El gobierno provincial se ha dedicado en avanzar arbitrariamente en una serie de medidas sobre el Nivel Superior. Los anuncios de las orientaciones y cambios que pretenden se dieron por medio de canales informales, en declaraciones mediáticas por medio de sus funcionarios/as (principalmente Jaime Correa) y de forma oral en reuniones entre rectores. Todo apunta a concluir que la educación es un gasto y por lo tanto hay que “optimizar recursos”, en pocas palabras, hay que ajustar.
Entre los hechos más destacables para entender la situación hay que remontarse a finales del 2017, cuando se intentó implementar un examen eliminatorio para el ingreso 2018 a los Institutos de Educación Superior (IES). El gobierno no le quedó otra que dar marcha atrás en esta medida gracias a la movilización de docentes y estudiantes en distintos puntos de la provincia de Mendoza.
Claramente no se agota aquí las intenciones del gobierno. Ya en 2018, en una reunión de rectores el Ejecutivo provincial anuncio que se derogaría el decreto 476/99 que regula la actividad y funcionamiento de los IES de Mendoza. Esto amenaza directamente a la autonomía de los Institutos, a las condiciones laborales de los/as docentes y los derechos de los/as estudiantes. La falta de información oficial generó gran alarma entre estudiantes y docentes, pero esto se pudo traducir en una serie de medidas para demostrar que esto no es aceptado de forma pasiva. Es así que se llevaron adelante foros informativos en distintos departamentos, impulsado en conjunto trabajadores/as de la educación y estudiantes.
Bajo el criterio de considerar a algunas carreras como “prioritarias”, la DGE decretó el cese de subsidios a instituciones privadas (quita de salario docente), lo cual inevitablemente generará que los y las estudiantes tengan que afrontar aumentos descomunales en las cuotas y que docentes se queden sin trabajo. La medida generó un gran descontento que se expresó en la multitudinaria marcha el pasado 16/4, que concluyó en una asamblea de estudiantes en la explanada de casa de gobierno.
Si bien estamos en contra de la educación privada porque hace un negocio con nuestro derecho a estudiar así como también nos oponemos a que el Estado otorgue subsidios a los empresarios de la educación, no dejamos de entender que es fundamental oponernos al decreto 432/18 ya que no se redirecciona ni aumenta los recursos para fortalecer y extender la educación pública, todo lo contrario: el presupuesto viene en caída por tercer año consecutivo. También los fundamentos en los que se sostiene el decreto son repudiables, ya que considera solamente a un conjunto de carreras como prioritarias en detrimento de otras, sin considerar verdaderamente las necesidades socioculturales y socioeconómicas de las comunidades en donde están emplazadas estas instituciones.
Para concluir el mapa de las acciones del Ejecutivo provincial debemos nombrar la Resolución 0-937-DGE-18, que promueve el “operativo evaluación diagnostica censal” que no es más que una evaluación externa y estandarizada para los primeros años de carreras de formación docente. La resolución no aclara de forma contundente sus intenciones, se fundamente en términos muy generales y ambiguos.
Sin embargo bajo la luz del contexto de los proyectos de reforma educativa que pretenden para la región, las intenciones que tiene con esta evaluación emergen. Buscan generar datos para justificar conclusiones que ya sacaron, porque el plan que tienen para la educación, el Estado, ya lo elaboró bajo los estándares delineado por organismos internacionales como el Banco Mundial.
Con fecha para el jueves 19/4, la evaluación encontró un fuerte rechazo por parte de los/as estudiantes. En varias instituciones no rindió nadie, mientras que en otras hubo gran ausentismo. Es destacable la medida que tomo el IES N° 9-010 “Vera Peñaloza” de San Carlos, donde los y las estudiantes impidieron la entrada de la gente encargada de tomar la evaluación.
Con lo expuesto aquí consideramos que este conjunto de medidas apuntan a delimitar el acceso a la educación superior en un contexto de reforma pro mercantilista, reafirmando como objetivo general la orientación social de la educación como formadora de mano de obra barata para las empresas, sostenida con trabajo docente flexible y precarizado.
Sabemos que el sistema educativo actual necesita de reformas, pero no son estas las políticas educativas que queremos. Nuestro pueblo trabajador necesita de una educación gratuita, crítica y liberadora. Sabemos que esto solo no alcanza, también tiene que garantizarse las condiciones básicas como boleto educativo, jardines para niños/as, edificios en condiciones, etc.
Para conseguirlo un primer paso es la unidad de quienes defendemos la educación pública y la consigna #MasParaEducación cumple con el objetivo de contemplar todas las demandas de todo el sistema educativo y el 1° de mayo es una oportunidad para esta coordinación. Debemos aprovechar esta oportunidad.
Este día, el gobernado Alfredo Cornejo dará su discurso de apertura de sesiones legislativas, por lo tanto va a expones la agenda de ajuste y represión. Es por eso que en nuestro día debemos ser miles en la calle demostrando que los y las trabajadoras tienen otra agenda, que nuestros intereses pasan por otro lado, que estamos dispuestos a conquistar nuestra dignidad como clase.