La llamada Cobertura Universal de Salud (CUS), la nueva iniciativa que el macrismo sacó a relucir recientemente y que se puso en marcha a partir del 3 de octubre en Mendoza, implica un retroceso profundo en relación al derecho a la salud del pueblo.
A través del DNU 908/2016, Cambiemos borra de un plumazo décadas de conquistas históricas para reemplazarlas por un número básico de prestaciones, disminución del presupuesto mediante, agudizando la inequidad y desigualdad en el acceso a servicios y tecnologías redundando a su vez en una merma en la calidad.
De viejos vaciamientos…
El sistema de salud actual, se encuentra atravesado con muchos problemas estructurales: la vieja y escasa infraestructura pública, tercerización de servicios y negociados de corporaciones médicas, injerencia de laboratorios privados y empresas de tecnologías médicas en el sector público; el vaciamiento de las obras sociales sindicales utilizadas como “cajas” de la burocracia sindical y las leyes de autogestión hospitalaria y de descentralización menemistas que dividen al sistema público de salud en nacional (pocos hospitales especializados y alta complejidad), provincial (hospitales generales de agudos) y municipal (hospitales y centros de salud de atención primaria).
Al mismo tiempo, quienes trabajan en el ámbito de la salud pública se ven expuestos/as al desfinanciamiento y las
malas condiciones de contratación, largas jornadas de trabajo intenso por la demanda permanente de asistencia, precarización laboral y formación escasa. La mayoría de lxs trabajadorxs exigen el pase a planta permanente, mejores condiciones laborales y el aumento del salario en paritarias por encima del estipulado en la canasta básica.
….a nuevas privatizaciones
En ese marco, la llamada Cobertura Universal Salud surge como estrategia impulsada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OPS (Organización Panamericana de la Salud), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el BM (Banco Mundial), es decir desde organismos internacionales que responde a los planes e intereses del imperialismo.
La CUS sería un seguro de salud para aquellas personas que, según el criterio de cobertura, no tienen obra social
por pertenecer al más del tercio de nuestra clase con trabajo precarizado o, casi en el otro extremo, que puede acceder a comprar servicios de salud privados. De esta manera la persona tendrá acceso a un número básico y reducido de prestaciones, las cuales pueden ser realizadas tanto por el sector de atención público como del privado. En caso de que el seguro no cubra alguna prestación, deberá ser la persona quien deba abonar por su costo. Y en caso de que la institución de atención pública, carezca del equipamiento óptimo para su realización, esta pueda ser ejecutada por los servicios de atención privada.
Puntualmente se orienta analizar cuán rentables son las prestaciones, a cubrir las que generan un menor costo y
a transferir las que no son cubiertas por este seguro al sector privado, generando un incremento del capital financiero en obras sociales y empresas de medicina prepagas.
En nuestro país, alrededor de 15 millones de personas son usuarios/as recurrentes de los servicios publicos. Siendo
aquellos/as trabajadoros/as con contratos formales, quienes tienen acceso a obras sociales y a empresas de medicina pre-paga.
Menos de 500 pé por persona
La CUS será financiada a través de una reserva de capital acumulado, denominado Fondo Solidario de Redistribución que proviene del porcentaje de los aportes de los afiliados de las Obras Sociales para el financiamiento de diferentes programas de Seguridad Social, con el pretexto de que han sido utilizados de manera inequívoca e inoportunamente aplicados. La Unidad Ejecutora de la CUS estará conformada por 2 representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud, 2 del Ministerio de Salud de la Nación y 2 de la CGT, expresión del acuerdo existente con la burocracia sindical.
Haciendo números, el valor del FSR ronda alrededor de los 30.000 millones de pesos, retenido durante la última etapa del kirchnerismo, fue devuelto por el gobierno de Cambiemos a la CGT a principios de 2015. De ese fondo, solo 8000 millones serán destinados a la CUS, los cuales serán administrados de una sola vez, sin inversiones estimadas para el futuro. A fines prácticos y numéricos esto quiere decir, que si se redistribuye en los 15 millones de argentinos/as que no poseen “cobertura”, se destinará a cada persona $544 (pesos). Una miseria. Es claro que no solo es un número excesivamente bajo, sino que solo servirá para cubrir un número reducido y restrictivo de prestaciones abocadas a la curación y diagnóstico de enfermedades, ajustables a las variables del mercado y lejos de toda idea de prevención y promoción de la salud. Además la CUS cuenta con financiamiento de otros 9000
millones aproximadamente provenientes de la Fundación OSDE, ONG perteneciente a la empresa de medicina pre-paga privada del mismo nombre.
Se crea también la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (AGNET). Este ente será quien regulará
los medicamentos, la metolodología diagnóstica, los procedimientos médicos y quirúrgicos con la finalidad de optimizar su eficiencia y disminuir los costos de su compra y utilidad.
Salud para el pueblo
La CUS crea las condiciones para avanzar en una privatización en regla del sistema de salud público argentino haciendo prevalecer una mirada mercantilisita y asistencialista de la salud con la excusa de su situación de estancamiento y crisis. Por estos motivos, nos oponemos a los conceptos de “cobertura” y de “universal” ya que plantean la salud como un contrato y no como un derecho. Nuestro sistema de salud actualmente está constituido legalmente y formalmente en la universalidad y en la gratuidad de su acceso, y como tal, es el estado quien debe garantizar un real alcance y acceso a todos/as los/as ciudadanos/as. Siendo este quien regule, administre, compre y provea las tecnologías de salud para el pueblo (insumos, medicamentos, aparatología).
Por todo ello, reclamamos la derogación del CUS y su reemplazo por un incremento del presupuesto en salud pública
para hospitales y centros de salud; la participación popular en la planificación de la salud territorial; la estatización de la producción de recursos materiales sanitarios y aparatología; el pase a planta permanente bajo convenio de las y los trabajadores de la salud; aplicación inmediata de la ESI y la IVE.