El fallo de la justicia española con 29 condenas en el caso que investigaba la trama de corrupción en el Partido Popular dejó herido de muerte al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Lejos de “la independencia de poderes”, se esconde la decisión de la burguesía para intentar salir del impasse.

El llamado caso Gurtel, que es la principal pero no la única investigación que se lleva adelante sobre el financiamiento ilegal del partido de gobierno en España, fue un verdadero mazazo para el oficialismo conservador de Mariano Rajoy: hubo 29 condenados ligados al aparato partidario que suman 351 años de prisión y multas que ascienden hasta superar los 100 millones de euros.

Al día siguiente de conocida la condena, el PSOE -la principal fuerza parlamentaria de oposición- presentó una moción de censura para terminar con el mandato de Rajoy, que cuenta con el apoyo de la bancada de Podemos (inmersos en una profunda crisis interna). En este caso, la iniciativa impulsada por Pedro Sánchez buscaría completar el mandato de la Legislatura por un gobierno de coalición encabezado por ellos.

Ciudadanos, en cambio, la nueva formación de derecha encabezada por Albert Riviera, pidió que la moción de censura que se presente sea para convocar inmediatamente a elecciones. El pedido no tiene una pizca de ingenuidad: los sondeos ubican actualmente a esta fuerza a la cabeza de las encuestas con un 28% de intención de voto mientras el PSOE atraviesa su peor momento electoral.

El debate evidencia, sin duda, que el gobierno de Rajoy -como señaló el diario El País, uno de los principales medios de la burguesía ibérica- es un gobierno “zombie” y la oposición solamente se predispone a ver qué hacer con sus restos.

Cuando la cosa no va más

El fallo de la Audiencia Nacional fue celebrado como una manifestación de la vigencia de la división de poderes y el sistema republicano en el estado español. No hay que pecar de ingenuo: se trata de la misma justicia que viene llevando adelante todo tipo de sentencias reaccionarias en favor del poder contra el pueblo catalán o contra artistas populares que se animen a cuestionar a la monarquía y al régimen impuesto por la transición franquista. En realidad, el fallo de la Audiencia es la forma en que la burguesía española abre la puerta a un recambio de gobierno agotado.

Rajoy se encontraba golpeado no sólo por los casos de corrupción. Por un lado, a esta altura era sumamente cuestionado por su gestión de la crisis independentista en Cataluña que se encuentra empantanada con una intervención desde Madrid y una mayoría electoral independentista. Asimismo, como otro aspecto relevante, se debe destacar la vuelta de las “mareas” y movilizaciones de jubilados/as y pensionados/as contra el ajuste promovido por el Ejecutivo bajo las órdenes de Bruselas.

El recambio de gobierno es la posibilidad de encausar estos elementos potencialmente explosivos. No por nada se habla de que un gobierno de Pedro Sánchez podría incluir a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco. En ese caso, se trataría de una nueva vía para integrarlos al régimen de las autonomías.

Como mar de fondo, se siguen cocinando todas las tensiones que gestaron esta crisis y las fuerzas que se candidatean a pilotearla deberán todavía probar su capacidad para lograrlo.

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