Los últimos días de diciembre fueron bisagra para el pueblo argentino. Las movilizaciones del martes 12 (contra la cumbre de la OMC) y las del jueves 14 y lunes 18 (contra la reforma previsional), tuvieron como protagonistas a quienes nos oponemos al ajuste que viene de la mano de reformas y leyes anti-obreras. La respuesta del gobierno fue una zona militarizada por un comando unificado para la represión, que incluyó fuerzas federales, como la gendarmería, PFA y PSA, y la policía de la Ciudad.
La escalada represiva en ascenso dejó como saldo, en aquellas jornadas, un centenar de heridos/as y más de 200 personas detenidas luego de una verdadera cacería por parte de las fuerzas represivas. El avasallamiento a los derechos constitucionales elementales por parte del estado que se evidencia desde hace unos meses se ha profundizado con la judicialización de la protesta y la negativa de excarcelación a los compañeros del Partido Obrero y el pedido de captura del militante del PSTU. Esta persecución a las organizaciones políticas suma elementos para continuar delineando un estado de excepción que no respeta la propia normativa legal.
En este escenario, una investigación de Tiempo Argentino dio a conocer que el martes 19 de diciembre, en el portal único de compras del Estado Nacional (COMPR.AR) un aviso anunciaba el pedido de licitación privada de alcance nacional para comprar 15 millones de postas de goma de butadieno (nombre técnico del perdigón no letal) con destino a la fábrica militar de Fray Luis Beltrán, ubicada en la periferia de Rosario, provincia de Santa Fe.
Ni lerdos ni perezosos, no solo el pedido se dio a pocas horas de la brutal represión del lunes 18 (recordemos que volvieron a reprimir en horas de la madrugada del 19 cuando vecinos y vecinas se autoconvocaron frente al Congreso mientras sesionaba), sino que también se realizó con carácter de urgencia hacia el proveedor: 10.500.000 postas deben ser provistas en febrero mientras que las restantes 4.500.000 tienen que proporcionarse en abril. Si bien la reforma previsional y tributaria son ley, la reforma laboral -según pudo saberse hace poco- que iba ser tratada de manera extraordinaria en el mes de febrero, se habría postergado por las múltiples resistencias.
Ante las posibles protestas, el gobierno, lejos de esconder su maniobra represiva, deja a las claras con esta compra cuál será su política.
Como hace 16 años atrás, diciembre nos volvió a encontrar en las calles, con la unidad de la clase trabajadora que enfrentó a un gobierno que no solo saca a pasear a sus perros guardianes, sino también los utiliza sin mediar costo político. Porque claro, cuenta con un enorme aparato mediático que legitima la represión. Ante el avance represivo, debemos redoblar los esfuerzos por sostener la mayor unidad y masividad en la resistencia en las calles.
Debemos volver a ser miles y miles contra este avasallamiento a nuestros derechos.
¡Libertad a César Arakaki y todos y todas los presos políticos!
¡No a la represión y criminalización de la protesta social!