Dentro de los movimientos feministas, la prostitución es un tema que suscita multiples debates. Se presentan adhesiones a diversos postulados que se muestran como antagónicos, absolutos, aparentando no tener siquiera puntos reivindicativos en común. Sin desconocer la heterogeneidad de las diversas tradiciones feministas, de premisas teóricas y políticas, creemos necesario seguir promoviendo lazos de diálogo, especialmente en coyunturas de crisis socio-económicas como la actual, donde se evidencia un aumento de las violencias machistas. Buscamos para ello tejer lazos a partir de discusiones francas que no refuercen actitudes persecutorias, punitivistas o discriminatorias, sino que nos permitan continuar disputando sentidos para desde allí promover intervenciones políticas que permitan el acceso y pleno ejercicio de derechos y acompañe el camino hacia la ampliación de libertades. El rol protagonista en diversas luchas sociales que plasmamos con fuerza en los últimos años desde los feminismos organizados nos interpela a sentar posiciones sobre las distintas violencias, que nos afectan especialmente a mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries, buscando líneas de articulación que fortalezcan nuestras batallas.
Por una perspectiva abolicionista, no moralista, ni represiva.
Desde Venceremos PT asumimos una postura abolicionista del sistema prostituyente, entendiendo a la prostitución como una forma de explotación sexual y manifestación de violencia patriarcal, basada en relaciones desiguales de poder (de clase, género, “raza”, edad, nacionalidad, etc.). Afecta mayormente a mujeres, trans y travestis, y también a niñas y adolescentes, migrantes y de sectores empobrecidos de nuestros pueblos. Entendemos que la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, no son cuestiones diferenciadas, sino que son dos caras de la misma moneda, y actúan de manera entrelazada.
Cuando planteamos la necesidad de abolir al sistema prostituyente nos referimos a aquellos que se benefician de la explotación ajena, como ser los “clientes-prostituyentes”, proxenetas, redes de trata, y también a aquellos sectores políticos como las fuerzas represivas del estado y los jueces y fiscales cómplices. También hacemos referencia a organismos internacionales que incentivan la explotación sexual a partir del financiamiento que otorgan solo a organizaciones que se posicionan desde una perspectiva vinculada al trabajo sexual como la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, también se encuentran referentas de organizaciones sindicales que actúan como prostituyentes, partidos políticos u organizaciones de actividades delictivas que se entrecruzan, como por ejemplo en las redes de narcotráfico.
Sin embargo, corresponde resaltar que más allá de las personificaciones concretas, el sistema prostituyente está sostenido principalmente por las desigualdades estructurales de las relaciones sociales capitalistas que se agudizan en la conjugación con las relaciones patriarcales y coloniales, así como de otras opresiones que se intersectan, exponiendo a condiciones de vida más precarias, justamente a las poblaciones que principalmente son sometidas a atravesar situaciones de explotación sexual.
Históricas y enérgicas discusiones aparecen cuando hablamos de los conceptos de consentimiento, de elección, y de cómo no arrasar las auto percepciones. Sobre ello es necesario ser prudentes al momento de dar los debates desde posiciones francas, sin que ello implique la negación de la existencia de otras posturas, y por sobre todo que no revistan la arrogancia de decir a otres cómo nombrar su situación, o atribuir identidades ajenas desde concepciones propias. No compartir la línea de trabajo sexual no implica desconocer a quienes se referencian como “trabajadoras sexuales”, ni comprender a las mujeres, adolescentes, trans y travestis en situación de prostitución, explotación sexual y/o trata como víctimas pasivas. Muches de este último grupo se identifican como sobrevivientes, y toman distancia explícita de posturas que asignen identidades re victimizantes o estigmatizantes que acentúan su situación de vulnerabilidad.
Desde nuestra perspectiva, diferenciada de la de trabajo sexual, y tomando en cuenta que la prostitución se inscribe en una particular división social y sexual del trabajo, entendemos que las “elecciones” son condicionadas por el entramado de relaciones de explotación y opresión conjugadas entre sí que derivan en menores posibilidades de acceso a derechos básicos, y exponen a mayores riesgos de atravesar situaciones de diversas violencias: machistas, económicas, culturales, laborales, etc. Por lo que el consentimiento aparente que puede figurar en situaciones que se producen por fuera de las formas de captación donde predomina un sentido común que las entiende como aquellas “no elegidas” (como el secuestro u otras asociadas a captaciones con uso de la fuerza física, falsas ofertas de empleo, etc.), consideramos que deben enmarcarse necesariamente en la situación de vulnerabilidad constitutiva. Que no haya uso de fuerza, no quiere decir que no haya coerción, siendo que esta se liga a las diferentes desigualdades. Las modalidades de captación son diversas y están ligadas mayoritariamente al abuso de poder, a situaciones de vulnerabilidad.
Por otro lado, reducir las reflexiones en términos de “elección” y “consentimiento” individuales, redunda en una lectura liberal que escapa a los análisis de las determinaciones sociales. Y al mismo tiempo, deslinda responsabilidades sociales frente a las necesidades de brindar respuestas en torno a las vulneraciones de derechos, que permitirían atravesar proyectos de vida por fuera de la prostitución para quienes lo manifiestan claramente. Tomando a Sonia Sánchez, sobreviviente de prostitución: “Al aducir que hay consentimiento para la ‘libre’ elección de la prostitución se imponen categorías sin contexto y distinciones, sin significado. Se impone una ilusión del individualismo, de la libertad individual (…). Así quedan ocultos los hombres “que los compran”, la industria que las recluta y las explota y la sociedad que lo tolera” (Sánchez, 2005: pp. 131)
La discusión, entonces, no es desde una perspectiva moralista, persecutoria, sancionatoria o represiva hacia quienes se encuentran, desde nuestra perspectiva, siendo explotades, sino con las raíces que dan origen a esta forma particular de explotación y las huellas que se imprimen a partir de ella, tanto físicas como subjetivas. Repudiamos las normativas, legislaciones, códigos contravencionales que enarbolan una mirada punitivista de la prostitución, que terminan criminalizando y atacando, tanto socialmente como por parte del aparato represivo del Estado. El abolicionismo lucha por despenalizar el ejercicio de la prostitución, pero busca la sanción de quienes viven de la prostitución ajena. Se pelea para que se persiga y castigue a quienes funcionan como explotadores, tratantes, prostituyentes, para que se deroguen las legislaciones punitivas y estigmatizantes como los códigos contravencionales o de faltas, que se combata la violencia y el abuso policial.
Precariedad, represión y omisión: el rol del Estado como legitimador de las violencias machistas.
A nivel legislativo, Argentina podría ser denominada como un país abolicionista, ya que ha firmado Tratados Internacionales en los que se compromete a luchar contra la trata, la explotación sexual y la prostitución. A nivel nacional contamos con la Ley 26.485 de Protección Integral Hacia las Mujeres que establece dentro de los tipos de violencia a la explotación sexual. También contamos con la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, entre otras. Sin embargo, aunque la existencia de leyes otorga un piso desde donde disputar derechos, se presenta un conflicto frente a la falta de correlato con las políticas públicas, que lejos están de contar con presupuestos acordes, una perspectiva feminista transversal, ser integrales y de mayor alcance. Es una deuda que persiste en relación al abordaje de las diversas violencias de géneros.
En la práctica, Argentina viene demostrado ser un país más cercano a un modelo prohibicionista en cuanto no cumple con lo establecido en los marcos legislativos, y la política de estado se orienta a criminalizar a quienes están en situación de prostitución. La justicia burguesa y patriarcal es un engranaje clave en la reproducción de las distintas violencias, y la explotación sexual no es excepción. Se persigue a quienes son explotades, mientras los “clientes-prostituyentes” gozan de impunidad, mientras siguen abiertos los prostíbulos a pesar de la existencia de leyes específicas que los prohíben. En algunas ocasiones en las que se logra realizar el ingreso a un refugio especializado para quienes sufren la explotación, queda depositado el esfuerzo subjetivo de sostener el encierro en quienes han sufrido las situaciones, mientras quienes han ejercido abusos y aprovechamientos disfrutan de libertades, exceptuados de castigo.
Cuando hacemos referencia a la política de estado punitiva, esto no se vincula solamente con el accionar de las fuerzas represivas y el aparato judicial, sino también en el andamiaje de políticas públicas cuyo accionar apunta a sostener las desigualdades estructurales que dan origen a las situaciones de explotación sexual. Esta situación tiene lógica comprendiendo el rol del Estado en tanto garante de un modelo de acumulación a favor del capital, a costa de la explotación y opresión de la inmensa mayoría trabajadora. Sin embargo, ello no quita que continuemos peleando por el despliegue de políticas estatales que promuevan acompañamientos de carácter integral real (y no como slogan), que abonen a procesos emancipatorios, a partir de trabajar en pos de revertir las situaciones de vulnerabilidad.
La apuesta de un partido revolucionario por la abolición de la prostitución
Nuestra posición abolicionista busca atacar toda la estructura prostituyente. Se afirma contra los elementos que la construyen, definen y la perpetúan en el tiempo, contra las consecuencias de las mismas para las personas prostituidas, contra las normas para su control y persecución. Atendiendo a que son mujeres, niñes y adolescentes, así como trans y travestis pobres las que terminan en prostitución mayoritariamente en Argentina, debemos formular un programa que termine con la prostitución garantizando a quienes se encuentran en esta situación, el acceso a una vivienda digna, a educación en todos sus niveles, salud pública e inserción laboral de carácter formal y estable con todos los derechos, y para todes, por lo que urge el cupo laboral travesti-trans y su aplicación efectiva. El 80% de la población travesti y trans sobrevive estando en situación de prostitución, hecho que no puede separarse de trayectorias de vida signadas por diversas vulneraciones. Necesitamos de todas estas garantías básicas y más, para combatir la precariedad de la vida en su conjunto.
Debemos fortalecer la atención a niñes y adolescentes, luchando contra la opresión que implica el ejercicio del adultocentrismo que desprende acciones autoritarias y pretende desubjetivizar a les niñes y adolescentes, solapando sus deseos e intereses. La explotación sexual en la niñez y la adolescencia no es puesta en discusión por ninguna corriente. Sin embargo, esta población al cumplir 18 años y pasar a tener la mayoría de edad, quedan en total desprotección. Por otro lado, la situación particular de les niñes y adolescentes es un ejemplo paradigmático de la cultura de amparo social de las relaciones abusivas, siendo que se adjudica muchas veces que “lo están eligiendo”, o se intenta justificar disfrazando la sumisión con discursos patriarcales como “ es su pareja”, “ahora pudo formar una familia”. En estas afirmaciones el carácter de violencia machista se plasma en orientaciones que cercenan la posibilidad de que se acceda a poder explicitar los deseos propios, de brindar un abanico de posibilidades que se correspondan con ello, sino que se apunta a reforzar las relaciones de dominación, imponiendo además como proyecto de vida estructuras esenciales al servicio de la reproducción patriarcal, como por ejemplo en este caso, la organización de la familia nuclear como meta de realización.
Si bien no aparecen afirmaciones públicas que avalen la explotación sexual hacia este grupo etario, ello se plasma en hechos concretos como las líneas desplegadas en programas estatales como las recién referidas y con la expulsión concreta que generan las políticas de carácter precario, fragmentado, desfinanciado. Por ejemplo, cuando no hay vacante en un hogar y se les arroja obligadamente a convivir con un proxeneta para no dormir en la calle, o para poder comer, para poder vestirse. Vale preguntarnos si el refuerzo de las relaciones de abuso aparece como un plan hacia niñeces y adolescencias que no sean empobrecidas. Muchas de las mujeres y trans a quienes hoy no se brinda respuestas efectivas para construir alternativas a la situación de prostitución, son esas niñas, esas jóvenes, a las que el Estado y la sociedad en su conjunto les dio las espalda.
Hoy, a nivel nacional, existen escasos programas que aborden las situaciones de prostitución en personas adultas, encaminadas a la restitución de sus derechos, a abordar los daños vivenciados. Solo aparecen algunas políticas enmarcadas en la ejecución de lo dispuesto en la Ley de Trata, pero para ello las situaciones deben encajar en este tipo de delito. Esto nos vuelve a la concepción de que únicamente las situaciones de prostitución enmarcadas en esa tipificación, identificadas como no consentidas, involuntarias, serían entonces aquellas en las que habría que actuar desde el Estado para revertirlas. El resto de las situaciones de prostitución que no son leídas como trata, no encuentran lugares de acompañamiento en caso de querer buscar una salida a dicha situación, siendo que los programas vinculados a la atención en trata solo abordan esa especificidad de manera focalizada, y los programas vinculados a la atención en violencia de género, no contemplan dentro de ella a las otras formas de explotación sexual.
En el “Plan Nacional de acción contra las violencias por motivos de género” para 2020-2022 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, formalizado recientemente en junio de este año, se habla de un cambio de paradigma respecto del combate de las violencias machistas. Ya explicitamos anteriormente que el establecimiento de instrumentos o leyes, no trae per se el fortalecimiento de las políticas estatales, y mucho menos la revalorización del trabajo esencial de las organizaciones sociales. Respecto de las situaciones de prostitución, nuevamente se consigna su ausencia. Solo aparecen marcos legislativos que incluyen la calificación de “forzadas” dando por sentado que todas las otras son “libres” y “elegidas”, y es llamativa la aclaración en el apartado sobre la trata de personas con fines de explotación, donde textualmente se afirma que “no es una modalidad de violencias por motivos de género de acuerdo a la ley 26.485, al ser un delito complejo con entramado en redes de criminalidad organizada que vulnera diferentes derechos de personas, aunque no exclusivamente de mujeres y población LGBTI+, consideramos que por sus singularidades corresponde acompañar información específica”. ¿Las violencias por motivos de géneros sólo pueden entenderse o considerarse desde lo que se encuentra plasmado en las leyes como si no tuviera suficiente peso un Ministerio específico para nominarlas? Esta nueva ausencia, otra negación de quienes se reconocen por fuera del trabajo sexual, se constituye en una violencia simbólica que refuerza la exclusión. Nuevamente aparece la ponderación de una de las formas en que se presenta la prostitución de manera escindida, como si pudieran entenderse de formas no vinculadas entre sí.
La doble moral frente a la temática también es un aspecto a considerar que es una constante. El repudio obedece, en muchos casos, más a posicionamientos pacatos y a una necesidad de invisibilizar “lo indeseable”. La indignación no funciona como motor de cambio, sino como refuerzo de postulados discriminatorios y criminalizantes.
Nuestra posición apunta a una disputa de sentidos, pudiendo salir de la condena social de las situaciones de prostitución y una consecuente puesta en práctica de medidas que tiendan a fortalecer las políticas públicas para que la prostitución como violencia rentada no sea la única opción para sobrevivir, que se ejecuten políticas contundentes para la persecución de los delitos. También es preciso promover políticas que apunten a la formación, a la realización de campañas de visibilidad orientadas a problematizar la prostitución, para entenderla como expresión de la violencia machista, siendo que la explotación sexual no se reproduce solo por un entramado de corrupción y de una justicia burguesa patriarcal que ampara a todo el sistema prostituyente. También sucede como fruto de una naturalización de las relaciones de abuso, por el silenciamiento que gira en torno a ello, por el desprecio y la falta de acompañamiento responsable, no solo desde las instituciones estatales, sino también como sociedad.
Ello debe acompañarse con la apuesta por un ejercicio de las sexualidades que se opongan a la imposición del sistema prostituyente: una sexualidad de mercado, al servicio de los prostituyentes y a cambio de dinero. Si no, por el contrario, nuestra lucha apunta a vivir nuestras sexualidades en libertad, signadas por el ejercicio placentero y el disfrute con nuestro cuerpo, y en la vinculación deseada con otres.