Jujuy se encuentra absolutamente desbordada, el 93% de las camas críticas se encuentran utilizadas, faltan terapistas (que se vienen trayendo desde Córdoba o Buenos Aires), en dos meses y medio acumula 3926 contagios, a un ritmo de 150-170 por día (y un pico de 245 en un día). Desde junio ya superó a varias provincias que tuvieron circulación local desde el inicio de la pandemia y de seguir a este ritmo, en 4 días se ubicará tercera superando al Chaco, con 4154 contagios a un ritmo de 60-70 por día.
El escenario tiene ribetes patéticos, como el del hijo de un contagiado de covid-19 de Libertador General San Martín que tuvo que llevar a su padre en un ataúd a la capital provincial porque el COE no lo atendía, o el mismo Ministro de Salud, Bouhid, reconociendo que hubo gente que murió en su casa sin atención alguna, o el gobernador sugiriendo automedicación a la vez que libera casi todas las actividades como si de una normalidad se tratara, mientras sigue con la cerrazón de no compartir mesa con ningún actor social o político para enfrentar la pandemia.
La rápida propagación y la crisis en una provincia que hasta la primera quincena de junio no tenía circulación local puede explicarse por distintos factores, pero más allá del falso ascetismo de identificar los “vectores”, se debe analizar las condiciones socioeconómicas que jugaron de sustrato para la evolución de tal crisis.
El propio gobernador identificó como fuentes de la pandemia local a la minera Exar, la ciudad de Perico, Libertador General San Martín (sede del ingenio Ledesma), y el comercio de la coca, lo que no es más que identificar las principales producciones de Jujuy, más el mejor ejemplo de ganancias rápidas.
En efecto, la minería (a los tradicionales zinc o plata se ha sumado con fuerza en los últimos tiempos el litio), el tabaco y los frutales de la zona de los valles y la caña de azúcar con todos sus derivados (azúcar, papel, alcohol, biocombustibles etc.) son hoy las principales actividades económicas de Jujuy y, por ende, donde se asientan los principales capitales. Otro hilo rojo que une a estas actividades es el uso tanto de insumos tecnológicos como el aprovechamiento de la persistencia de ciertas formas de trabajo previas al capitalismo o incluso algunas rayanas con la ilegalidad de la trata. En la mayoría de los casos de los bolsones industriales también el poder que tienen las empresas en la localidad donde se asientan es, en la práctica, omnímodo.
Caso por caso se puede desenredar la madeja del sustrato económico en que se dan los contagios.
Litio
En el caso de la minería el principal foco de contagios en la provincia es la minera Exar, uno de los tantos proyectos en construcción de capitales internacionales que se asentaron en la provincia aprovechando las laxitudes normativas argentinas sobre la explotación del litio. En este caso Exar es una joint venture entre capitales chinos y canadienses que explota litio en la zona del salar de Olaroz.
La laxitud en los controles estatales sumados a la distancia a los centros urbanos les dan a la empresa una enorme libertad de acción (y de explotación) que se puso en evidencia a las pocas semanas de ingresado el virus en la provincia, cuando a inicios de julio empezaron a aparecer por redes videos de los maltratos a los que eran sometidos los trabajadores que protestaban por la continuidad y condiciones de trabajo y estadía siendo ya detectados casos de covid positivo en la mina. Los videos y los audios que circularon eran en general anónimos, por el temor de los trabajadores a represalias pero a la vez la urgente necesidad de dar a conocer lo que estaba pasando en ese feudo capitalista.
Solo esta empresa minera llegó en un momento a concentrar el 20% de los casos de covid en la provincia, mientras que Omar Gutiérrez, director del COE jujeño, tenía que reconocer en público que no podían saber el origen de esos casos porque las labores investigativas las hizo la misma empresa.
A fines de julio, tras la viralización de los videos, una carta pública de la UOCRA, la nacionalización de la noticia y, sobre todo, el aporte de la empresa a un número de contagios que el gobierno aún pregonaba estaban “bajo control”, el propio gobernador debió acusar penalmente a la empresa por no haber reducido el número de trabajadores en actividad al 50% y exponer a los trabajadores, como marca la resolución 36 del Ministerio de Trabajo y Empleo jujeño.
Cabe agregar que la resolución está fechada el 17 de marzo y la denuncia penal fue el 24 de julio, 5 meses después.
Ledesma
El caso de Ledesma, la empresa en boga hoy por dar a su departamento el triste record de concentrar 1000 casos de covid-19, acaparando más de un 30% del total provincial, la mayor cantidad de contagios de la provincia, no es, desgraciadamente, inesperado.
En una empresa con la trayectoria genocida de haber prohijado en la dictadura la “Noche del Apagón”, con cerca de 400 personas secuestradas y con 30 que aún permanecen desaparecidos. Con el antecedente, además, de a inicios del siglo XX, cuando el país avanzaba en sus “fronteras internas”, haber llevado, manu militari, a contingentes enteros de pueblos originarios para servir como mano de obra barata y a destajo en los campos azucareros. Explotación continuada hasta no hace muchos años con la continuidad del sistema de “la cuarta” (donde una familia entera debe trabajar en el campo para cumplir con una cuota asignada de cañas desmesurada). La extensión de su dominio, que se despliega hasta en el ámbito ideológico en la figura del familiar como explicación de las muertes laborales y de trabajadores rebeldes, iba evidentemente a funcionar como siempre, y con la misma “normalidad” de quienes continúan impunes de todos sus crímenes.
De más está decir que la reducción del número de trabajadores en actividad, como reclamaba el gremio, SOEAIL, no se cumplió desde el inicio de la zafra, con los trapiches a tope (y luego parando los dos más chicos), ni el trabajo familiar y residencia en hacinamiento en su latifundio tercerizado del Talar, o el transporte hacinado en los trailers, sino que en este caso además los efectos del virus se ven reforzados por otra vieja deuda ambiental nunca saldada por la empresa, la bagazosis (enfermedad pulmonar debida a la inhalación frecuente del polvo de la caña de azúcar, el bagazo, que está contaminado con bacterias y mohos).
La costumbre del pueblo, que circunda la planta, de no secar la ropa afuera para que no acumule ese polvillo da cuenta de las condiciones ambientales y las afecciones crónicas derivadas que potencian el efecto del virus hasta el límite de la criminalidad. Y eso sumado al desborde del sistema de salud local explica que no es en vano la duda de la población de que en realidad los 14 decesos producidos en sus domicilios en 7 días informados por la Unidad Regional 4 con asiento en Libertador General San Martín el 8 de agosto sean casos covid positivos.
En un reciente comunicado la empresa reconoce 276 trabajadorxs contagiadxs, (otras fuentes indican 305) y no menciona los 9 trabajadorxs muertxs que ya tiene. Para el caso de Ledesma, viejo poder en las sombras local, no hay ninguna denuncia penal provincial.
Tabaco
La zona de los valles, y sobre todo la ciudad de Perico es la tercera fuente identificada por el COE. La información acá está más retaceada, toda vez que no existen allí agrupamientos gremiales fuertes y las características laborales tienen un marcado tono de informalidad, llegando algunos casos particulares a trata laboral lisa y llana, pero la exposición del contexto y algunas informaciones sueltas pueden dar cuenta del por que de este foco.
La zona de los valles se caracteriza sobre todo por la producción de tabaco, con grandes capitales como Alliance (Alliance One Tobacco) y Massalin (Philip Morris International) y donde suele intervenir en las estructuras de comercialización (acopio, insumos, asesoramiento, seguros, etc.) la poderosa Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy (empresa de productores que compra el 65% de la producción local y exporta el 95%). Este esquema monopolizado y jerarquizado ha ido, como en otras producciones del país, concentrándose en los últimos años, llegando al 70% del total los emprendimientos considerados no campesinos, aprovechando la mecanización pero sobre todo recurriendo al trabajo manual en épocas de plantación de almácigos (junio), transplante (setiembre) y cosecha (noviembre y diciembre), pasando de 10 a 80 o 100 trabajadores en las plantaciones mayores, la gran mayoría de estos trabajadores no registrados (el porcentaje de informalidad llega al 70% en la zona), considerados y contratados como mano de obra no calificada, pese a los conocimientos especiales que requieren ciertos pasos del proceso.
A la par que el tabaco, la zona produce también porotos y distintos tipos de frutas y hortalizas, con similares niveles de informalidad.
En general las condiciones de trabajo, las más de las veces sin elementos de protección o trabajo adecuados y las de hacinamiento (la mayoría de lxs trabajadorxs residen o en arrabales de la ciudad cercanos a las fincas o para fechas de contratación temporaria en las mismas fincas, que tienen lotes poco higiénicos donde paran lxs trabajadorxs temporarios) hacen a la zona un próspero caldo de cultivo para la propagación del covid 19, y aunque la época del año no supone el trabajo a plena capacidad sí ya existe el fenómeno del trabajo temporario, que normalmente rota por la geografía provincial, según los meses, entre la caña, el tabaco, los frutales y las hortalizas.
Otra forma en que contribuye este modelo laboral a la propagación del covid es que normalmente estas formas de trabajo presuponen un “mercado cautivo” de mano de obra, pues a medida que crece la demanda de temporarios la familia de lxs mismxs trabajadorxs es contratada, muchas veces a través de cierta presión de patrón de estancia, llegando a aprovechar el trabajo infantil (según un estudio de 2009 el 10,2 % de lxs niñxs menores de 9 años «colaboran en alguna tarea», el 30,3 % de los entre 10 y 14 años, y a partir de esta edad las tasas de actividad son semejantes a las de los adultos).
Conocido es el caso de Gustavo de Tezanos Pinto, dueño de una finca en el departamento del Carmen (donde se ubica Perico) que en 2014 fuera denunciado por la AFIP por tener a 8 niños de entre 9 y 15 años realizando distintos trabajos en la cosecha de hojas de tabaco descalzos, sin vestimenta apropiada frente a los químicos y sin cobrar salario alguno porque estaban “ayudando a sus padres”. La AFIP denunció al citado por por los delitos de reducción a la servidumbre, trabajo infantil, resistencia a la autoridad y ¡privación ilegítima de la libertad de funcionarios públicos! pues retuvo a fuer de escopeta a los funcionarios y policías federales que visitaron la finca.
¿Y la coca?
El caso de la hoja de coca deja al descubierto las contradicciones del capitalismo global que repercuten en la provincia, toda vez que la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 promovida por la ONU a la vez que permite en su artículo 27 “autorizar la producción, importación, exportación, el comercio y la posesión” de la coca para “para la preparación de un agente saporífero” (léase Coca-Cola), en su artículo 26 llama a “a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruirán los que se cultiven ilícitamente” y en el inciso e del punto 2 del artículo 49 indica que «La masticación de hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor».
De esta forma, la convención permite ad aeternum la producción y el comercio internacional de la hoja de coca que contribuya a la ganancia de Coca-Cola a la vez que ilegaliza y hasta prohíbe una costumbre ancestral que, claro, tiene la tara de no contribuir a la ganancia del capital internacional.
Dada esta situación no hay en el país un comercio reconocido de la hoja de coca, siendo toda su cadena forzada a ser arrastrada a la ilegalidad. De forma tal que la coca que se vende en los mercados de abasto de las principales ciudades del país es producto del “contrabando” hormiga.
Pero hete aquí que como la militarización de la provincia, pese a no haber circulación local del virus, se dio en esta provincia gobernada por Cambiemos al mismo ritmo que en otras jurisdicciones del país, aportando incluso su cuota a la estadística asesina, pues el 8 de junio Ariel Valerián ingresaba a terapia intensiva producto del aparato represivo estatal (muriendo 29 días después).
Esto significó que la coca dejó de fluir por los canales minoristas habituales, llegando el cuarto a pagarse casi a 6000 pesos en los kioscos capitalinos.
La falta de competidores, la seguridad de una rentabilidad segura y la existencia de una infraestructura en pleno funcionamiento llevó a un actor social a meterse de lleno en el negocio: la policía de Jujuy.
En efecto, el 10 de junio, 3 días antes de que se desatara el pandemonium, los medios locales daban cuenta de que gendarmería había secuestrado en Tres Cruces, a pasos de Abra Pampa (uno de los focos originarios del covid) una camioneta oficial de la policía con 100 kilos de hojas de coca, mercancía que valuaba en 1.6 millones de pesos.
Pese a que, fiel a si estilo xenófobo el gobernador culpó a una persona, boliviana, claro, a quien identificó como “la cholita” de haber pasado el virus por la Quiaca, la realidad prontamente derrumbó el discurso, pues no solo que la Quiaca no tenía aún circulación local sino que poco a poco fueron cayendo contagiados los policías metidos a “magnates” y su red de distribución provincial. Peor aún, se desveló que dos policías contagiados formaron parte de la comitiva del mismo Morales cuando visitó la puna en el marco de los operativos de ese momento.
Jujuy se encuentra en la picota, la corrupción y desidia estatal, más la obtusa cerrazón de un gobierno autoritario son los ribetes catalizadores de la situación, pero el sustrato, el cóctel fatal, estaba ya servido por la particular y funesta historia del capital en la provincia.