Devaluación sostenida, inflación incontrolable, despidos en alza y represión a las luchas obreras y populares, marcan la agenda de gobierno PRO-FMI, sin otra perspectiva que ejecutar hasta niveles indecibles un ajuste cada vez más brutal contra el pueblo trabajador. Cuanto más se profundiza la crisis económica y social -y con ésta se agrava la crisis política del gobierno de Mauricio Macri-, más se avanza la embestida judicial y mediática en torno al affaire de los “cuadernos de la corrupción”, alimentada por el “arrepentimiento” de una seguidilla de ex colaboradores y funcionarios kirchneristas (Uberti, López, Clarens) y empresarios emblemáticos de la “patria contratista”.
Sin duda toda la “acción investigativa” del juez Bonadío, cargada de irregularidades procesales y operaciones mediáticas, está puesta al servicio de las necesidades electorales del macrismo, que, incapaz de mostrar un solo indicador económico positivo, juega todas sus fichas al show mediático de la corrupción para imponer otro eje que desvíe la atención de la opinión pública (lo más lejos posible de su responsabilidad sobre la previsible catástrofe económica y social que es resultado de su gestión de gobierno).
Por eso Bonadío apunta sus cañones sólo a aquella parte del entramado de corrupción que vincula a empresarios prebendarios con altos ex funcionarios del kirchnerismo, resguardando todo lo que puede a los más prominentes y cercanos empresarios involucrados (Calcaterra, Roggio, etc.) y a personalidades políticas ligadas a Cambiemos. Lo actuado va en sintonía también con las expectativas del imperialismo norteamericano, que juega sus fichas promoviendo el ingreso de nuevos actores al negocio de la obra pública, en detrimento de los socios locales de capitales chinos, su adversario estratégico en la arena internacional (ver http://venceremos-arg.org/2018/08/06/la-causa-los-cuadernos-una-cortina-una-disputa-fondo/).
En verdad, se trata de una corrupción sistémica de la administración del Estado capitalista, de la que el macrismo no sólo que no está ajeno, sino que es expresión política directa de los intereses de lo más granado del riñón empresarial que integra el “club de la obra pública”.
Una investigación judicial seria sobre los enormes negociados de la “patria contratista” con los gobiernos de turno, debería iniciar por el mismo Macri y toda la propia familia presidencial, que amasó su fortuna en base a negocios con el Estado, iniciados con la dictadura de Onganía e incrementados exponencialmente durante la última dictadura militar. Negocios que continuaron sin pausa durante los sucesivos gobiernos constitucionales de 1983 a estos días: tal es así que, en el año 2004, Franco y Mauricio Macri eran titulares directos de la empresa IECSA, una de las 13 grandes firmas participantes de la reunión en la Cámara de Empresas Viales en la que el ex ministro Julio De Vido habría marcado las pautas del sistema de “retornos” de licitaciones públicas, según declaró judicialmente el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
La única “fortaleza” que tienen los ataques del macrismo y la “cortina de humo” que proponen, es que los suyos no son “golpes al vacío”, sino que hacen eje en prácticas de corrupción que alimentaron por años el flujo ilegal y millonario de fondos públicos, desviados tanto para el financiamiento de las estructuras políticas de los partidos tradicionales como para los patrimonios personales de diversos dirigentes políticos y su entorno más cercano (en proporciones variables de acuerdo a las características de los involucrados).
En este escenario, desde Venceremos–Partido de Trabajadorxs rechazamos la utilización con fines político-electorales del Poder Judicial, que, si bien no es nueva, ha devenido en un instrumento fundamental de acción en el gobierno de Cambiemos. Además, reclamamos que se respeten estrictamente el debido proceso y las garantías constitucionales del derecho de defensa y que se investiguen a fondo los actuales casos de corrupción que involucran a Macri y numerosos ministros y funcionarios de su gobierno (empresas off shore, millonarias fuga de capitales, conflictos de intereses de la mayor parte del gabinete macrista, entre muchas otras ilegalidades), que hoy tienen asegurada la impunidad, pero que en los próximos años seguramente serán juzgados por los “Bonadíos” de turno.
El gobierno macrista quiere tapar los efectos del ajuste brutal de su gobierno con la agitación mediática permanente de una corrupción que, lejos de ser ajena, lo involucra en toda su naturaleza económica y política. Por esta razón, llamamos a profundizar con todas nuestras fuerzas la resistencia popular a los permanentes ataques del gobierno nacional y sus cómplices, ganando las calles, uniendo las filas obreras y populares y apostando a una salida política de fondo de los trabajadores y trabajadoras.