La explosión de la inédita crisis sanitaria por la propagación imparable del Coronavirus – COVID 19 por el mundo ocasionará consecuencias económicas, sociales y humanitarias aún difíciles de precisar en toda su dimensión pero que sin ninguna duda configurarán escenarios de desplomes económicos, crisis sociales y convulsiones políticas de magnitud.
La pandemia golpea con fuerza los centros económicos del sistema capitalista mundial, se extiende hacia la periferia y profundiza una crisis global ya existente para un sistema que no le encuentra salida.
Con el COVID-19 detona una crisis que venía en proceso, con materias primas en una tendencia a la baja y una desaceleración económica que alimenta «burbujas financieras» destinadas a explotar.
Con un barril de petróleo en el orden de los 30 dólares por la disputa en el marco de la OPEP entre Rusia y Arabia Saudita (lo que vuelve inviable la inversión de largo plazo en Vaca Muerta, como efecto directo en el plano local, por ejemplo), las Bolsas del mundo vienen en picada y Argentina sufre esta caída con especial crudeza.
Si desde la Casa Rosada ya empezaban a vivenciar que el contexto internacional actual nada tenía que ver con el que le tocó a Néstor Kirchner y Roberto Lavagna encarar las negociaciones de quita y reprogramación de deuda de aquel entonces (marco de referencia permanente para el propio AF), con la irrupción del COVID-19 y las cuarentenas forzadas resulta imposible ubicar situaciones históricas comparables para inspirar cursos de acción.
Los efectos económicos y sociales del coronavirus profundizan la dificultad de un cuadro que ya de por sí era sumamente complicado.
Una deuda fraudulenta e impagable
La deuda pública argentina se encuentra en el orden de los u$s 320.000 millones, luego de 4 años de gestión macrista que empeoraron exponencialmente el cuadro, contraida en un 65 % con organismos multilaterales de crédito, acreedores privados y fondos de inversión especulativos; y un 35 % con otros organismos estatales tenedores de papeles deuda pública en sus carteras.
Durante 2020 vencen u$s 66.760 millones repartidos en mitades entre deuda en manos de privados y con organismos estatales (que lógicamente permiten una renegociación más simple de esa porción), lo que sin embargo no despeja por completo, ni mucho menos, el escenario financiero de las cuentas públicas. Al cierre de este artículo, el gobierno logró reprogramar vencimientos por $ 310.000 millones (de los $ 500.000 que vencían este año) mediante un canje de bonos, lo que descomprime una parte de esas acreencias para este año.
En este marco, días atrás se publicó el Decreto presidencial que habilita la renegociación de u$s 68.842 millones para darle consistencia macroeconómica «con el objetivo de recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública», según el texto del Decreto 250/2020. Aún no se ha conocido la propuesta oficial de quita con la que se abrirá la negociación con los acreedores y todo indica que eso quedará demorado por un plazo incierto.
Los acreedores externos no se muestran dispuestos a conceder ninguna quita significativa y antes del estallido de la pandemia reclamaban que «el gobierno muestre un plan económico», que no es otra cosa que exigirle un compromiso claro de reducción de déficit fiscal para el próximo período; lo que a la luz de la crisis sanitaria, el desplome de la economía argentina y el impacto en materia de pobreza, resulta ahora completamente inviable desde el punto de vista de la gobernabilidad política y social.
En esta coyuntura, se hace más tangible la posibilidad de un default de deuda (que el mismo Presidente en algún momento ya lo reconoció como «virtual») y que de darse no supone lo mismo que un desconocimiento político y económico de un Estado soberano a una deuda usurera. De avanzar hacia un escenario de cesación de pagos, el incumplimiento quedaría enmarcado dentro de las bancarrotas y quebrantos generalizados que seguramente serán una de las consecuencias inexorables de la crisis capitalista agudizada al extremo por el COVID – 19.
El FMI de siempre
El gobierno del Frente de Todos asumió con el objetivo de lograr un acuerdo que, sobre la base de un alivio de las erogaciones de corto plazo, le permita al país recuperar una senda de crecimiento económico para luego sí, recuperada la sostenibilidad macroeconómica, cumplir y «honrar» las deudas con bancos, fondos de inversión usureros y el FMI. Crecer para pagar, dicho de modo sintético.
Entre los ejemplos frecuentes de «renegociaciones exitosas» a los que se recurría para sostener el curso de acción elegido, se encuentra el caso de Portugal. Sin embargo, poco se dice que durante 2011 y 2014 Portugal aplicó a ultranza un ajuste durísimo ordenado por la «troika» europea, con bajas de salarios y jubilaciones, despidos (con picos de desocupación de 16 %), flexibilización laboral y venta de empresas estatales. La novedad es que a partir de 2015, con el gobierno «socialista» de Antonio Costa, se atenuaron levemente las políticas de austeridad y en base a sectores dinámicos de servicios (turismo, fundamentalmente) se dio lugar a un crecimiento económico leve, motorizado con empleos sumamente precarizados y mal pagos. En la actualidad se estima que casi 800.000 portugueses ganan el salario mínimo (antes de la troika eran 260.000), lo que indica una caída sostenida del salario medio y la multiplicación de los sectores obreros súper-explotados, con salarios reales apenas de supervivencia.
Como se ve, el ejemplo portugués está lejos de ser una variante idílica, pero además ni siquiera termina siendo pertinente para una economía periférica y dependiente como la argentina; que no cuenta con la potencialidad de pertenecer a un mercado común como el europeo y en la que, en principio, una parte importante de ese ajuste brutal aún está inconcluso (desde el punto de vista del FMI y el resto de los acreedores).
Para Argentina, la coyuntura es acuciante y el dilema es cristalino y más aún en la situación actual de extrema gravedad. Si los recursos de nuestro pueblo se destinan al pago de la deuda externa, no los habrá para salud, educación, vivienda y trabajo. Si bien aún resta conocer con exactitud la forma en que el imperialismo norteamericano intentará salir de la situación de crisis provocada por el Coronavirus, resulta ingenuo suponer que el FMI (influenciado de manera decisiva por Estados Unidos) va a promocionar y negociar de buena fe una salida con «rostro social» a la crisis de deuda de la Argentina, sin recurrir a sus remanidas recetas de saqueo, flexibilización y ajuste sostenido, incluso aún en el nuevo cuadro creado por la pandemia.
La crisis sanitaria generada por el coronavirus pone de relieve más que nunca la urgencia que la totalidad de los recursos de nuestro pueblo se pongan al servicio de las necesidades populares, para paliar la crisis social y afrontar la emergencia sanitaria.
Suspender, investigar, no pagar
Con este objetivo, desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs somos parte de la Autoconvocatoria por la suspensión e investigación de la deuda, junto a diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales, con el fin desarrollar una amplia campaña que ponga en el centro del debate político la necesidad de desconocer una deuda fraudulenta, ilegal y odiosa.
Desde ya, el no pago de la deuda externa no puede ser una medida aislada sino que debe inscribirse en una política más amplia de rechazo a las políticas de ajuste, saqueo y dependencia del FMI, ya que el endeudamiento externo sostenido no deja de ser un mecanismo de expoliación y dependencia mediante el cual el imperialismo norteamericano y sus aliados obtienen recursos de la periferia y garantizan sus posiciones de fuerza en el plano internacional. Y debe acompañarse además con medidas que contribuyan a una política económica soberana como lo es la nacionalización del comercio exterior y la banca, por ejemplo, para asegurar que los recursos y el ahorro nacional puedan destinarse a la satisfacción de las necesidades populares.
Sólo la clase trabajadora y el pueblo pobre pueden postular estas medidas y defenderlas mediante la más amplia movilización y protagonismo popular. Las salidas «realistas», lejos de serlas, condenarán a generaciones y generaciones a seguir pagando, de manera cíclica, los costos de una deuda ilegítima e impagable que generan los de arriba y pagamos las y los de abajo.