El 13 de octubre de 2016, José Ojeda, un repartidor de harina recibió una paliza por parte del chofer del COT (Centro de Operaciones de Tigre) Héctor Eusebio Sosa, y el sargento de la policía bonaerense Gustavo Leonel castillo. Ojeda tuvo lesiones que hasta el día de hoy le dejaron secuelas, y además fue detenido junto a tres compañeros que intentaron defenderlo por el clásico “resistencia a la autoridad”.
Sosa es un viejo conocido para las/os que luchamos contra la represión  del Estado, ya que fusiló a tres pibes entre 1999 y 2006 y siempre fue absuelto.
Luego de casi un año de organización y lucha se logró sentar en el banquillo a los policías de Sergio Massa y María Eugenia Vidal. Tras la suspensión a principios de agosto, a 12 días de las elecciones PASO, el 28 y 29 del corriente comenzó el juicio a Héctor Sosa y Gustavo Castillo, quienes llegan acusados por lesiones graves agravadas por pertenecer a fuerza de seguridad y además por abuso de autoridad.
Durante el juicio se recurrió a varias maniobras para desgastar a la militancia: el primer día la audiencia empezó dos horas tarde y el abogado de Castillo pidió postergar nuevamente el juicio pero el juez rechazó el pedido. Finalmente ese día por la tarde declararon José Ojeda, el chofer del COT Héctor Sosa, que en su declaración contó que hoy vive con su jubilación de policía (o sea que el que nos mató a tres pibes hoy vive con lo que le pagamos nosotras/os) y también declararon los testigos.
El martes, en el segundo día del juicio, declararon los testigos que faltaban y Castillo (que se explayó largo y tendido sobre sus obras de beneficencia como pastor de una iglesia evangélica).
Luego de esto se realizó una nueva maniobra y los jueces dijeron que la audiencia continuaría a las 15.30 hs para ver unos videos y luego hacer los alegatos, pero en una sala más chica, o sea, sin público. Pero una vez que ya se habían retirado todas las organizaciones informaron que la audiencia continuaba con público, con el objetivo de vaciar la sala para los alegatos.
A la hora de los alegatos la querella representada por nuestra compañera María del Carmen Verdú, militante de Poder Popular y CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), pidió el máximo de pena posible, es decir, 10 años de prisión efectiva por lesiones graves calificadas y  abuso de autoridad; además, como anticipó para ANRed, pidió “que se extraigan testimonios y se investigue la privación ilegal de la libertad, la falsificación de instrumento público y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».
Mientras las defensas de los represores pidieron la absolución, y la fiscalía que instruye en la causa pidió 6 años de prisión.
En estas dos jornadas hubo una gran cantidad de organizaciones que se hicieron presentes, como CORREPI, Frente Arde Rojo, Rebelión Popular, Suteba Tigre, Desde La Clase, Marabunta, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Casa de San Fernando, Partido Obrero, Frente Popular Dario Santillan, Biblioteca 20 de diciembre de Escobar, entre otras, como también estuvieron familiares de víctimas de gatillo fácil en la zona norte,  tanto adentro de la sala como en las calles de los tribunales, para demostrar una vez más que la justicia la hacemos nosotros/as.
Por eso el lunes 11 de septiembre a las 12.00 vamos todas/os a los tribunales de San Isidro, ganemos nuevamente las calles para seguir visibilizando y desnaturalizando estas prácticas represivas del Estado. Porque no queremos que les brinden la misma impunidad que a la metropolitana de Macri, porque no queremos que lo vuelvan a absolver a Sosa, porque Castillo no puede seguir caminando por la calles, porque el TOC N°3 de San Isidro no puede seguir brindándole impunidad a los represores.
Con organización, unidad y lucha sentamos en el banquillo a los policías de Massa y Vidal; ahora queremos que vayan presos.
CARCEL COMÚN Y EFECTIVA PARA SOSA Y CASTILLO
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y DETENCIONES ARBITRARIAS
NO ES UN POLICÍA, ES TODA LA INSTITUCIÓN

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