Las declaraciones de Nicolás Massot, jefe del bloque de diputados del PRO, en una entrevista que le hizo el “Gran diario Argentino” el domingo pasado, fueron replicadas y cuestionadas por varios medios en estos días. La afirmación de que “con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación” no es más que la expresión de un pensamiento político que avanza sobre los Derechos Humanos, la memoria colectiva y la historia de lucha de nuestro pueblo.
Hoy hay más represores en sus casas que en la cárcel común, no sólo el genocida Etchecolatz obtiene el beneficio de la prisión domiciliaria y, además, el permiso de violarla. En este escenario, Massot despliega su oscura magia y plantea, haciendo referencia a los ’70, que para “superar ese capítulo” a la memoria, justicia y verdad hay que sumarle el perdón, como en Sudáfrica, en dónde se creó una comisión por la Verdad y la Reconciliación que, a grandes rasgos, implicó que, a cambio de la confesión de los crímenes, los perpetradores de delitos de lesa humanidad no fueran juzgados.
Tiene lógica que Massot sea uno de los sostenedores de las pancartas con las que los funcionarios del gobierno del PRO posaron antes del 24 de marzo pasado, en las que se podía leer “Nunca más a los negocios de los DDHH”, en absoluta concordancia con la propuesta de campaña de Mauricio Macri que vociferaba que había que terminar con “el curro de los derechos humanos”. Tiene lógica porque su trayectoria política se inscribe en una historia familiar imbricada en crímenes de lesa humanidad, empapada en complicidad con el terrorismo de estado.
Vicente Massot es el tío de Nicolás, junto a su padre, son dueños y accionistas del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Vicente, está acusado como coautor de los asesinatos que en 1976 dejaron sin vida a los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Fue el primer periodista en la historia argentina en ser imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y fue llevado a juicio en 2015, aunque no recibió ninguna condena y aún sigue impune, a 39 años de esos crímenes. Además, fue el primer secretario de redacción de la revista Cabildo, publicación ultraderechista ligada a los sectores del nacionalismo católico, y trabajó junto al genocida Ramón Camps, quien era uno de los colaboradores.
Lejos de proponernos hacer analogías forzadas, queremos otorgarle trascendencia a los procesos políticos, culturales, económicos y sociales de nuestra historia reciente que dan cuenta del momento en el que hoy vivimos. La maquinaria ideológica puesta en marcha para encubrir los crímenes de estado, para acallar las luchas obreras, para diseminar la organización de la clase trabajadora, se recompone, se reconfigura y siempre arremete contra cualquier intento de avance del pueblo.
Cuando el diputado Massot dice que “lo que no puede pasarnos (…) es que generaciones que ni siquiera vivimos esa época tengamos que seguir dedicándole el tiempo que tendríamos que dedicar a los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral”, y en nuestro país los índices de pobreza aumentan, como aumenta la inflación y la desocupación, vemos que esa maquinaria está intacta, y que estas declaraciones se amalgaman a la perfección con la política represiva en ascenso que nos impone el estado, los avances contra nuestros derechos y la profundización del ajuste sobre nuestras condiciones de vida.
Pero intacta también está la fuerza de un pueblo que no se reconcilia, no olvida y no perdona, que inunda las calles contra el 2×1, que exige justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que arremete contra el robo histórico de la reforma previsional y levanta las banderas de la unidad de las y los trabajadores.
No olvidamos, no perdonamos ¡No nos reconciliamos!