La extensión de la “cuarentena” hasta el 26 de abril impone en el centro del debate público, como problema de inexorable resolución de un modo u otro, de qué manera el gobierno nacional se propone financiar los costos del obligado parate de actividad que impuso a nivel global la propagación del Coronavirus, con consecuencias económicas y sociales de una magnitud inusitada.
En Argentina, el impacto social y económico de la medida sanitaria de autoconfinamiento –tan necesaria como medieval y precaria- se hace sentir de manera aguda en las condiciones de vida de los sectores populares, para quienes la arenga #quedateencasa resulta cada vez de más dificultosa concreción. Ni que hablar de los efectos que empieza a tener la ola de despidos (como en el frigorífico Penta de Quilmes, o los de Techint), suspensiones y rebajas compulsivas de hasta un 50% de los salarios, que los patrones de todo pelaje imponen dictatorialmente a los trabajadores y trabajadoras para descargar entre la masa de laburantes las consecuencias económicas del freno de actividad.
Las casi 8 millones de personas que estarán cobrando en los próximos días el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 que abonará la ANSeS (de más de 10 millones que se habían inscripto), ofrece una foto por demás elocuente del nivel de crisis y pauperización que se vive en franjas cada vez más extensas del pueblo trabajador, sumergidas en la informalidad y en la más elemental supervivencia económica (lo que se extiende en esta coyuntura, incluso, a pequeños comerciantes de barrio y profesionales cuentapropistas en virtual quiebra).
Es tan crucial el aspecto socio-económico para evaluar la viabilidad misma del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, que la total omisión al respecto en la “clase magistral televisada” de Alberto Fernández del sábado último, resultó tan evidente como significativa. La bajada de línea fue “de eso mejor no hablar”, por lo que el discurso presidencial se limitó al análisis de la evolución de la curva de contagios, con números que en principio indican su progresivo “aplanamiento”, contrastándolos con los números de Brasil y Chile, fundamentalmente, países que sufren las consecuencias sociales de las brutalidades neoliberales de Bolsonaro y Piñera.
Desde Venceremos – Partido de Trabajadorxs acordamos con la extensión del distanciamiento social obligatorio hasta tanto resulte sanitariamente necesario, pero enfatizamos que esta medida de emergencia -que debe acompañarse con un incremento significativo de los testeos para identificar con mayor precisión el universo de contagiados-, produce efectos muy desiguales entre la población de acuerdo a su situación social y económica y esta dimensión es tan crucial como la vigencia de la cuarentena misma.
Ni virus en la calle, ni hambre en casa
Con el correr de los días, se ha ido naturalizando socialmente que la disyuntiva que se nos impone es el cuidado de la salud o de la economía, planteada de una forma que resulta, de un modo u otro, una elección perjudicial para las y los de abajo.
En estos términos, la opción por la salud supone “inexorablemente” un agravamiento de la pobreza popular, resultado de la contracción económica; en tanto, la elección por sostener la actividad económica -tal como empuja el lobby empresarial que pretende volver a la actividad a como dé lugar-, expone temerariamente la salud de la mayoría de la población (lo que en verdad llevaría al mismo parate tiempo después, sólo que por la vía de un catastrófico cuadro de emergencia social y sanitaria completamente desbordado).
Desde nuestro punto de vista la disyuntiva anterior supone un chantaje inaceptable: ¿por qué motivo podemos naturalizar que el costo del cuidado de la salud popular sea sumergir estructuralmente en el hambre y la pobreza, como mínimo, a más de la mitad de la población en Argentina? Sólo la irracionalidad del sistema capitalista y su mercantilización de la vida humana puede presentar como razonable semejante elección, por más buenas intenciones que se postulen.
Como venimos señalando reiteradamente, la “corona-crisis” profundiza una debacle económica y social ya existente (a nivel global) y acentúa un cuadro de fuerte impacto diferenciado según la clase social a la que se pertenece, que la pandemia no crea, sino que deja al desnudo, agravadas. Guste o no, el escenario exige atender de forma simultánea las causas que favorecen la propagación del COVID – 19 y, en un mismo esfuerzo, atacar las desigualdades estructurales que llevan que los efectos del coronavirus y de la propia cuarentena sean significativamente diferentes entre los distintos sectores sociales.
De más está decir, que son los sectores populares los que van a sufrir con mayor crudeza esta pandemia (importada inicialmente como “enfermedad de ricos”) como ya lo demuestran las estadísticas en Estados Unidos, actual epicentro mundial de la pandemia, donde se corrobora que las comunidades negra y latina son las más afectadas por el despliegue letal del virus.
No quepa duda que en Argentina será en las villas y barriadas populares del conurbano bonaerense, CABA y del resto de las grandes ciudades del país, donde el COVID – 19 puede producir los mayores estragos, allí donde viven los “millones de negros peronistas” que un concejal radical-macrista de Capilla del Monte (Córdoba) anhela que a modo de “limpieza étnica” sean eliminados por el virus.
Impuesto a las grandes fortunas, ni un peso para la deuda externa
La coyuntura internacional y nacional exige medidas drásticas de abordaje para el enfrentamiento de la pandemia que muchos gobiernos capitalistas se ven obligados a tomar, como recursos de salvataje de los propios Estados. Tal es el ejemplo de Irlanda con la nacionalización provisoria del sistema privado de salud, con el fin de ampliar la disposición de camas de internación; o hasta el mismo Trump que invocó normativa de Defensa nacional de la guerra de Corea para orientar la producción industrial privada hacia la generación de insumos necesarios para el combate contra el COVID – 19.
Argentina ingresa en la actual crisis con una economía estancada desde hace más de una década y en virtual estado de recesión y con un cuadro de desigualdad social muy agudo, agudizado al extremo en los cuatro años de gestión neoliberal macrista. No hay margen para equilibrios imposibles al momento de definir qué sectores sociales cargarán sobre sus espaldas, fundamentalmente, con los costos y consecuencias de la caída de la actividad económica como resultado de la cuarentena.
Los recursos necesarios no podrán suplirse con el simple incremento de la emisión monetaria sino que exige que los propietarios de las grandes fortunas, multinacionales y bancos solventen los costos del aislamiento social, mediante un impuesto de emergencia a las grandes fortunas, que avance progresivamente en la carga tributaria de acuerdo a su envergadura.
Sólo las 50 fortunas más importantes de Argentina reúnen unos US$ 70.000 millones lo que con un impuesto de apenas el 3% se podrían financiar $ 136.500 millones para el fisco, destinado a la ayuda a los sectores sin ingresos.
Son los Rocca, Bulgheroni, Pérez Companc, Eurnekian, Whertein, Roemmers, Galperin, Madanes Quintanilla, Brito, Brown, Eskenazi, Urquía, Constantini, Supervielle, Coto, Noble Herrera, Magnetto, Bellocopit, Pagani, Vicentín, Bagó, Macri, Blaquier, Mindlin y tantos otros capitalistas que amasan fortunas en base a la explotación del esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras. Señalando además que todos esos nombres son casi exclusivamente varones blancos, y que como contracara de esto, la mayoría de la pobreza se expresa en mujeres y disidencias racializadas.
El no pago de la deuda externa y la repatriación de los cientos de millones de dólares que los empresarios nativos fugaron al exterior, son otras dos medidas que de conjunto apuntarían al mismo objetivo: obtener los recursos necesarios de los sectores que los acumulan de una manera escandalosa y obscena. Ellos tienen y pueden: son los ricos de nuestro país los que deben costear la emergencia.
Imponer una salida de salud y bienestar popular
De lo contrario, como ya está sucediendo, seremos las mayorías populares las que sufriremos cada vez más con el correr de los días el deterioro de las condiciones de vida de nuestras familias, golpeadas por la falta de trabajo, el recorte de salarios y la caída abrupta de los ingresos de subsistencia por la ausencia total de “changas”, a lo que se suma el aumento de los productos de consumo popular, fruto de la especulación empresarial de supermercadistas e intermediarios, que hacen lo que quieren resultado de la ausencia de controles efectivos por parte de la Secretaría de Comercio.
Rechazamos como respuesta política hacia los sectores populares más empobrecidos la conversión del quedarse en casa al llamado de “quédate en tu barrio”, como ya empiezan a implementar los gobiernos nacional y provinciales en las zonas donde las familias de laburantes se hacinan en casas inhabitables, cuyas “fronteras” territoriales son militarizadas convirtiendo a los barrios en una suerte de “guetos” de la pandemia. Acéptese o no, esta opción sólo cierra con represión estatal abierta a mayor escala, en aquellos territorios donde la tensión social acumulada explote de una manera u otra.
La lucha contra la propagación del COVID 19 que asola a la humanidad no puede escindirse de la pelea contra las desigualdades del sistema social que la hizo posible y la potencia con una intensidad cada vez más brutal. Una política de efectivo cuidado de la salud de las mayorías populares ante la pandemia, debe ir de la mano de la satisfacción global de las necesidades de salud, educación, trabajo y vivienda de la inmensa mayoría de la humanidad, de nuestros pueblos, contra la aberrante acumulación de riquezas en unas pocas manos.
Como ya se pinta en las paredes del mundo: “El corona es el virus, el capitalismo es la pandemia”. Ante una coyuntura histórica, es la clase trabajadora la que debe y puede hacer frente a ambos, en Argentina y el mundo.