*Por María del Carmen Verdú
El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López -un ex detenido desaparecido, parte de la querella y testigo en la causa contra el genocida Etchecolatz- no llegó a la audiencia ante la justicia federal de La Plata en la que debían empezar a escucharse los alegatos. Había salido de su casa, en un barrio obrero, a la hora prevista. En algún lugar del camino hacia el centro, Jorge Julio López desapareció por segunda vez, ahora en democracia.
Su nombre, hasta entonces apenas conocido fuera del círculo de los organismos de DDHH, y su imagen, a partir de la foto en la sala de audiencia, cuando acusó frontalmente al Chacal por su secuestro y tortura, se convirtieron en símbolo de una categoría de crimen de estado, el “desaparecido en democracia”, que estaba invisibilizada casi por completo.
El primer desaparecido registrado en el Archivo de Casos de CORREPI se remonta al 24 de diciembre de 1983, apenas dos semanas después del inicio de la presidencia de Raúl Alfonsín. José Luis Franco, 23 años, fue detenido a la vista de todo el barrio por el comando radioeléctrico de Rosario, pero su familia no lo encontró en ninguna comisaría. El habeas corpus fue rechazado y tiempo después su cuerpo, destrozado durante la tortura a la que lo sometieron, fue encontrado en un baldío.
Desde ese año a 2006 hubo más de un centenar de desapariciones, algunas con nombres que trascendieron con diferente intensidad, como, en los ’90, los entrerrianos Héctor Gómez y Martín Basualdo; los mendocinos Raúl Baigorria, Adolfo Garrido y Pablo Guardatti; los platenses Andrés Núñez y Miguel Bru. El nuevo siglo sumaría otros nombres hasta llegar, hoy, a casi dos centenares, que incluyen a Luciano Arruga, Iván Torres, Daniel Solano, Facundo Rivera Alegre, y, entre los más recientes, y mundialmente conocido, Santiago Maldonado.
A la par de la marca común de estar desaparecidos con intervención del aparato represivo estatal, un puñado de ellos tiene características que los distinguen con trazos fuertes, y los convierten en casos emblemáticos. Así como Daniel Solano es el primer desaparecido en el marco de su intento de organizar a lxs trabajadorxs de Choele Choel para denunciar la híper explotación de una empresa frutihortícola multinacional o Iván Torres aparejó la primera condena de la CIDH contra el estado argentino por una desaparición en democracia (en los casos mendocinos de los ’90 sólo se pudo llegar a recomendaciones de la CIDH), y el reciente caso de Santiago Maldonado constituye el primer desaparecido en el marco de un operativo represivo dirigido por el gobierno federal, Jorge Julio López se destaca como el primer desaparecido dos veces, una en dictadura y otra en democracia, y en el marco definitorio de su intervención en el juicio contra quien fuera su torturador.
A 12 años de la segunda desaparición del compañero López, el encubrimiento y las maniobras que todas las agencias del estado, gobierno tras gobierno, han implementado para garantizar la impunidad son imposibles de resumir en pocas líneas. Cuando, a poco de su desaparición, el genocida que él querelló fue condenado a prisión perpetua, la sala de audiencias estalló al grito de “¡Vas a la cárcel, Etchecolatz – No es el estado, es la lucha popular!”. Esa lucha popular, que hoy enfrenta el peor escenario de los últimos 30 años en materia de represión estatal, nos convoca, en memoria de todxs los desaparecidxs, a alzar y multiplicar nuestras voces por aparición con vida, y juicio y castigo a los responsables.
¡A llenar las calles de todo el país por López y todxs lxs desaparecidxs en democracia!