El gobierno de Mauricio Macri continúa con el ataque hacia los derechos de los y las migrantes en Argentina. El ministerio del interior junto a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) anunciaron la implementación de una aplicación para celulares que buscará detectar a migrantes en situación irregular. El llamado “plan para reforzar el control de migrantes” se enmarca en una medida para restringir el acceso a los derechos de salud y educación, ya que todo migrante que no esté regularizado, es decir, sin residencia precaria o permanente, no podrá acceder a los servicios básicos de salud ni educación, serán considerados como no aportante del sistema tributario, y por tanto, según la lógica del gobierno, no merecedores del servicio. Esta medida viola la igualdad de derechos establecida por el artículo 6 de la Ley de Migraciones y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio.
Si bien se anuncia que con esta medida se busca la regularización, se contradice con el actual colapso administrativo de la DNM, que impide a cientos de miles de migrantes obtener un turno para poder tramitar la residencia, sumado a tarifas extremadamente caras que dificultan la regularización de las familias más humildes, exponiéndolas a una situación de irregularidad y desamparo. La desarticulación administrativa del aparato estatal destinado a la regulación se encuentra en crisis desde la aplicación del DNU 70/2017, este decreto cambió el paradigma establecido en la ley 25.781 en donde se reconoce a la migración como un derecho humano, y por tanto, a la obligación del estado de garantizar el acceso a derechos. Desde la implementación del DNU 70 la lógica es otra, ahora las políticas del estado están abocadas a la persecución, expulsión y criminalización de la migración.
Según la Ley y su reglamento, la Dirección Nacional de Migraciones es quien tiene la facultad de requerir a los migrantes que acrediten su situación migratoria y solamente “cuando existan circunstancias objetivas que permitan fundadamente sospechar que aquella resulte irregular”. Claramente la APP del gobierno pasa por arriba de cualquier normativa legal y conquista histórica de lxs migrantes en argentina. El gobierno de Cambiemos continúa con políticas antipopulares, desconociendo a las organizaciones migrantes, es por tanto importante continuar con la organización y la lucha contra estas políticas xenófobas y expulsivas.
Desde la campaña Migrar no es Delito se vienen impulsando una serie de iniciativas y movilizaciones para frenar estas políticas. Este viernes 24 de agosto a las 16 horas se realizará una audiencia pública en la Sala 1, Piso 2, Anexo A del congreso de la nación. Con el apoyo del FIT y diversas organizaciones sociales, denunciaremos las numerosas iniciativas del gobierno nacional y algunas provincias que buscan recortar derechos y garantías constitucionales como un ensayo para el recorte de estos mismos derechos al conjunto del pueblo argentino.
La audiencia pública se enmarca en las jornadas previas al paro migrante del 4 de septiembre en donde el conjunto de las organizaciones argentinas y de migrantes marcharemos desde tribunales hasta el congreso de la nación a las 11:00 hr, para exigir a la corte suprema la anulación definitiva del DNU 70/2017, y el fin de estas políticas criminalizadoras hacia el conjunto de los y las trabajadoras migrantes.
¿Por qué un paro migrante?
Para demostrar toda la fuerza y aportes económicos, culturales y políticos que realizan al país los más de dos millones de migrantes residentes en la Argentina. Muchas veces se intenta responsabilizar a lxs migrantes de las sucesivas crisis, ocultando intencionalmente el aporte que realizan en los diferentes puestos de trabajo en los cuales participan. Los y las trabajadoras migrantes en la argentina son quienes ocupan los puestos de trabajo más precarizados y sobreexplotados, son el eslabón más débil y flexible de la cadena productiva nacional. En consecuencia, urge una respuesta de envergadura para la defensa de nuestros derechos políticos y económicos, y a su vez, para avanzar hacia mejores condiciones de trabajo, salud y educación. Los y las migrantes somos parte del pueblo argentino, hemos sido parte también de las luchas históricas en busca de mejores condiciones de vida para el conjunto de los y las trabajadoras en el país. La responsabilidad de la crisis y el ajuste no está abajo sino más bien está allá arriba, responsabilidad directa de los especuladores financieros, del gobierno y las grandes transnacionales.
Desde la campaña Migrar no es delito se convoca al conjunto de las organizaciones políticas a acompañar y sumarse a esta lucha, para frenar de una vez por todas el ajuste del gobierno de cambiemos hacia el conjunto del pueblo argentino, pueblo que históricamente ha sido construido por un sinfín de nacionalidades hermanadas en la solidaridad y la lucha.
4 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL MIGRANTE
#PARO MIGRANTE
POR NUESTROS DERECHOS
POR EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRO APORTE
POR LA ANULACIÓN DEFINITIVA DEL DNU 70