia que sufren Guatemala, El Salvador y Honduras, de las que clara­mente el gobierno de Estados Unidos es responsable.

Esta marea de gente que encara este éxodo masivo continuará fluyendo si no se modifican las políticas estructurales que generan el empobrecimiento y la violencia. Y esto ocurrirá sólo cuando los pueblos puedan efectivamente protagoni­zar un cambio social, económico y polí­tico profundo que les permita construir otra sociedad. Mientras tanto, mal que le pese a Trump, los centroamericanos seguirán yendo a golpear las puertas del imperio. Ojalá, más temprano que tarde, tengan la fuerza para decirle “Venimos por lo nuestro”.

1. Dato de Global Witness
2. Gallego, Marisa, Eggers Teresa y Gil Lozano, Fernanda; Historia Latinoamericana, 1700-2005, Editorial Maipue, Buenos Aires, 2006. Págs 376 a 381.