Gualberto Solano, un padre incansable en busca de justicia
La madrugada de ayer murió Gualberto Solano, el padre del trabajador glondrina Daniel Solano que desde el momento de la desaparición de su hijo no paró de buscarlo. A Daniel lo vieron por última vez el 5 de noviembre de 2011, cuando en la puerta del boliche Macuba. A Gualberto le dijeron que su hijo había dejado el trabajo por voluntad propia, pero desconfió y en aquel momento inicio lo que sería el primero de muchos viajes desde Tartagal hasta Valle Medio para averiguar qué había pasado con su hijo, en ese tiempo destramó los negociados y explotación que hay detrás de esos trabajos, junto con la complicidad estatal.
Guadalberto estaba internado en Salta, había sido intervenido quirúrgicamente pero la intervención se complicó, su cuerpo llevaba las marcas de más de seis años de búsqueda: los viajes desesperados de Tartagal a Choel Choel, más de 3 huelgas de hambre, el vivir en las condiciones precarias de acampes bajo los intensos fríos patagónicos, de angustia por atravesar burocracias y destrato de las instituciones en la búsqueda por el cuerpo de su hijo. Gualberto se murió de a poco. “La de Gualberto es una muerte de la cual es responsable la justicia y la política de Río Negro”, dijo a Sergio Heredia, el abogado de la causa, amigo de la familia, y un abogado ejemplar en esta lucha.
La causa fue y vino entre las instancias provinciales y la Justicia Federal, en 2015 Martínez Vivot elevó la causa a juicio bajo la carátula de “desaparición forzada de persona” y se declaró incompetente al asegurar delito es de lesa humanidad y pertenece al fuero federal. Pero la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó a la Corte Suprema que regrese la causa a las instancias provinciales, tal como lo solicitara la querella. Este año, luego de la feria policial comenzó el juicio que busca saldar un poco esta injusticia que padecieron los Solano, con 10 audiencias ya se escucharon los relatos de cuarenta de los 370 testigos. Los abogados buscan que se condene a los siete policías -autores materiales- a perpetua.
En paralelo se da la búsqueda del cuerpo de Daniel en el pozo El Jagüel, a la que la Justicia negó varias veces la pericia pero en 2014 habilitó a que se hicieran filmaciones. Tres años después, comparando las filmaciones de 2014 y 2015 con las imágenes de hoy se da cuenta lo predecible: el pozo fue adulterado, tiene un falso fondo hecho con cemento.
El abogado Heredia aclaró hace un tiempo que «No es importante el cuerpo en el proceso judicial. El cuerpo del delito no es el de la víctima, esa es una parte. Pero queremos cumplirle la promesa a Gualberto de encontrar el cuerpo de Daniel”
Un poco de historia
Una vez repartidas las tierras en algunas pocas manos, luego del genocidio encabezado por el General Roca a fines del siglo XIX, la zona del Valle de Rio Negro y Neuquén fue equipada con una infraestructura de canales de riego que permitió el desarrollo de una pequeña y mediana burguesía local (chacareros), dedicada al cultivo intensivo de fruta -manzanas y peras fundamentalmente-, que combinaba el trabajo familiar con el empleo de mano de obra asalariada.
Hacia fines de la década del sesenta, el desarrollo de las fuerzas productivas a través de la incorporación de la tecnología que permitía desestacionalizar el acondicionamiento y embalaje de la fruta, generó condiciones de competencia desfavorables para los productores más pequeños que comenzaron a partir de allí a verse obligados a vender la producción a los capitales más concentrados, a precios muy inferiores a los del mercado, dado que no contaban con el capital necesario para tener galpones de empaque o frigoríficos propios.
Este salto en la capacidad productiva generó asimismo un mayor afluente de trabajadores hacia la zona, fundamentalmente desde el noroeste argentino. Se produjo un cambio en la procedencia de los trabajadores golondrina que hasta ese momento eran principalmente chilenos, debido al conflicto del Beagle de 1978 y la crisis que sufrió la producción cañera en el NOA, la cual provocó el cierre de varios ingenios y, como consecuencia, la expulsión de los trabajadores. “Estos golondrinas eran trasladados en camiones que llegaban a la comisaría donde se les retiraba el documento y se les tomaban las huellas dactilares. Los transportistas, propietarios de los camiones que trasladaban a los migrantes, ofrecían de chacra en chacra a los cosechadores permitiendo al productor elegirlos como mercancías (según parámetros de fuerza física, carácter sumis o, salud, etc.)”[1]
La causa de Daniel Solano. Más desaparecidos.
Daniel Solano es un trabajador “jornalero” o “golondrina”, originario de la comunidad guaraní Misión Cherenta, de Tartagal, Salta. La policía lo hizo desaparecer el sábado 5 de noviembre de 2011 a las 3 am, a la salida del boliche Macuba, por mandato empresarial. Tenía 26 años cuando lo desaparecieron y había viajado a Lamarque, Río Negro, para trabajar en la producción de tomate de la multinacional belga Expofrut. El boliche al que había ido se ubica a 11 kilómetros de Lamarque, en Choele Choel, una ciudad de 10.000 habitantes situada en el Valle Medio de la Provincia de Río Negro.
El día anterior a que lo desaparezcan, Daniel había estado hablando con sus compañeros de trabajo para tomar alguna medida de protesta el lunes siguiente, ya que a él -igual que a los demás-, antes de viajar los 2125 km que lo separan de su ciudad natal, le habían prometido un salario $1.800 y nada más le habían entregado $800 del último sueldo. El engaño había sido perpetrado por la “cooperativa” Agrocosecha, una empresa cordobesa propiedad de Gustavo y Adrián Lapenta (ahora llamada “Trabajo Argentino”) que se encarga de trasladar (léase: tratar) a los trabajadores golondrina, fundamentalmente para las épocas donde más se requiere mano de obra en la producción frutícola.
Cuando Gualberto Solano llegó a Río Negro en su desesperada búsqueda, el fiscal Miguel Flores, la jueza Marisa Bosco, los abogados de Agrocosecha y unos testigos falsos le dijeron que su hijo, Daniel, había sido visto por última vez en la terminal, por tomar un colectivo a Neuquén. Llamativamente, Daniel se había “olvidado” su ropa y sus documentos en la gamela (galpón) donde dormía.
Sensibilizados con el caso, los abogados Sergio Heredia, también oriundo de Tartagal, y Leandro Aparicio, de Bahía Blanca, decidieron tomar la representación legal de Gualberto. Su intervención posibilitó que apartaran a 2 de los 4 jueces que fueron haciéndose cargo de la causa, entre ellos la jueza Bosco, que había formado una comisión investigativa encabezada por el policía Héctor Martínez (uno de los actuales imputados) y la jueza Costanzo, que fue fotografiada abrazada con la esposa de uno de los imputados y es, además, prima de María Cecilia Costanzo, la abogada de Agrocosecha que quiso engañar a Gualberto con los testigos falsos. María Cecilia Costanzo era también la delegada de la Secretaría de Trabajo de Choele Choel cuando Daniel Solano fue secuestrado.
En la búsqueda de Daniel aparecieron dos cuerpos, de los cuales a uno le habían amputado las manos y los pies. Resultó ser el cuerpo del paraguayo Pedro Cabañas Cuba, que trabajaba para Paulino Ribera, uno de los testigos falsos que supuestamente vio a Solano en la terminal de Choele Choel. Heredia cree que Cabañas Cuba vio algo y por eso lo mataron. El otro cuerpo todavía no fue identificado, pero en un principio se pensó que podría ser el del trabajador golondrina jujeño Héctor Villagrán, otro tercerizado de Expofrut a través de Agrocosecha que se encuentra actualmente desaparecido. Este año también apareció ahogado en el río otro empleado de Agrocosecha oriundo de Salta, Andres Cuyebay, de 28 años, de quien no se tenía noticias desde hacía 4 días. Según Sergio Heredia, hay testigos que presenciaron cómo la policía sacó a los golpes a Andrés Cuyebay del boliche Macuba, el mismo de donde lo “chuparon” a Solano. Si bien las autoridades judiciales (con complicidad de los medios locales) intentan instalar la versión de que Cuyebay se ahogó nadando en el río, la mamá declaró que le entregaron a su hijo con otra ropa que la que usaba al momento de desaparecer.
¿Qué hicieron el gobierno nacional y UATRE, el sindicato de trabajadores agrarios, frente a todo esto? Un mes más tarde de que Daniel desapareciera, se sancionó la ley 26.727 que crea un nuevo régimen de trabajo agrario, sustituyendo el RENATRE que controlaba el Momo Venegas (sec. gral. de UATRE), por el actual RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios), un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Trabajo que se encargará ahora del registro de los trabajadores rurales, apaciguando las aguas luego del escándalo provocado por la desaparición de Solano. Sin embargo, ni la burocracia de UATRE ha hecho un solo reclamo por la aparición de Daniel Solano, ni el gobierno ha tomado una sola medida para colaborar con la investigación penal.
En la causa Solano hay 22 imputados, todos policías. Trece de ellos fueron procesados, de los cuales siete habían sido puestos en prisión preventiva, pero el lunes 20 de julio se ordenó su libertad, previo depósito de 400.000 de fianza por cada uno, luego de haber transcurrido 3 años de prisión preventiva. Estos siete policías son: Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez.
No hay ningún imputado de Expofrut, Agrocosecha, el Ministerio de Trabajo, jueces ni de la burocracia cómplice de UATRE. Está claro que el juez Julio Martínez Vivot no pretende siquiera asomarse a tomar una sola medida para investigar todo el entramado mafioso que se destapó a partir de esta desaparición.
Expofrut S.A.: el fruto de la explotación sabe a dólares
Expofrut SA fue fundada en la Argentina, en la zona del Alto Valle de Río Negro, en 1971. Comenzó con la producción de manzanas. En 1993 las acciones de Expofrut fueron adquiridas por el grupo de origen Italiano Bocchi, de Nino Bocchi, fallecido en el año 2008.
En 2006, el holding belga Univeg, comandado por Heinz Deprez, adquirió la totalidad del grupo Bocchi. Univeg, cuya sede se encuentra en Sint-Katelijne-Waver, Bélgica, factura anualmente 3.000 millones de euros, y emplea a 9.500 personas en sus distintas filiales ubicadas en cuatro continentes.
Los galpones de empaque, frigoríficos y la estructura para la exportación propia, le ha otorgado a Expofrut una posición hegemónica en la producción local que le permite, a partir del sometimiento de los productores más chicos, seguir concentrando tierras. El nivel de explotación al que somete a sus trabajadores le ha dado rendimientos extraordinarios.
En Argentina, la multinacional cuenta con 20.000 ha propias, 13 plantas de producción, empaque y enfriado propias y 11 alquiladas localizadas en las provincias de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Tucumán, y exporta el 90% de su producción.[2]
Expofrut produce alrededor de 250.000 toneladas de fruta y emplea alrededor de 1.700 personas mensualmente, llegando en los meses de temporada a casi 6.000 empleados. La fruta producida se destina a la Unión Europea, Escandinavia, Estados Unidos, Canadá, Países Árabes, Rusia, Polonia, Croacia, Hong Kong, India, México, Ucrania, Turquía, Libia, Venezuela y el Mercosur. Es la principal exportadora de frutas y hortalizas frescas de Argentina, con el 24% del mercado[3]. En 2003, fue galardonada por ser la empresa frutícola de mayor exportación del país por el Ministerio de Economía y Producción y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.[4]
Y la explotación continúa
Cada año, aproximadamente 350 mil trabajadores golondrina viajan alrededor del país, de los cuales casi 40 mil arriban al Alto Valle y Valle Medio de Río Negro. Los cazadores de carne obrera eligen estratégicamente las comunidades norteñas de las cuales extraerán sus víctimas; los criterios son: bajo nivel educativo y necesidades básicas insatisfechas. Son hacinados en las gamelas, unos galpones mugrientos y sin calefacción cerca de los chacras y lejos de las ciudades, donde muchas veces, por imposibilidad de trasladarse, tienen que comprarle la yerba o la coca para mascar a su patrón a un precio que excede unas 5 o 10 veces el precio normal. Hacen sus necesidades en letrinas que huelen a podrido, se bañan con agua fría y cuando van a cobrar tienen que firmar un recibo que no expresa lo que verdaderamente les pagan, sabiendo que de lo contrario la policía hará su trabajo con ellos.
La gamela de Expofrut donde vivía Daniel Solano cuando lo desaparecieron, tenía un nombre en guaraní, el idioma de su comunidad natal. El lugar llevaba el nombre Curundú, en guaraní: “lugar encantado”. Si se trata de un encantamiento que oculta a los ojos del mundo el sufrimiento y la explotación que sufren los trabajadores rurales, todos los Daniel Solano, entonces la tarea será desencantar toda esta trama, urgente.
[1] “Rio Negro: Cosecha esclava en tiempos de Democracia” disponible en http://www.relacionesdeltrabajo.fsoc.uba.ar/
[2] http://infocampo.com.ar/nota/campo/24703/expofrut-lider-en-el-negocio-de-frutas-y-hortalizas-que-busca-reestructurarse
[3] http://www.expofrut.com.ar/
[4] http://www1.rionegro.com.ar/suple_rural/11-01/2-031101.php